Ladrones ofrecen reparar su robo con la entrega de dos vehículos
Son dos de los detenidos del grupo investigado por una asociación ilícita de Trelew caída en noviembre último e intentaron acordar con la víctima ofreciendo vehículos secuestrados más dinero en efectivo.
Cristian Damián Segundo y Omar Alejandro Segundo son dos de los integrantes de una presunta asociación ilícita, imputados por ese delito en concurso real con robo en poblado y en banda y también hurto. Los mencionados, conforman el grupo de aproximadamente treinta personas, que son investigadas por los diversos hechos de robos de LCD y electrodomésticos, quedando en prisión preventiva doce de ellos, mientras el resto continúa en proceso con diversas medidas sustitutivas.
Presentan reparación
En la jornada de ayer, los hermanos Segundo, presentaron en una audiencia, a través de la defensora María Jesús Balcaza, un presunto acuerdo con una de sus víctimas, justamente la perjudicada por el robo en poblado y en banda, artículo 167 inciso segundo del Código Penal.
Manifestó la abogada particular que sus clientes habían dispuesto reparar el daño ocasionado, al ofrecer dos autos: un Fox 2006, valuado en sesenta y seis mil pesos, además de una camioneta modelo 96, cuyo valor es aproximadamente cuarenta y seis mil pesos. Por otra parte, también expresó la voluntad de sus defendidos para entregar la suma de treinta y dos mil pesos, lo que haría un total de ciento cuarenta mil pesos como resarcimiento, habiéndose estimado que el robo alcanzaba en su momento los ciento ochenta mil pesos.
Se trata del robo ocurrido el 13 de septiembre de 2012, en el estacionamiento de la universidad, donde sustrajeron de una camioneta sesenta mil pesos y veinte mil dólares. Reconociendo el hecho, la defensa señaló haber llevado adelante un proceso de mediación, donde la víctima finalmente aceptaría el ofrecimiento efectuado, solicitando en tal sentido su homologación, el dictado de sobreseimiento y el cese de la medida de coerción que los hermanos Segundo llevan adelante en la seccional tercera.
Vehículos secuestrados
A su turno, la funcionaria de fiscalía, Claudia Ibáñez, informó que el 15 de noviembre se los imputó a Omar y Cristian Segundo, por ser presuntos miembros de una asociación ilícita en concurso real con robo en poblado y en banda y hurto, dictándose el 22 de noviembre la prisión preventiva por tres meses, a la vez de darle a la causa el trámite de caso complejo.
Ahora, la defensa trae un acuerdo mediado entre víctima e imputados, pero resulta que uno de los autos ofrecidos, el Fox, está secuestrado desde el 13 de noviembre, a partir de las investigaciones que se llevan adelante, sospechado de haber sido adquirido justamente con el dinero sustraído del robo por el que son investigados. Pero luego, al verificar los alcances del acuerdo acercado a esta audiencia, se observa que la camioneta ofrecida también está secuestrada, siendo que la misma habría sido utilizada en ocasión de numerosos robos.
Interés público afectado
Agregó la funcionaria que no se puede disponer de secuestros para tales fines, aludiendo a los artículos 178 del Código Procesal Penal y 23 y 29 del Código Penal. Pero fundamentalmente dejó constancia que no están detenidos solo por robo, sino por asociación ilícita, delito previsto en el artículo 210, que pone en juego el interés público como bien jurídico perjudicado, oponiéndose a la homologación del acuerdo, manteniendo las medidas de coerción dispuestas oportunamente por la jueza Ivana González.
Resolución
El juez Sergio Piñeda indicó que los acuerdos previstos en el código, tendientes a la reparación, conciliación o principio de oportunidad, están fijados para determinados delitos, pero los mismos institutos tienen límites, como por ejemplo no deben superar una pena de tres años, además de contar con el consentimiento de la víctima.
Dijo el magistrado que aquí se acercó un acuerdo, pero si se analiza bien, a los imputados se les achacan delitos que tienen una pena mínima de tres años, inclusive el robo por el que fue afectada la víctima. Pero puso especial énfasis en manifestar el interés público por sobre el interés particular, que se ha visto alterado a partir de los hechos por los cuales se encuentran imputados, especialmente el de asociación ilícita.
Coincidió en este aspecto con el Ministerio Público Fiscal, aseverando que es este organismo el titular de la acción penal, la que no puede ser anulada por un acuerdo como el pretendido en esta ocasión, agregando que si los vehículos están secuestrados carecen de disponibilidad de acción y es el Ministerio Público quien dispone de ellos para la investigación.
Sin acuerdo y en prisión
Teniendo en cuenta el interés público prevalente y el carácter de investigación compleja, el juez Piñeda decidió no homologar el acuerdo presentado, por ende negar el sobreseimiento de Cristian y Omar Segundo, determinando de esta manera la continuidad de la prisión preventiva que llevan adelante desde el 22 de noviembre de 2012.
Cristian Damián Segundo y Omar Alejandro Segundo son dos de los integrantes de una presunta asociación ilícita, imputados por ese delito en concurso real con robo en poblado y en banda y también hurto. Los mencionados, conforman el grupo de aproximadamente treinta personas, que son investigadas por los diversos hechos de robos de LCD y electrodomésticos, quedando en prisión preventiva doce de ellos, mientras el resto continúa en proceso con diversas medidas sustitutivas.
Presentan reparación
En la jornada de ayer, los hermanos Segundo, presentaron en una audiencia, a través de la defensora María Jesús Balcaza, un presunto acuerdo con una de sus víctimas, justamente la perjudicada por el robo en poblado y en banda, artículo 167 inciso segundo del Código Penal.
Manifestó la abogada particular que sus clientes habían dispuesto reparar el daño ocasionado, al ofrecer dos autos: un Fox 2006, valuado en sesenta y seis mil pesos, además de una camioneta modelo 96, cuyo valor es aproximadamente cuarenta y seis mil pesos. Por otra parte, también expresó la voluntad de sus defendidos para entregar la suma de treinta y dos mil pesos, lo que haría un total de ciento cuarenta mil pesos como resarcimiento, habiéndose estimado que el robo alcanzaba en su momento los ciento ochenta mil pesos.
Se trata del robo ocurrido el 13 de septiembre de 2012, en el estacionamiento de la universidad, donde sustrajeron de una camioneta sesenta mil pesos y veinte mil dólares. Reconociendo el hecho, la defensa señaló haber llevado adelante un proceso de mediación, donde la víctima finalmente aceptaría el ofrecimiento efectuado, solicitando en tal sentido su homologación, el dictado de sobreseimiento y el cese de la medida de coerción que los hermanos Segundo llevan adelante en la seccional tercera.
Vehículos secuestrados
A su turno, la funcionaria de fiscalía, Claudia Ibáñez, informó que el 15 de noviembre se los imputó a Omar y Cristian Segundo, por ser presuntos miembros de una asociación ilícita en concurso real con robo en poblado y en banda y hurto, dictándose el 22 de noviembre la prisión preventiva por tres meses, a la vez de darle a la causa el trámite de caso complejo.
Ahora, la defensa trae un acuerdo mediado entre víctima e imputados, pero resulta que uno de los autos ofrecidos, el Fox, está secuestrado desde el 13 de noviembre, a partir de las investigaciones que se llevan adelante, sospechado de haber sido adquirido justamente con el dinero sustraído del robo por el que son investigados. Pero luego, al verificar los alcances del acuerdo acercado a esta audiencia, se observa que la camioneta ofrecida también está secuestrada, siendo que la misma habría sido utilizada en ocasión de numerosos robos.
Interés público afectado
Agregó la funcionaria que no se puede disponer de secuestros para tales fines, aludiendo a los artículos 178 del Código Procesal Penal y 23 y 29 del Código Penal. Pero fundamentalmente dejó constancia que no están detenidos solo por robo, sino por asociación ilícita, delito previsto en el artículo 210, que pone en juego el interés público como bien jurídico perjudicado, oponiéndose a la homologación del acuerdo, manteniendo las medidas de coerción dispuestas oportunamente por la jueza Ivana González.
Resolución
El juez Sergio Piñeda indicó que los acuerdos previstos en el código, tendientes a la reparación, conciliación o principio de oportunidad, están fijados para determinados delitos, pero los mismos institutos tienen límites, como por ejemplo no deben superar una pena de tres años, además de contar con el consentimiento de la víctima.
Dijo el magistrado que aquí se acercó un acuerdo, pero si se analiza bien, a los imputados se les achacan delitos que tienen una pena mínima de tres años, inclusive el robo por el que fue afectada la víctima. Pero puso especial énfasis en manifestar el interés público por sobre el interés particular, que se ha visto alterado a partir de los hechos por los cuales se encuentran imputados, especialmente el de asociación ilícita.
Coincidió en este aspecto con el Ministerio Público Fiscal, aseverando que es este organismo el titular de la acción penal, la que no puede ser anulada por un acuerdo como el pretendido en esta ocasión, agregando que si los vehículos están secuestrados carecen de disponibilidad de acción y es el Ministerio Público quien dispone de ellos para la investigación.
Sin acuerdo y en prisión
Teniendo en cuenta el interés público prevalente y el carácter de investigación compleja, el juez Piñeda decidió no homologar el acuerdo presentado, por ende negar el sobreseimiento de Cristian y Omar Segundo, determinando de esta manera la continuidad de la prisión preventiva que llevan adelante desde el 22 de noviembre de 2012.