Secuestro y tortura: los hermanos imputados están en libertad
La Justicia rechazó el pedido de prisión preventiva de la fiscalía y abrió la investigación por privación ilegítima de la libertad a los hermanos que golpearon, intentaron ahorcar, golpearon y obligaron a desbloquear el celular. Este sábado se definirá la revisión de la medida.
El pasado viernes se llevó a cabo en los tribunales locales la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en el marco de una causa que tiene como imputados a los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo.
El hecho investigado ocurrió el 11 de noviembre, aproximadamente a las 22 horas, cuando la víctima concurrió al domicilio de Nicolás Scarparo. Una vez en el interior, ambos hermanos arremetieron físicamente contra el damnificado para obligarlo a desbloquear su teléfono celular.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Pùblico Fiscal, la agresión escaló en violencia cuando continuaron golpeándolo con un trozo de madera, le propinaron diversos cortes con un cuchillo, lo ataron con una soga, lo ahorcaron con otra y le colocaron una bolsa en la cabeza con el fin de asfixiarlo. Como consecuencia de estos actos, la víctima sufrió politraumatismos varios, hematomas y la fractura del brazo izquierdo, lesiones calificadas legalmente como graves.
La intervención policial se originó gracias a la advertencia de un testigo que escuchó gritos y ruidos, lo que permitió a los efectivos acercarse al domicilio, golpear la puerta y observar directamente la escena del ilícito en curso.
Durante la audiencia, presidida por la jueza penal Lilian Bórquez, el representante de fiscalía, Franco Tavano, solicitó que se declare legal la detención, se formalice el caso bajo la calificación provisoria de secuestro coactivo y se dicte la prisión preventiva de los imputados por el plazo de seis meses, argumentando la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Asimismo, el funcionario mencionó que se evaluará una denuncia penal previa radicada por la víctima en el marco de otra causa, lo cual podría vincularse al móvil de venganza del ataque.
Por su parte, la defensa particular de los hermanos Scarparo, ejercida por Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado al cuestionar el registro policial por haberse realizado sin autorización judicial ni intervención previa del fiscal de turno. Asimismo, se opusieron al pedido de prisión preventiva y solicitaron la libertad de sus asistidos -destacando el arraigo familiar y laboral de -Nicolás, así como el rol de cuidador de Luciano respecto a sus padres-, ofreciendo de manera subsidiaria medidas sustitutivas como arresto domiciliario, salidas laborales y prohibición de acercamiento.
Al resolver el litigio, la jueza penal Lilian Bórquez autorizó la apertura de la investigación preparatoria, pero encuadró el hecho bajo la figura legal de privación ilegítima de la libertad en lugar de secuestro coactivo.
Del mismo modo, rechazó la solicitud de prisión preventiva y dictó la libertad de ambos imputados, imponiéndoles la prohibición de acceso y acercamiento a la víctima, y dispuso la fijación de una audiencia posterior para tratar el planteo de nulidad de la defensa. Ante esta resolución, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso, por lo que se programó una nueva audiencia de revisión para este sábado ante dos jueces distintos.
El pasado viernes se llevó a cabo en los tribunales locales la audiencia de control de detención y formalización de la investigación en el marco de una causa que tiene como imputados a los hermanos Nicolás y Luciano Scarparo.
El hecho investigado ocurrió el 11 de noviembre, aproximadamente a las 22 horas, cuando la víctima concurrió al domicilio de Nicolás Scarparo. Una vez en el interior, ambos hermanos arremetieron físicamente contra el damnificado para obligarlo a desbloquear su teléfono celular.
De acuerdo con la exposición del Ministerio Pùblico Fiscal, la agresión escaló en violencia cuando continuaron golpeándolo con un trozo de madera, le propinaron diversos cortes con un cuchillo, lo ataron con una soga, lo ahorcaron con otra y le colocaron una bolsa en la cabeza con el fin de asfixiarlo. Como consecuencia de estos actos, la víctima sufrió politraumatismos varios, hematomas y la fractura del brazo izquierdo, lesiones calificadas legalmente como graves.
La intervención policial se originó gracias a la advertencia de un testigo que escuchó gritos y ruidos, lo que permitió a los efectivos acercarse al domicilio, golpear la puerta y observar directamente la escena del ilícito en curso.
Durante la audiencia, presidida por la jueza penal Lilian Bórquez, el representante de fiscalía, Franco Tavano, solicitó que se declare legal la detención, se formalice el caso bajo la calificación provisoria de secuestro coactivo y se dicte la prisión preventiva de los imputados por el plazo de seis meses, argumentando la gravedad del hecho y los riesgos procesales. Asimismo, el funcionario mencionó que se evaluará una denuncia penal previa radicada por la víctima en el marco de otra causa, lo cual podría vincularse al móvil de venganza del ataque.
Por su parte, la defensa particular de los hermanos Scarparo, ejercida por Betania Daporta y Laura Soledad Carrizo, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado al cuestionar el registro policial por haberse realizado sin autorización judicial ni intervención previa del fiscal de turno. Asimismo, se opusieron al pedido de prisión preventiva y solicitaron la libertad de sus asistidos -destacando el arraigo familiar y laboral de -Nicolás, así como el rol de cuidador de Luciano respecto a sus padres-, ofreciendo de manera subsidiaria medidas sustitutivas como arresto domiciliario, salidas laborales y prohibición de acercamiento.
Al resolver el litigio, la jueza penal Lilian Bórquez autorizó la apertura de la investigación preparatoria, pero encuadró el hecho bajo la figura legal de privación ilegítima de la libertad en lugar de secuestro coactivo.
Del mismo modo, rechazó la solicitud de prisión preventiva y dictó la libertad de ambos imputados, imponiéndoles la prohibición de acceso y acercamiento a la víctima, y dispuso la fijación de una audiencia posterior para tratar el planteo de nulidad de la defensa. Ante esta resolución, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso, por lo que se programó una nueva audiencia de revisión para este sábado ante dos jueces distintos.