Bodart informó en un comunicado que el juez Mantaras ordenó al gobierno de la Ciudad que "suspenda la entrada en vigencia de la resolución 1798/SBASE/13" y que "en el plazo de dos días acompañe un informe del cual resulten los antecedentes que motivaron el dictado" del aumento.
La resolución judicial suspende el polémico aumento a 3,50 pesos que había sido impulsado por la administración que encabeza Mauricio Macri y que había recibido críticas de políticos opositores, de especialistas en materia de transporte público y de asociaciones de consumidores.
La posibilidad de la suba de la tarifa había sido preanunciada en los primeros días del año por el propio jefe de Gobierno, quien en una conferencia de prensa, adelantó que el valor real del pasaje superaba los 6 pesos y que por ello no descartaban un aumento futuro.
Fue apenas unas semanas después y en medio de la polémica por el cierre temporario de la Línea A, cuando los principales referentes del macrismo afirmaron que se había tomado la "decisión política" de aumentar la tarifa a 3,50 pesos.
Desde ese momento se pudieron escuchar críticas al proyecto y que alertaban sobre la probable migración de usuarios a otros sistemas de transporte y el consiguiente colapso de la red vial porteña.
Fue en ese sentido que el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, opinó hoy que "este es un golpe al bolsillo de los trabajadores, y más del 25 por ciento de los usuarios que utilizan el subte cambiaran este servicio por el transporte automotor".
Ramos advirtió que "si el 70% de los usuarios del subterráneo lo utiliza para ir a trabajar, este nuevo aumento implica un descuento directo al salario de bolsillo de los trabajadores que utilizan el servicio diariamente", lo que configura "una muestra del planteo económico y social del macrismo, que no contiene ni expresa la necesidad de los ciudadanos".
Además el secretario de Transporte sostuvo que la medida puede romper el Ente de Transporte que integran las jurisdicciones del Área Metropolitana.
Sobre la disminución de pasajeros que provocaría el aumento también coincidieron legisladores porteños como Francisco "Tito" Nenna (Frente para la Victoria) y el propio Bodart.
Nenna planteó que a raíz del aumento "desmedido e injustificado" se iba a generar una explosión del transporte público" por los pasajeros que dejan el subte y pasarán a utilizar los colectivos.
Esas críticas ya habían sido minimizadas por el titular de SBASE, Juan Pablo Piccardo, quien afirmó que la caída de los pasajeros ocurrida el año pasado fue generada por, entre otras cosas, por las medidas de fuerza que afectaron al servicio.
Fue el propio Piccardo quien además adelantó que se estudiaría una tarifa especial para docentes, estudiantes y personas de bajos ingresos, pero fuentes de SBASE señalaron a Télam que esos proyectos estaban siendo estudiados de manera "incipiente" y sin fecha prevista de aplicación.
También fue polémica la realización de la audiencia pública que convocara el gobierno porteño y que fuera denunciada como de carácter "formal" por la oposición ya que los propios funcionarios macristas habían adelantado que no darían marcha atrás con el aumento previsto.
Es por todo ello que el aumento fue resistido por representantes de asociaciones de defensa del consumidor calificaron, quienes coincidieron en señalar el "perjuicio general" que sufrirá el todo transporte público en la ciudad de Buenos Aires.
Sandra Merlo, secretaria del Instituto de Defensa del Usuario y Consumidor (Inducam) opinó que si se aplicara el aumento, se "va a expulsar del subte a todo aquel que no pueda abonar la nueva tarifa y esa es gente que se va a volcar al servicio del colectivo subsidiado por el gobierno nacional".
Por su parte, Ernesto Alfieri, presidente de la filial Buenos Aires de Lideco, sostuvo que el impacto de la suba implicaría "una menor afluencia de pasajeros".
"Cuando el año pasado la tarifa aumentó de 1,10 a 2,50 pesos la afluencia cayó un 25 por ciento y ahora se estima que disminuirá un 40 por ciento; cuando llegué a 6 pesos (como dice la administración macrista que debería costar) se va a quedar sin pasajeros", concluyó Alfieri.
Bodart informó en un comunicado que el juez Mantaras ordenó al gobierno de la Ciudad que "suspenda la entrada en vigencia de la resolución 1798/SBASE/13" y que "en el plazo de dos días acompañe un informe del cual resulten los antecedentes que motivaron el dictado" del aumento.
La resolución judicial suspende el polémico aumento a 3,50 pesos que había sido impulsado por la administración que encabeza Mauricio Macri y que había recibido críticas de políticos opositores, de especialistas en materia de transporte público y de asociaciones de consumidores.
La posibilidad de la suba de la tarifa había sido preanunciada en los primeros días del año por el propio jefe de Gobierno, quien en una conferencia de prensa, adelantó que el valor real del pasaje superaba los 6 pesos y que por ello no descartaban un aumento futuro.
Fue apenas unas semanas después y en medio de la polémica por el cierre temporario de la Línea A, cuando los principales referentes del macrismo afirmaron que se había tomado la "decisión política" de aumentar la tarifa a 3,50 pesos.
Desde ese momento se pudieron escuchar críticas al proyecto y que alertaban sobre la probable migración de usuarios a otros sistemas de transporte y el consiguiente colapso de la red vial porteña.
Fue en ese sentido que el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, opinó hoy que "este es un golpe al bolsillo de los trabajadores, y más del 25 por ciento de los usuarios que utilizan el subte cambiaran este servicio por el transporte automotor".
Ramos advirtió que "si el 70% de los usuarios del subterráneo lo utiliza para ir a trabajar, este nuevo aumento implica un descuento directo al salario de bolsillo de los trabajadores que utilizan el servicio diariamente", lo que configura "una muestra del planteo económico y social del macrismo, que no contiene ni expresa la necesidad de los ciudadanos".
Además el secretario de Transporte sostuvo que la medida puede romper el Ente de Transporte que integran las jurisdicciones del Área Metropolitana.
Sobre la disminución de pasajeros que provocaría el aumento también coincidieron legisladores porteños como Francisco "Tito" Nenna (Frente para la Victoria) y el propio Bodart.
Nenna planteó que a raíz del aumento "desmedido e injustificado" se iba a generar una explosión del transporte público" por los pasajeros que dejan el subte y pasarán a utilizar los colectivos.
Esas críticas ya habían sido minimizadas por el titular de SBASE, Juan Pablo Piccardo, quien afirmó que la caída de los pasajeros ocurrida el año pasado fue generada por, entre otras cosas, por las medidas de fuerza que afectaron al servicio.
Fue el propio Piccardo quien además adelantó que se estudiaría una tarifa especial para docentes, estudiantes y personas de bajos ingresos, pero fuentes de SBASE señalaron a Télam que esos proyectos estaban siendo estudiados de manera "incipiente" y sin fecha prevista de aplicación.
También fue polémica la realización de la audiencia pública que convocara el gobierno porteño y que fuera denunciada como de carácter "formal" por la oposición ya que los propios funcionarios macristas habían adelantado que no darían marcha atrás con el aumento previsto.
Es por todo ello que el aumento fue resistido por representantes de asociaciones de defensa del consumidor calificaron, quienes coincidieron en señalar el "perjuicio general" que sufrirá el todo transporte público en la ciudad de Buenos Aires.
Sandra Merlo, secretaria del Instituto de Defensa del Usuario y Consumidor (Inducam) opinó que si se aplicara el aumento, se "va a expulsar del subte a todo aquel que no pueda abonar la nueva tarifa y esa es gente que se va a volcar al servicio del colectivo subsidiado por el gobierno nacional".
Por su parte, Ernesto Alfieri, presidente de la filial Buenos Aires de Lideco, sostuvo que el impacto de la suba implicaría "una menor afluencia de pasajeros".
"Cuando el año pasado la tarifa aumentó de 1,10 a 2,50 pesos la afluencia cayó un 25 por ciento y ahora se estima que disminuirá un 40 por ciento; cuando llegué a 6 pesos (como dice la administración macrista que debería costar) se va a quedar sin pasajeros", concluyó Alfieri.