Se cumplió el primer día de audiencias en la Corte Suprema por la Ley de Medios
La Corte Suprema de Justicia recibió hoy a diez ONG, cinco por el Estado y cinco por el Grupo Clarín, en la audiencia informativa que busca ser el paso previo a la resolución definitiva del conflicto generado a partir del planteo de inconstitucionalidad del holding de medios sobre dos artículos de la Ley sancionada hace cuatro años.
A partir de las 10, en el cuarto piso del edificio de Tribunales, la Corte escuchó a las diez organizaciones no gubernamentales que actuaron como "amicus curiae" (amigos de la Corte), que son terceros sin tener parte directa en el litigio.
Cinco de ellas respaldaron con sus exposiciones el argumento del Estado y las otras cinco avalaron el planteo de inconstitucionalidad de Clarín.
El primero en exponer fue el representante del grupo Clarín en nombre del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, quien sostuvo que la ley de Medios "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos".
Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un "monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica" y "en la sobrecarga de información banal e inútil".
El segundo "amigo del Tribunal" elegido por el grupo Clarín para defender su postura frente a la Corte fue la Asociación de Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, cuya posición expuso Eduardo Oteiza, quien trazó un paralelo con la jurisprudencia de los Estados UNidos para la distribución de licencias de la televisión por cable y señaló que en ese país "nunca se aplicó" la regulación en los operadores de cable.
En apoyo de la posición del Estado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema "protector de libertades y derechos", que "limite" los derechos individuales en beneficio del "interés general".
En tanto, los "amigos del Tribunal" elegidos por el grupo Clarín para defender su postura, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de Adepa, sostuvieron que "los artículos 41, 45, 58 y 161 (de la ley de Medios) representan una conculcación de derechos constitucionales en relación con la libertad de expresión y la igualdad ante la ley y eso es un grave retroceso para la sociedad".
En apoyo de la voz del Estado, representando a la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, afirmó que el Estado "tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población".
El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (CODELCO), y "amigo" elegido por Clarín consideró que la norma "ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no preveía la "revolución" generada por la expansión del uso de Internet.
Andrés Gil Domínguez, también representante de CODELCO, puso el acento en "la presunción de inconstitucionalidad de todas las leyes que buscan restringir el acceso a una oferta plural" e indicó que "el artículo 45 de la Ley es claramente inconstitucional e inconvencional al limitar el número de licencias a 24".
Del lado del Estado, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aseguró que recién en el 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudieron "acceder a la palabra", ya que "por 29 años" estuvieron marginados del sistema de comunicación.
El último "amigo" elegido por el grupo Clarín para exponer fue el abogado Lucas Grossman, quien interpretó hoy que la vigencia de la norma aprobada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría "reducirán la cantidad y la calidad de la información".
Finalmente, en apoyo del Estado, expuso el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, que rechazó la "escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años" la aplicación plena de la ley y criticó la forma en que la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia que se desarrolla hoy.
También en representación del CELS, Damian Loreti, brindó la argumentación técnica del organismo a favor de la ley de medios y destacó que "principios y declaraciones del sistema interamericano de justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia".
A partir de las 10, en el cuarto piso del edificio de Tribunales, la Corte escuchó a las diez organizaciones no gubernamentales que actuaron como "amicus curiae" (amigos de la Corte), que son terceros sin tener parte directa en el litigio.
Cinco de ellas respaldaron con sus exposiciones el argumento del Estado y las otras cinco avalaron el planteo de inconstitucionalidad de Clarín.
El primero en exponer fue el representante del grupo Clarín en nombre del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguiar, quien sostuvo que la ley de Medios "propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos".
Le siguió el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, que en aval al planteo del Estado sobre la constitucionalidad de la Ley aseguró que Clarín es un "monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación, basada en el ocultamiento de la información que los perjudica" y "en la sobrecarga de información banal e inútil".
El segundo "amigo del Tribunal" elegido por el grupo Clarín para defender su postura frente a la Corte fue la Asociación de Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, cuya posición expuso Eduardo Oteiza, quien trazó un paralelo con la jurisprudencia de los Estados UNidos para la distribución de licencias de la televisión por cable y señaló que en ese país "nunca se aplicó" la regulación en los operadores de cable.
En apoyo de la posición del Estado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema "protector de libertades y derechos", que "limite" los derechos individuales en beneficio del "interés general".
En tanto, los "amigos del Tribunal" elegidos por el grupo Clarín para defender su postura, Luis Pardo y Carlos Laplacette, de Adepa, sostuvieron que "los artículos 41, 45, 58 y 161 (de la ley de Medios) representan una conculcación de derechos constitucionales en relación con la libertad de expresión y la igualdad ante la ley y eso es un grave retroceso para la sociedad".
En apoyo de la voz del Estado, representando a la Universidad Nacional de Lanús, Víctor Abramovich, afirmó que el Estado "tiene el deber de intervenir para transformar estructuras que silencian a sectores de la población".
El sociólogo Eliseo Verón, representante del Comité del Consumidor (CODELCO), y "amigo" elegido por Clarín consideró que la norma "ya era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial" porque no preveía la "revolución" generada por la expansión del uso de Internet.
Andrés Gil Domínguez, también representante de CODELCO, puso el acento en "la presunción de inconstitucionalidad de todas las leyes que buscan restringir el acceso a una oferta plural" e indicó que "el artículo 45 de la Ley es claramente inconstitucional e inconvencional al limitar el número de licencias a 24".
Del lado del Estado, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aseguró que recién en el 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudieron "acceder a la palabra", ya que "por 29 años" estuvieron marginados del sistema de comunicación.
El último "amigo" elegido por el grupo Clarín para exponer fue el abogado Lucas Grossman, quien interpretó hoy que la vigencia de la norma aprobada por el Congreso de la Nación por amplia mayoría "reducirán la cantidad y la calidad de la información".
Finalmente, en apoyo del Estado, expuso el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, que rechazó la "escandalosa dilación judicial que paralizó durante 4 años" la aplicación plena de la ley y criticó la forma en que la Corte Suprema de Justicia convocó a la audiencia que se desarrolla hoy.
También en representación del CELS, Damian Loreti, brindó la argumentación técnica del organismo a favor de la ley de medios y destacó que "principios y declaraciones del sistema interamericano de justicia establecen que los monopolios deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia".