La investigación por el ataque a tiros ocurrido el 26 de julio en Trelew sumó una nueva resolución judicial. El juez penal Gustavo Castro dispuso que Evaristo Alexis González, enfermero del Hospital Zonal, permanezca en prisión preventiva durante otros tres meses. La decisión llegó después de una audiencia de revisión en la que la Fiscalía pidió sostener la detención y la defensa volvió a plantear alternativas menos restrictivas.
La abogada de Fiscalía Camila Nardelli, acompañada por el fiscal general Mauro Quinteros, expuso los avances de la causa y sostuvo que las circunstancias que justificaron la medida de coerción siguen vigentes. La defensora Gladys Olavarría, en cambio, pidió que González pudiera cumplir el arresto en su domicilio o, al menos, acceder a salidas laborales. Ninguna de las dos opciones convenció al magistrado.
Para la Fiscalía, el cuadro probatorio se fortaleció desde el inicio de la investigación. Uno de los elementos centrales es el testimonio de la propia víctima, que identificó a González como quien le disparó. También lo señaló ante una amiga que la trasladó al hospital después del ataque.
A esos relatos se sumó el de un policía que estaba de civil en las inmediaciones. El efectivo contó que escuchó una discusión y una detonación.
Poco después vio alejarse un Peugeot 206 mientras un hombre se sujetaba la espalda. La Brigada de Investigaciones también analizó registros de cámaras de seguridad y avanzó con el secuestro del vehículo que, según la hipótesis fiscal, habría utilizado el imputado.
Otro tramo de la exposición estuvo dedicado a las pruebas técnicas. Nardelli mencionó el análisis de antenas de telefonía celular y una intervención telefónica en la que, de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, González habría reconocido haber disparado contra una persona.
A esto se agregó la pericia balística del proyectil extraído del cuerpo de la víctima, que determinó que era de calibre .22 largo y había sido disparado por un arma de fuego.
El hecho que se investiga ocurrió cerca de las 21.30 del 26 de julio de 2026. Según la reconstrucción fiscal, González habría citado a la víctima en la esquina de Artigas y Fray Luis Beltrán. Allí lo esperaba dentro de un Peugeot 206. Cuando el hombre subió, el imputado habría sacado un arma calibre .22 que llevaba envuelta en una franela y lo amenazó de muerte. El disparo se habría producido cuando la víctima bajó del vehículo y comenzó a alejarse, de espaldas.
Las consecuencias fueron graves. El proyectil provocó perforaciones en el intestino grueso y delgado, además de una lesión vascular que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El hombre permaneció internado en estado crítico. La Fiscalía remarcó que la asistencia médica inmediata fue decisiva para salvarle la vida y que todavía debe utilizar una bolsa de colostomía como consecuencia de las lesiones.
Al fundamentar la continuidad de la prisión preventiva, Nardelli puso el acento en la gravedad del episodio, el avance de la investigación y la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo. Para la acusación, esos factores mantienen vigente el riesgo de fuga. También consideró que el arresto domiciliario o las salidas laborales no alcanzaban para evitar posibles maniobras que pudieran afectar el desarrollo de la causa.
Todavía quedan medidas pendientes. Entre ellas, una pericia sobre los teléfonos celulares secuestrados y el cotejo del Peugeot 206 con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. Son diligencias que la Fiscalía considera necesarias para completar la investigación y avanzar hacia la presentación de la acusación.
Después de escuchar a las partes, Castro resolvió mantener a González detenido por tres meses. Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal buscará presentar la acusación y avanzar con la elevación de la causa a juicio, instancia en la que intervendría un jurado popular.
La calificación legal provisoria es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
González continúa imputado y deberá responder por los hechos que se le atribuyen en el proceso judicial.
La investigación por el ataque a tiros ocurrido el 26 de julio en Trelew sumó una nueva resolución judicial. El juez penal Gustavo Castro dispuso que Evaristo Alexis González, enfermero del Hospital Zonal, permanezca en prisión preventiva durante otros tres meses. La decisión llegó después de una audiencia de revisión en la que la Fiscalía pidió sostener la detención y la defensa volvió a plantear alternativas menos restrictivas.
La abogada de Fiscalía Camila Nardelli, acompañada por el fiscal general Mauro Quinteros, expuso los avances de la causa y sostuvo que las circunstancias que justificaron la medida de coerción siguen vigentes. La defensora Gladys Olavarría, en cambio, pidió que González pudiera cumplir el arresto en su domicilio o, al menos, acceder a salidas laborales. Ninguna de las dos opciones convenció al magistrado.
Para la Fiscalía, el cuadro probatorio se fortaleció desde el inicio de la investigación. Uno de los elementos centrales es el testimonio de la propia víctima, que identificó a González como quien le disparó. También lo señaló ante una amiga que la trasladó al hospital después del ataque.
A esos relatos se sumó el de un policía que estaba de civil en las inmediaciones. El efectivo contó que escuchó una discusión y una detonación.
Poco después vio alejarse un Peugeot 206 mientras un hombre se sujetaba la espalda. La Brigada de Investigaciones también analizó registros de cámaras de seguridad y avanzó con el secuestro del vehículo que, según la hipótesis fiscal, habría utilizado el imputado.
Otro tramo de la exposición estuvo dedicado a las pruebas técnicas. Nardelli mencionó el análisis de antenas de telefonía celular y una intervención telefónica en la que, de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, González habría reconocido haber disparado contra una persona.
A esto se agregó la pericia balística del proyectil extraído del cuerpo de la víctima, que determinó que era de calibre .22 largo y había sido disparado por un arma de fuego.
El hecho que se investiga ocurrió cerca de las 21.30 del 26 de julio de 2026. Según la reconstrucción fiscal, González habría citado a la víctima en la esquina de Artigas y Fray Luis Beltrán. Allí lo esperaba dentro de un Peugeot 206. Cuando el hombre subió, el imputado habría sacado un arma calibre .22 que llevaba envuelta en una franela y lo amenazó de muerte. El disparo se habría producido cuando la víctima bajó del vehículo y comenzó a alejarse, de espaldas.
Las consecuencias fueron graves. El proyectil provocó perforaciones en el intestino grueso y delgado, además de una lesión vascular que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El hombre permaneció internado en estado crítico. La Fiscalía remarcó que la asistencia médica inmediata fue decisiva para salvarle la vida y que todavía debe utilizar una bolsa de colostomía como consecuencia de las lesiones.
Al fundamentar la continuidad de la prisión preventiva, Nardelli puso el acento en la gravedad del episodio, el avance de la investigación y la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo. Para la acusación, esos factores mantienen vigente el riesgo de fuga. También consideró que el arresto domiciliario o las salidas laborales no alcanzaban para evitar posibles maniobras que pudieran afectar el desarrollo de la causa.
Todavía quedan medidas pendientes. Entre ellas, una pericia sobre los teléfonos celulares secuestrados y el cotejo del Peugeot 206 con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad. Son diligencias que la Fiscalía considera necesarias para completar la investigación y avanzar hacia la presentación de la acusación.
Después de escuchar a las partes, Castro resolvió mantener a González detenido por tres meses. Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal buscará presentar la acusación y avanzar con la elevación de la causa a juicio, instancia en la que intervendría un jurado popular.
La calificación legal provisoria es homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.
González continúa imputado y deberá responder por los hechos que se le atribuyen en el proceso judicial.