La Casa Blanca pidió “un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele (a Tamayo) una revisión y reconsideración” de la sentencia, tal como lo requiere un fallo internacional, explicó Marie Harf, vocera del Departamento de Estado.
Harf también advirtió al estado Texas sobre las consecuencias que la aplicación de la pena de muerte a Tamayo puede acarrear en las relaciones internacionales, informaron las agencias de noticias DPA y EFE.
Mientras tanto, un tribunal del distrito oeste de Texas rechazó el recurso presentado por los abogados de Tamayo con el fin de aplazar la ejecución por inyección letal, prevista para mañana, a las 18.
“Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la corte de hoy, pero seguiremos luchando por el derecho de Edgar a que su caso sea revisado”, afirmó su defensora, Sandra Babcock.
La abogada agregó que presentará un nuevo recurso ante otra corte local con el propósito de obligar a la Junta de Perdones de Texas a que decida si otorga o no una “clemencia ejecutiva” para suspender o conmutar la ejecución.
Tamayo, condenado por el asesinato en 1994 de un policía en Houston, está incluido entre los beneficiados por el llamado fallo Avena, la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004 que establece que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena en el caso de 51 mexicanos condenados a muerte porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular.
Los abogados de Tamayo sostienen que su ejecución constituirá un desacato del fallo Avena, pero el estado de Texas rehúsa cumplir esa orden en este caso y se negó con otros dos mexicanos, ya ejecutados.
"El cumplimiento por parte de Estados Unidos de las obligaciones de la Convención de Viena es crítico para asegurar la protección de nuestros propios ciudadanos detenidos en el extranjero, y también crucial para mantener la cooperación con gobiernos extranjeros, sobre todo en asuntos de seguridad", advirtió Harf.
Estados Unidos "quiere poder pedir a otros países las mismas protecciones garantizadas en la Convención de Viena, y no quiere que eso quede minado" por su propia falta de cumplimiento en casos como el de Tamayo, precisó.
La situación obligó a la intervención del propio secretario de Estado, John Kerry, quien envió en septiembre una carta al gobernador de Texas, Rick Perry, para advertirle que este caso podría "afectar la manera en la que se trata a los estadounidenses en el extranjero".
Hace una semana, representantes de los departamentos de Estado y de Justicia se reunieron con altos funcionarios de Perry para dialogar por este caso, diálogo que, según Harf, "sigue abierto".
El gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto también se implicó de manera directa, y advirtió el domingo en una declaración oficial que la ejecución de Tamayo significará una "clara violación" de Estados Unidos a "sus obligaciones internacionales".
Héctor Tamayo, padre del condenado, defendió hoy la inocencia de su hijo, por lo que resaltó que morirá injustamente si es ejecutado mañana.
"Es injusto lo que quieren hacerle sabiendo bien que él no fue el culpable, no fue el que mató al policía; él nunca dijo que mató y además no fue auxiliado por el consulado ni todas esas personas que deben estar cuando cometen algún delito", declaró a la emisora Radio Fórmula, según reprodujo EFE.
Organizaciones e instituciones internacionales como la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) también exigieron la suspensión de la ejecución.
A estos reclamos se sumó hoy el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, quien calificó de "aberrante" la intención de Texas de seguir adelante con la ejecución pese a los fallos internacionales en contra.
La Casa Blanca pidió “un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele (a Tamayo) una revisión y reconsideración” de la sentencia, tal como lo requiere un fallo internacional, explicó Marie Harf, vocera del Departamento de Estado.
Harf también advirtió al estado Texas sobre las consecuencias que la aplicación de la pena de muerte a Tamayo puede acarrear en las relaciones internacionales, informaron las agencias de noticias DPA y EFE.
Mientras tanto, un tribunal del distrito oeste de Texas rechazó el recurso presentado por los abogados de Tamayo con el fin de aplazar la ejecución por inyección letal, prevista para mañana, a las 18.
“Estamos profundamente decepcionados por la decisión de la corte de hoy, pero seguiremos luchando por el derecho de Edgar a que su caso sea revisado”, afirmó su defensora, Sandra Babcock.
La abogada agregó que presentará un nuevo recurso ante otra corte local con el propósito de obligar a la Junta de Perdones de Texas a que decida si otorga o no una “clemencia ejecutiva” para suspender o conmutar la ejecución.
Tamayo, condenado por el asesinato en 1994 de un policía en Houston, está incluido entre los beneficiados por el llamado fallo Avena, la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2004 que establece que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena en el caso de 51 mexicanos condenados a muerte porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular.
Los abogados de Tamayo sostienen que su ejecución constituirá un desacato del fallo Avena, pero el estado de Texas rehúsa cumplir esa orden en este caso y se negó con otros dos mexicanos, ya ejecutados.
"El cumplimiento por parte de Estados Unidos de las obligaciones de la Convención de Viena es crítico para asegurar la protección de nuestros propios ciudadanos detenidos en el extranjero, y también crucial para mantener la cooperación con gobiernos extranjeros, sobre todo en asuntos de seguridad", advirtió Harf.
Estados Unidos "quiere poder pedir a otros países las mismas protecciones garantizadas en la Convención de Viena, y no quiere que eso quede minado" por su propia falta de cumplimiento en casos como el de Tamayo, precisó.
La situación obligó a la intervención del propio secretario de Estado, John Kerry, quien envió en septiembre una carta al gobernador de Texas, Rick Perry, para advertirle que este caso podría "afectar la manera en la que se trata a los estadounidenses en el extranjero".
Hace una semana, representantes de los departamentos de Estado y de Justicia se reunieron con altos funcionarios de Perry para dialogar por este caso, diálogo que, según Harf, "sigue abierto".
El gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto también se implicó de manera directa, y advirtió el domingo en una declaración oficial que la ejecución de Tamayo significará una "clara violación" de Estados Unidos a "sus obligaciones internacionales".
Héctor Tamayo, padre del condenado, defendió hoy la inocencia de su hijo, por lo que resaltó que morirá injustamente si es ejecutado mañana.
"Es injusto lo que quieren hacerle sabiendo bien que él no fue el culpable, no fue el que mató al policía; él nunca dijo que mató y además no fue auxiliado por el consulado ni todas esas personas que deben estar cuando cometen algún delito", declaró a la emisora Radio Fórmula, según reprodujo EFE.
Organizaciones e instituciones internacionales como la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) también exigieron la suspensión de la ejecución.
A estos reclamos se sumó hoy el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, quien calificó de "aberrante" la intención de Texas de seguir adelante con la ejecución pese a los fallos internacionales en contra.