Una diputada denuncia ante la Procelac toda operación sospechada de lavado
Juliana Di Tullio y el constitucionalista Eduardo Barcesat realizaron una denuncia ante la Procelac contra todos aquellos que sean “autores, partícipes o encubridores” de operaciones sospechadas de lavado de dinero en paraísos fiscales, convocando a la UIF para que asuma como querellante.
Según informó Barcesat en diálogo con Télam, la presentación judicial fue realizada esta mañana ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y señaló que “arranca de datos concretos que fueron aportados por el diario Tiempo Argentino en las ediciones del 4, 5 y 6 de mayo” pasados.
“La organización no gubernamental Tax and Justice Network, los depósitos en paraísos fiscales provenientes de la Argentina de personas físicas, jurídicas o en representación de, alcanzarían la cifra de U$S 400.000 millones, lo que nos pone en un lugar de oscuro privilegio en el ranking de países evasores, octavos a nivel mundial y cuartos si se computa la población”, agregó.
La diputada Di Tullio había reclamado ayer que la Justicia "tiene la obligación de investigar" las once sociedades no declaradas a nombre de directivos del grupo Clarín en Panamá y también "la obligación de decir si (Héctor) Magnetto y el Grupo han lavado dinero" a través de empresas que, en su mayoría, fueron constituidas en 1979, en plena dictadura militar.
En ese sentido, Barcesat consideró que “lo del Grupo Clarín fue un puntapié de arranque, teniendo en cuenta las cifras del GAFI, para que la UIF se constituya en parte querellante y obviamente darle igual tratamiento al universo de casos".
Además, destacó que en cuanto a la denuncia contra Clarín “aparentemente se recolectaron más elementos de prueba y es una punta para iniciar la investigación”, ya que “Clarín no desmintió o no ha desconocido la constitución de esas sociedades”.
“Después que la PROCELAC complete las medidas instructoras de pruebas, lo llevará al juez para que disponga indagatorias y allí empezará el verdadero proceso judiciario”, explicó Barcesat sobre el destino de la denuncia que promovió esta mañana.
La denuncia se realizó “a efectos de impulsar una amplia investigación sobre lavado de dinero (según las leyes 25.246 y 26.683) y figuras penales conexas” para “que se investigue y apliquen sanciones” contra toda persona jurídica o física que desarrolle su actividad permanente en el país y “haya efectuado la constitución societaria o colocado fondos en los denominados paraísos fiscales”.
Según se explicó a través de un comunicado, “entre los fundamentos se destaca la grave afectación a los intereses nacionales que deriva de haberse expatriado fondos en moneda extranjera obtenidos de la explotación de recursos y riquezas naturales que son de titularidad del pueblo argentino”.
Según informó Barcesat en diálogo con Télam, la presentación judicial fue realizada esta mañana ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y señaló que “arranca de datos concretos que fueron aportados por el diario Tiempo Argentino en las ediciones del 4, 5 y 6 de mayo” pasados.
“La organización no gubernamental Tax and Justice Network, los depósitos en paraísos fiscales provenientes de la Argentina de personas físicas, jurídicas o en representación de, alcanzarían la cifra de U$S 400.000 millones, lo que nos pone en un lugar de oscuro privilegio en el ranking de países evasores, octavos a nivel mundial y cuartos si se computa la población”, agregó.
La diputada Di Tullio había reclamado ayer que la Justicia "tiene la obligación de investigar" las once sociedades no declaradas a nombre de directivos del grupo Clarín en Panamá y también "la obligación de decir si (Héctor) Magnetto y el Grupo han lavado dinero" a través de empresas que, en su mayoría, fueron constituidas en 1979, en plena dictadura militar.
En ese sentido, Barcesat consideró que “lo del Grupo Clarín fue un puntapié de arranque, teniendo en cuenta las cifras del GAFI, para que la UIF se constituya en parte querellante y obviamente darle igual tratamiento al universo de casos".
Además, destacó que en cuanto a la denuncia contra Clarín “aparentemente se recolectaron más elementos de prueba y es una punta para iniciar la investigación”, ya que “Clarín no desmintió o no ha desconocido la constitución de esas sociedades”.
“Después que la PROCELAC complete las medidas instructoras de pruebas, lo llevará al juez para que disponga indagatorias y allí empezará el verdadero proceso judiciario”, explicó Barcesat sobre el destino de la denuncia que promovió esta mañana.
La denuncia se realizó “a efectos de impulsar una amplia investigación sobre lavado de dinero (según las leyes 25.246 y 26.683) y figuras penales conexas” para “que se investigue y apliquen sanciones” contra toda persona jurídica o física que desarrolle su actividad permanente en el país y “haya efectuado la constitución societaria o colocado fondos en los denominados paraísos fiscales”.
Según se explicó a través de un comunicado, “entre los fundamentos se destaca la grave afectación a los intereses nacionales que deriva de haberse expatriado fondos en moneda extranjera obtenidos de la explotación de recursos y riquezas naturales que son de titularidad del pueblo argentino”.