Hay 4 procesados por el conflicto en el yacimiento de Cerro Dragón

Ya se le tomó declaración a unas 80 personas y restan 40 más por lo que podría aumentar el número de procesados. Lo explicó la jueza federal ayer en declaraciones a distintos medios de prensa.

15 AGO 2012 - 22:08 | Actualizado

La jueza federal Eva Parcio confirmó ayer el dictado de los autos de procesamiento para cuatro personas implicadas en la causa que se tramita por la toma de instalaciones de la empresa Pan American Energy por parte de los trabajadores agrupados en “Los Dragones”. En el marco de la investigación ya se indagaron a otras ochenta personas y podrían dictarse nuevas medidas.
Los cuatro procesados son Raúl Murga, Guido Dickanson, Daniel Ojeda y Luis Olivares, principales referentes de la agrupación que nuclea a los trabajadores de la construcción afectados a la industria petrolera.
La jueza consideró como “no habituales” los hechos ocurridos en Cerro Dragón y explicó que se decidió aplicar los artículos 213 bis y 174 sexto del Código Penal. “El objeto de esta causa es la investigación de los hechos que se han producido dentro de empresa PAE entre el día 21 hasta el 24 de junio. Respecto a esto, interpretamos que se trata de una agrupación de personas que tenía como objetivo común el defender sus derechos laborales. Ese día circunstancialmente optaron por hacerlos valer, por medio de la violencia y la intimidación”, argumentó.
“Esta violencia -detalló Parcio- causó un entorpecimiento y afectó el normal desenvolvimiento de la empresa, destruyendo bienes capitales y haciendo desaparecer elementos cuya preexistencia fue probada”. El artículo 213 bis hace referencia a quienes organizaren agrupaciones transitorias o permanentes que tengan por objeto imponer sus ideas por la fuerza mientras que el 174 sexto determina la perturbación el normal desenvolvimiento de una empresa dedicada a la explotación industrial. El primero contempla una pena mayor, estimada en un mínimo de tres años y una máxima de ocho, monto por el cual la Justicia determinó que no se incluya prisión preventiva.
Parcio aclaró que la causa tiene como querellantes a PAE, el gobierno del Chubut y la empresa Contreras Hermanos que se sustancia en diez cuerpos y que en un lapso de un mes y medio se acumulan pruebas aportadas por todas las empresas involucradas, incluyendo a la Policía del Chubut y  Policía Federal que trabajó en el análisis de elementos tales como el disco rígido entregado por PAE en el que se almacenaban imágenes de la toma. La jueza resaltó también la tarea del personal del Juzgado Federal que inclusive resignó su Feria Judicial. “Tenemos un universo interesante de personas sindicadas. Ya indagamos a más de ochenta y están llamadas a indagatorias cuarenta más que iremos agrupando. Resulta imposible determinar, todos juntos, los autos de mérito”. Reconoció que no está previsto que se cite a declarar al ex gobernador Mario Das Neves y que se avanza, respecto a quienes tienen probado en el expediente, algún grado de intervención dentro de lo ocurrido en la empresa PAE.
Respecto a la competencia de la causa que se tramita en su juzgado, Eva Parcio aclaró que en un primer momento la Justicia Provincial interpretó que existía competencia federal debido a que el hecho podía estar incurso en la Ley de Hidrocarburos, afectándose un servicio público general. “Cuando la causa nos llega, consideramos que no se habían dado estos elementos y de hecho, planteamos la cuestión a la Corte de la Nación. El procurador entendió que se había afectado un servicio público por lo que se declaró finalmente la competencia federal. Somos muy respetuosos del fallo pero en este caso no hubo interrupción de ningún servicio y puedo decirlo con certeza por contar con un informe de la empresa Camuzzi que a tal efecto hemos pedido”, sostuvo, agregando que no se registraron cortes en el servicio de gas domiciliario en ninguna de las jurisdicciones que recorre el Gasoducto Cordillerano como el San Martín, que llega a la provincia de Buenos Aires.#

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15 AGO 2012 - 22:08

La jueza federal Eva Parcio confirmó ayer el dictado de los autos de procesamiento para cuatro personas implicadas en la causa que se tramita por la toma de instalaciones de la empresa Pan American Energy por parte de los trabajadores agrupados en “Los Dragones”. En el marco de la investigación ya se indagaron a otras ochenta personas y podrían dictarse nuevas medidas.
Los cuatro procesados son Raúl Murga, Guido Dickanson, Daniel Ojeda y Luis Olivares, principales referentes de la agrupación que nuclea a los trabajadores de la construcción afectados a la industria petrolera.
La jueza consideró como “no habituales” los hechos ocurridos en Cerro Dragón y explicó que se decidió aplicar los artículos 213 bis y 174 sexto del Código Penal. “El objeto de esta causa es la investigación de los hechos que se han producido dentro de empresa PAE entre el día 21 hasta el 24 de junio. Respecto a esto, interpretamos que se trata de una agrupación de personas que tenía como objetivo común el defender sus derechos laborales. Ese día circunstancialmente optaron por hacerlos valer, por medio de la violencia y la intimidación”, argumentó.
“Esta violencia -detalló Parcio- causó un entorpecimiento y afectó el normal desenvolvimiento de la empresa, destruyendo bienes capitales y haciendo desaparecer elementos cuya preexistencia fue probada”. El artículo 213 bis hace referencia a quienes organizaren agrupaciones transitorias o permanentes que tengan por objeto imponer sus ideas por la fuerza mientras que el 174 sexto determina la perturbación el normal desenvolvimiento de una empresa dedicada a la explotación industrial. El primero contempla una pena mayor, estimada en un mínimo de tres años y una máxima de ocho, monto por el cual la Justicia determinó que no se incluya prisión preventiva.
Parcio aclaró que la causa tiene como querellantes a PAE, el gobierno del Chubut y la empresa Contreras Hermanos que se sustancia en diez cuerpos y que en un lapso de un mes y medio se acumulan pruebas aportadas por todas las empresas involucradas, incluyendo a la Policía del Chubut y  Policía Federal que trabajó en el análisis de elementos tales como el disco rígido entregado por PAE en el que se almacenaban imágenes de la toma. La jueza resaltó también la tarea del personal del Juzgado Federal que inclusive resignó su Feria Judicial. “Tenemos un universo interesante de personas sindicadas. Ya indagamos a más de ochenta y están llamadas a indagatorias cuarenta más que iremos agrupando. Resulta imposible determinar, todos juntos, los autos de mérito”. Reconoció que no está previsto que se cite a declarar al ex gobernador Mario Das Neves y que se avanza, respecto a quienes tienen probado en el expediente, algún grado de intervención dentro de lo ocurrido en la empresa PAE.
Respecto a la competencia de la causa que se tramita en su juzgado, Eva Parcio aclaró que en un primer momento la Justicia Provincial interpretó que existía competencia federal debido a que el hecho podía estar incurso en la Ley de Hidrocarburos, afectándose un servicio público general. “Cuando la causa nos llega, consideramos que no se habían dado estos elementos y de hecho, planteamos la cuestión a la Corte de la Nación. El procurador entendió que se había afectado un servicio público por lo que se declaró finalmente la competencia federal. Somos muy respetuosos del fallo pero en este caso no hubo interrupción de ningún servicio y puedo decirlo con certeza por contar con un informe de la empresa Camuzzi que a tal efecto hemos pedido”, sostuvo, agregando que no se registraron cortes en el servicio de gas domiciliario en ninguna de las jurisdicciones que recorre el Gasoducto Cordillerano como el San Martín, que llega a la provincia de Buenos Aires.#


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