Debate clave para definir los alcances del derecho a huelga

El enfrentamiento entre dos de los tres grupos de las 185 representaciones nacionales que conforman la OIT (Trabajadores, Empleadores y Gobiernos) afecta al corazón del sistema multilateral, la Comisión de Aplicación de Normas, encargada de evaluar las denuncias sobre incumplimientos de convenios y resoluciones por parte de los miembros y recomendar eventuales sanciones.

Esa tarea, efectuada durante las conferencias anuales del organismo, tiene una instancia previa: la opinión de la Comisión de Expertos, cuyo mandato está hoy cuestionado por el Grupo de Empleadores, presidido por el empresario argentino Daniel Funes de Rioja.

"Los expertos sienten, en algunos casos, que son jueces internacionales, y nosotros creemos que son un órgano asesor de la Comisión de Aplicación de Normas", indicó Funes de Rioja a Télam en Ginebra, donde se desarrolla desde el miércoles la 102º Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), la cumbre anual de la OIT.

Según explicó el líder de los Empleadores, ese grupo entiende que hubo "un corrimiento de hecho del mandato de los expertos hacia funciones interpretativas" de las normas, lo que hizo entrar en crisis al sistema el año anterior, cuando no hubo lista de países denunciados debido a los desacuerdos en torno de las opiniones de esa comisión sobre los alcances del derecho de huelga.

En 2012, "la interpretación (de la Comisión de Expertos) no era ya sobre normas existentes sino sobre aspectos no regulados, o sea las lagunas", agregó.

Funes de Rioja se refirió de esa manera a las objeciones del Grupo de Empleadores a la interpretación de los alcances del derecho de huelga que la Comisión de Expertos hizo en la 101º CIT al emitir un informe sobre el Convenio 87 de Libertad Sindical.

"El derecho de huelga es un derecho implícito y no está explicitado en el Convenio 87, pero sostenemos que es de regulación nacional. Nadie niega ese derecho, sino sus alcances y el modo de su ejercicio, que están y siempre estuvieron sujetos a reglamentación nacional y no al avance interpretativo de los expertos, que son un cuerpo asesor", precisó.

Al respecto, sostuvo que dentro del derecho de huelga está "la cuestión del alcance en materia de servicios esenciales y de la ocupación de plantas" y, aquí, "hay visiones diferentes que también cambian de país a país y de cultura en cultura".

La crisis de la Conferencia anterior generó "un compromiso de nuestra parte para que este año hubiera lista, y la hay", además de asumir "el deber tripartito de diálogo a nivel del Consejo de Administración (máximo órgano de decisión de la OIT) sobre caminos posibles para resolver esta cuestión del mandato de la Comisión de Expertos y del alcance del derecho de huelga", explicó.

En cambio, entre el Grupo de Trabajadores algunos dirigentes sostienen que la posición de los patrones sobre la Comisión de Expertos procura minar el sistema de control de la OIT para avanzar sobre derechos laborales.

El secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Yasky), Pedro Wasiejko, quien participa en la 102º CIT, aseguró a Télam que "el sector empleador mantiene una posición muy rígida y fuerte contra el derecho de huelga y quiere avanzar sobre el derecho de los trabajadores públicos, negándoles el derecho de huelga y de negociación colectiva".

"En 2012 hubo un fracaso porque no pudo conformarse una lista al no haber acuerdo con los Empleadores, quienes mantuvieron una posición muy rígida", reseñó, y evaluó que si bien este año se conformó la nómina, "los debates fueron muy extensos y duros".

Según Wasiejko, esa posición de los Empleadores puede esconder un ánimo de "revancha" por tener por primera vez la OIT un director general (Guy Ryder) que fue sindicalista, o bien porque "creen que con determinada normativa generada en el sector privado pueden tender a reemplazar el diálogo social" que se produce en el seno de la organización tripartita de las Naciones Unidas y, de esta forma, "concentrar el poder".

El asesor letrado de la CTA que responde a Pablo Micheli, Horacio Meguira, fue más duro con la apreciación, al considerar que el Grupo de Empleadores busca "boicotear y lesionar el sistema de control de la OIT".

Para Meguira, en la presente CIT, "los trabajadores obtuvieron un gran triunfo a partir de que se logró definir una lista de países para analizar y tratar casos individuales cuestionados por violentar algunas normas".

Sin embargo, según Funes de Rioja, a la lista se llegó por "un acuerdo" entre los dos Grupos y, aunque admitió la existencia de "diferencias sustantivas", apuntó a que el sector patronal tuvo "cierto grado de concesiones" para cumplir con ese compromiso.

"Se intenta dilucidar cuáles son ahora las nuevas estrategias de los Empleadores. Uno de los enunciados de un documento de la organización internacional que los agrupa (OIE) señala que se negarán a consensuar conclusiones comunes, lesionando también el sistema de control, porque la jurisprudencia de la Comisión de Aplicación de Normas tripartita está basada en el informe de la de Expertos", sostuvo Meguira en diálogo con Télam.

Sobre el particular, Funes de Rioja indicó que la Comisión de Normas "debatirá y se verá dónde están los disensos y los consensos", pero aclaró que el Grupo de Empleadores ejercerá su "derecho de expresión sin perjuicio de privilegiar el diálogo y el respeto a los mecanismos internos".

Por último, Meguira y Wasiejko coincidieron en la influencia que tienen sobre las legislaciones nacionales las normas, observaciones o resoluciones de la OIT y, de allí, la importancia de la discusión en la actual CIT, que concluirá el 20 de junio.

"Toda esta andanada de normas y formas de plantear lo que debe ser el mundo del trabajo termina teniendo un factor de peso casi clave en la labor que se realiza durante tres semanas en Ginebra", decribió Wasiejko, quien alertó que "el estancamiento de resoluciones debilita el esquema en el que los trabajadores y sus organizaciones tienen elementos y herramientas a la hora de defender sus derechos".