El privilegio de los que nunca pierden

Prometieron terminar con la casta. Pero mientras los privilegios encuentran refugio, los derechos de los trabajadores vuelven a estar bajo discusión.

Hay una pregunta que la Argentina debería hacerse después de escuchar al papa León XIV: ¿en qué momento empezamos a confundir los derechos de quienes trabajan con los privilegios de quienes tienen poder?

Javier Milei llegó a la Presidencia prometiendo terminar con los privilegios de la casta. Pero su gobierno puso el peso del ajuste sobre los salarios, las jubilaciones y los derechos laborales, los discapacitados, mientras los sectores más poderosos y los propios funcionarios del Gobierno siguen disfrutando de privilegios. La contradicción es evidente: se prometió terminar con los abusos del poder, pero son los trabajadores y los jubilados quienes pagan las consecuencias, no quienes ocupan los lugares de privilegio.

La visita del Papa dejó una imagen que resume esa contradicción. Mientras miles de fieles participaban de la misa en Palermo, funcionarios del Gobierno nacional disfrutaban de una carpa VIP con aire acondicionado y catering. El Indio Solari lo había dicho en cuatro palabras: «el lujo es vulgaridad». Y pocas imágenes resultan tan elocuentes como la de un poder que exige sacrificios a los trabajadores mientras reserva comodidades para los suyos.

En ese mismo escenario, León XIV reivindicó la justicia social, la dignidad del trabajo y el papel indispensable de los sindicatos. Sus palabras pusieron en el centro de la discusión algo que parece haberse perdido entre las promesas de modernización y las cuentas del ajuste: la diferencia entre los privilegios del poder y los derechos de quienes necesitan protección frente a ese poder.

Y esa protección tiene una razón de ser. Un trabajador que necesita llevar un salario a su casa no negocia en las mismas condiciones que una empresa. Esa desigualdad explica por qué nacieron los sindicatos y por qué los convenios colectivos de trabajo, siguen siendo indispensables. No para impedir el desarrollo económico, sino para evitar que la necesidad de trabajar se convierta en la obligación de aceptar cualquier condición y abuso patronal.

Por eso, cuando el Gobierno habla de modernizar las relaciones laborales, facilitar contrataciones y reducir costos, la discusión no puede limitarse a cuánto se ahorran las empresas. También debe considerar qué derechos y seguridades pueden perder los trabajadores y a través de ellos Sus Familias.

Porque detrás de cada convenio colectivo de trabajo, hay mucho más que una negociación salarial. Hay conquistas que llevaron generaciones construir: mejores condiciones de trabajo, obras sociales, centros médicos, complejos turísticos y servicios destinados al bienestar de los trabajadores y sus familias. Una estructura colectiva que transforma derechos reconocidos en realidades concretas.

Y cuando el salario se deteriora, también se debilitan los recursos que sostienen esas instituciones. Si a eso se suman aportes y contribuciones que no ingresan como corresponde en tiempo y formas, las organizaciones sindicales deben seguir respondiendo a las necesidades de sus afiliados con posibilidades cada vez más limitadas.

El trabajador pierde dos veces: cuando su sueldo alcanza para menos y cuando se debilita aquello que construyó para proteger a su familia.

Esa realidad difícilmente aparezca en las planillas del ajuste. Allí se calcula cuánto cuesta contratar, despedir o sostener un convenio colectivo de trabajo. Pero no cuánto le cuesta a una familia perder seguridad, enfrentar dificultades para acceder a la salud o vivir con el temor de que reclamar por sus derechos signifique quedarse sin empleo.

La economía tiene números para casi todo. Lo que todavía no ha conseguido es una cifra capaz de explicar cuánto vale vivir o mejor dicho sobrevivir sin miedo.

León XIV también puso la mirada sobre quienes trabajan en la informalidad, sin estabilidad ni protección social. Una realidad que interpela al Movimiento Obrero, como asimismo al Empresariado, plantea un desafío fundamental: ampliar los derechos laborales para que ningún trabajador quede desamparado. Porque la existencia de millones de personas sin protección no justifica debilitar los convenios colectivos, las obras sociales, ni las conquistas de quienes están organizados por ramas en sindicatos.

La justicia social no consiste en que todos tengan menos derechos, sino en que cada vez más trabajadores puedan acceder a ellos.

La Argentina conoce el valor de esa construcción colectiva. La justicia social, que el peronismo llevó al centro de la vida nacional, permitió reconocer a los trabajadores organizados como protagonistas del desarrollo. Hoy, ese principio vuelve a estar en el centro de una disputa profunda: mientras el Gobierno de Javier Milei cuestiona la justicia social y promueve reformas laborales; las que fueron apoyadas por algunos Gobernadores; Diputados y Senadores nacionales. El Papa León XIV reivindica la dignidad del trabajo, la solidaridad y el papel de las organizaciones sindicales.

Defender ese legado también exige responsabilidad. Los sindicatos deben representar a sus afiliados, responder a los cambios del mundo laboral y fortalecer las instituciones que construyeron. Porque su razón de ser no se agota en una discusión salarial: está en la capacidad de convertir la organización de los trabajadores en protección, bienestar y oportunidades para sus familias.

Por eso resulta tan profunda la contradicción de un modelo que promete crecimiento e inversiones mientras pone en discusión derechos conquistados durante décadas. Ninguna promesa de prosperidad debería exigir que los trabajadores resignen hoy las seguridades que tanto costó conseguir.

El futuro no puede ser siempre una promesa para el trabajador y una ventaja inmediata para quien ya tiene poder.

La Argentina necesita producir, invertir y crecer. Pero el verdadero sentido del desarrollo no puede medirse solamente por los beneficios que obtiene una empresa, sino también por la calidad de vida de quienes hacen posible su funcionamiento. Un país no progresa cuando sus trabajadores pierden derechos, sino cuando el crecimiento permite ampliar las oportunidades y la protección de toda la comunidad.

Esa es la responsabilidad histórica del movimiento obrero: defender lo conquistado, sostener las instituciones que lo hacen posible y extender esos derechos a quienes todavía no los tienen. No por nostalgia del pasado, sino por la convicción de que ningún futuro puede construirse sobre la indefensión de quienes trabajan.

Y entonces aquella carpa VIP adquiere un significado que va mucho más allá de sus comodidades. Mientras León XIV hablaba de justicia social y de la importancia de los sindicatos, el poder volvía a mostrar su facilidad para reservarse un lugar privilegiado.

La promesa era terminar con los privilegios de la casta. La realidad obliga a preguntarse por qué, en nombre de esa promesa, terminan bajo discusión los derechos de los trabajadores y de sus Familias.

Un convenio colectivo, una obra social, un centro médico o un sindicato no son privilegios. Son conquistas de quienes aprendieron que juntos podían defender lo que individualmente les era negado.

Porque la verdadera injusticia no es que los trabajadores tengan derechos. Es que quienes prometieron terminar con los privilegios pretendan dejarlos a la intemperie, sin tierra, techo y trabajo.

SINDICATO REGIONAL DE LUZ YFUERZA DE LA PATAGONIA