Menor acusado de homicidio seguirá preso en el COSE
En una audiencia de revisión llevada adelante en los tribunales de Trelew, los jueces César Zaratiegui y Marcelo Di Biase decidieron mantener la prisión que pesa sobre un menor, alojado en el C.O.S.E, acusado de homicidio en perjuicio de Brandon Méndez, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 15 de noviembre de 2013.
La fiscal general María Tolomei relató que aquel día se encontraban en una vivienda un grupo de jóvenes reunidos, cuando pasó por allí el ahora imputado quien profirió insultos contra uno de ellos, tras lo cual recibió respuestas de similar tenor lo que provocó la ira del recién arribado traducida en amenazascomo “ahora voy a venir y los voy a cagar a tiros”. Tras ello, el joven volvió y cumplió su amenaza junto a dos hermanos.
Portando un arma de fuego tipo fusil con cañón y culata recortados, se puso de frente a los presentes, en tanto sus acompañantes llegaban por los costados, uno portaba un cuchillo, en presunta búsqueda de quien lo habría insultado. En ese momento una joven se interpuso intentando convencerlo para que depusiera su actitud, pero al mantener su estado de alteración, Méndez se incorporó en defensa de su compañera, mientras se profundizaban las amenazas. En medio de ese panorama, el acusado –según el relato de la Fiscalía- efectuó un disparo que impactó en la región toráxica, provocando serias heridas que culminan con la muerte de Méndez quien en ese momento tenía 17 años.
Los tres hermanos se retiraron del sitio, pero volvieron en dos oportunidades haciendo frente a los reunidos, provocando el enfrentamiento, pero en la segunda de ellas, alobservar ya la presencia policial desistió de su actitud y se dieron a la fuga. El menor agresor fue perseguido y detenido en la puerta de su domicilio, lográndose secuestrar el arma. Llevado a la audiencia de control correspondiente, la jueza Ana Laura Servent determinó la medida de coerción al existir los peligros de fuga y entorpecimiento.
La doctora Tolomei informó a los jueces que la calificación jurídica que pesa sobre el menor es homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en concurso ideal con portación de arma de guerra. Agregó que el auto de elevación a juicio oral se concretó el 19 de febrero de 2014, programando luego la oficina judicial el debate recién para el 18 de agosto del presente año, observándose ante esto gestiones por parte de la defensa tendientes a un adelantamiento de esa fecha, al tratarse de un menor detenido.
Defensa
La defensora Romina Rowlands pidió la libertad de su defendido, aunque subsidiariamente ofreció como medida alternativa el arresto domiciliario, destacando su conducta y el sometimiento a las propuestas del centro de orientación socio educativo. Recalcó los derechos que asisten a quien es menor, amparado en una situación de niñez con normas, convenios y tratados internacionales. Completó ejemplificando que los dos hermanos, acusados en el mismo hecho como partícipes, tuvieron un voto de confianza por parte de los jueces, al resolver una morigeración con el arresto domiciliario.
Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, el asesor Pablo Rey fue más enfático en resaltar los derechos del acusado menor de edad. Rey dio cuenta de un informe emitido por especialistas, refiriendo a la necesidad de buscar una alternativa a la situación procesal del involucrado en la causa. Explicó que más allá de reconocer la gravedad del suceso y tratarse de un homicidio, se deben fortalecer los aspectos atinentes a los derechos humanos, y dentro de ellos, lo concerniente a la niñez y adolescencia.
Como medidas concretas sugirió la posibilidad que su asesorado asista a talleres impuestos por el programa de libertad asistida, pormenorizando en uno de carpintería, pidiendo también su asistencia tres veces por semana a una escuela de la zona y exigiendo el abordaje sicológico específico para su problemática. Advirtió que de seguir con una medida coercitiva como la actual se estaría lejos del cumplimiento de la norma emitida en este aspecto.
El voto de dos jueces
Al momento de la resolución, el juez César Zaratiegui manifestó que comprende la petición defensiva en cuanto al tiempo transcurrido para el juicio, pero estimó que desde el momento del hecho hasta la fecha fijada transcurrirán 9 meses, siendo que la fiscalía actuó con celeridad presentando la acusación cuando se cumplían algo más de dos meses de investigación. Estimó además la existencia del riesgo de entorpecimiento, pudiendo interferir en la voluntad de testigos, más a partir de la violencia demostrada, lo que puede reiterarse.
Por otro lado, indicó que la educación se ve garantizada con la escuela existente dentro del Cose, al igual que ciertas actividades previstas en libertad asistida, mientras el abordaje sicológico puede hacerse en la medida que se vayan informando los pasos que deben seguirse sobre el particular.
De la misma manera, y adhiriendo a lo votado por su antecesor, el juez Marcelo Nieto Di Biase consideró conveniente la permanencia del menor en el Cose mientras espera el juicio oral.
La fiscal general María Tolomei relató que aquel día se encontraban en una vivienda un grupo de jóvenes reunidos, cuando pasó por allí el ahora imputado quien profirió insultos contra uno de ellos, tras lo cual recibió respuestas de similar tenor lo que provocó la ira del recién arribado traducida en amenazascomo “ahora voy a venir y los voy a cagar a tiros”. Tras ello, el joven volvió y cumplió su amenaza junto a dos hermanos.
Portando un arma de fuego tipo fusil con cañón y culata recortados, se puso de frente a los presentes, en tanto sus acompañantes llegaban por los costados, uno portaba un cuchillo, en presunta búsqueda de quien lo habría insultado. En ese momento una joven se interpuso intentando convencerlo para que depusiera su actitud, pero al mantener su estado de alteración, Méndez se incorporó en defensa de su compañera, mientras se profundizaban las amenazas. En medio de ese panorama, el acusado –según el relato de la Fiscalía- efectuó un disparo que impactó en la región toráxica, provocando serias heridas que culminan con la muerte de Méndez quien en ese momento tenía 17 años.
Los tres hermanos se retiraron del sitio, pero volvieron en dos oportunidades haciendo frente a los reunidos, provocando el enfrentamiento, pero en la segunda de ellas, alobservar ya la presencia policial desistió de su actitud y se dieron a la fuga. El menor agresor fue perseguido y detenido en la puerta de su domicilio, lográndose secuestrar el arma. Llevado a la audiencia de control correspondiente, la jueza Ana Laura Servent determinó la medida de coerción al existir los peligros de fuga y entorpecimiento.
La doctora Tolomei informó a los jueces que la calificación jurídica que pesa sobre el menor es homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en concurso ideal con portación de arma de guerra. Agregó que el auto de elevación a juicio oral se concretó el 19 de febrero de 2014, programando luego la oficina judicial el debate recién para el 18 de agosto del presente año, observándose ante esto gestiones por parte de la defensa tendientes a un adelantamiento de esa fecha, al tratarse de un menor detenido.
Defensa
La defensora Romina Rowlands pidió la libertad de su defendido, aunque subsidiariamente ofreció como medida alternativa el arresto domiciliario, destacando su conducta y el sometimiento a las propuestas del centro de orientación socio educativo. Recalcó los derechos que asisten a quien es menor, amparado en una situación de niñez con normas, convenios y tratados internacionales. Completó ejemplificando que los dos hermanos, acusados en el mismo hecho como partícipes, tuvieron un voto de confianza por parte de los jueces, al resolver una morigeración con el arresto domiciliario.
Según el comunicado de prensa de la Fiscalía, el asesor Pablo Rey fue más enfático en resaltar los derechos del acusado menor de edad. Rey dio cuenta de un informe emitido por especialistas, refiriendo a la necesidad de buscar una alternativa a la situación procesal del involucrado en la causa. Explicó que más allá de reconocer la gravedad del suceso y tratarse de un homicidio, se deben fortalecer los aspectos atinentes a los derechos humanos, y dentro de ellos, lo concerniente a la niñez y adolescencia.
Como medidas concretas sugirió la posibilidad que su asesorado asista a talleres impuestos por el programa de libertad asistida, pormenorizando en uno de carpintería, pidiendo también su asistencia tres veces por semana a una escuela de la zona y exigiendo el abordaje sicológico específico para su problemática. Advirtió que de seguir con una medida coercitiva como la actual se estaría lejos del cumplimiento de la norma emitida en este aspecto.
El voto de dos jueces
Al momento de la resolución, el juez César Zaratiegui manifestó que comprende la petición defensiva en cuanto al tiempo transcurrido para el juicio, pero estimó que desde el momento del hecho hasta la fecha fijada transcurrirán 9 meses, siendo que la fiscalía actuó con celeridad presentando la acusación cuando se cumplían algo más de dos meses de investigación. Estimó además la existencia del riesgo de entorpecimiento, pudiendo interferir en la voluntad de testigos, más a partir de la violencia demostrada, lo que puede reiterarse.
Por otro lado, indicó que la educación se ve garantizada con la escuela existente dentro del Cose, al igual que ciertas actividades previstas en libertad asistida, mientras el abordaje sicológico puede hacerse en la medida que se vayan informando los pasos que deben seguirse sobre el particular.
De la misma manera, y adhiriendo a lo votado por su antecesor, el juez Marcelo Nieto Di Biase consideró conveniente la permanencia del menor en el Cose mientras espera el juicio oral.