#Unidad anticorrupción
Al extitular de SEROS, Cristian Eguillor, le imputan favorecer económicamente a sus “amigos” de una empresa de resonancia magnética.
“El dinero ingresó y esos papeles están a disposición de la justicia”, dijo el ex gobernador por el caso de la reparación ambiental en Caleta Córdova.
El viernes 27 de diciembre se sabrá si se abre la investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de Lotería, Carlos Barbato.
El juez Marcelo Nieto Di Biase amplió la investigación de la Causa Lotería al incluir seis nuevos imputados y rechazar pedidos de sobreseimientos argumentando que el proceso permitirá reformular calificaciones y cambiar imputaciones, tal como lo plantearon los defensores.
Tras el fallo, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams mostraron satisfacción y adelantaron que en la audiencia de cesura de pena del jueves pedirán prisión efectiva para los casos más comprometidos. Para Diego Correa van a solicitar una pena mayor a los 10 años.
El exfuncionario Alberto Vargas quedó imputado de “tráfico de influencias” y “tenencia ilegal de arma civil y de guerra”. Un empresario denunció que le pidieron 300 mil dólares para otorgarle la habilitación a un hotel en Puerto Pirámides.
Los Fiscales imputaron al jefe de compras del Ministerio de Familia. Lo acusan de contribuir en la compra directa de botellas de agua en un kiosco de Trelew.
El Procurador General aseguró que conformaron una unidad especial por el volumen de las causa e indicó que la corrupción “no es patrimonio de ningún partido político”. Aseguró que Das Neves nunca lo llamó para interferir en una investigación y explicó porque es importante recuperar gastos.
El fiscal Iturrioz confirmó que se investigarán irregularidades administrativas durante el temporal ocurrido en Comodoro en abril de 2017.
Se trata del exgerente de relaciones institucionales del IAS, quien se encontraba detenido en el marco de una investigación por contrataciones incompatibles con la función.
El dirigente contó cómo se recaudaba el dinero para solventar las campañas electorales y el trabajo militante en los barrios de Trelew. Por sus dichos, los fiscales llamarán a más referentes porque sospechan que era plata de la caja negra. Sin cambios en las medidas de coerción del caso Revelación.
La Unidad Anticorrupción presentó un pedido de ampliación de la investigación. Mercadería valuada en millones de pesos se pagó pero nunca fue entregada a los afectados. Hay evidencias de retornos cobrados por el grupo de exfuncionarios, gracias a la maniobra defraudatoria que se ideó.
Fiscalía le imputa haberse quedado con bolsas de Royal Canin que eran para la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Según las evidencias, también se llevaban agua mineral, artículos de limpieza, tutucas, ropa de trabajo, overoles térmicos y colchones. Una cuarta imputación, en suspenso.
El Gobierno los había comprado tras el temporal en Comodoro Rivadavia y nunca los retiró. La Justicia incautó el material, que estaba en un depósito comercial.
Según Fiscalía, le pagaron coimas a Diego Correa para poder percibir los certificados de obra. Los investigarán durante 6 meses. Faltaron dos hombres que si no asisten, serán buscados por la Policía para que se los pueda imputar.
Se presentaron formalmente los pedidos para ser incluidos en la causa de los abogados de diputados del FPV, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado
Oscar Alarcón será investigado por enriquecimiento ilícito y autolavado de dinero. Dijo que ganaba $ 30 mil pero que guardaba hasta 10 mil por mes. Adquirió terrenos en Playa Unión, locales comerciales y construye una casa. Para los fiscales, “el incremento patrimonial no cierra”.
El exdirector de Ceremonial fue imputado por enriquecimiento ilícito y “autolavado” de dinero.
Al extitular de Servicios Públicos le imputan beneficiar a su “amigo y socio” por más de $ 3,7 millones. Korn aseguró que nunca hubo preferencias por un proveedor, se cruzó con los fiscales y pidió “seriedad” para la pesquisa.
Esta semana la Unidad Anticorrupción le pedirá al juez fuertes medidas de restricción del acceso al contenido de las causas para evitar más filtraciones de material, especialmente de entrevistas a testigos cuyas filmaciones se viralizaron.