Un proyecto para impedir que sea admisible la suspensión del juicio a prueba, conocido como “probation”, cuando se trate de un delito cometido mediante violencia de género contra las mujeres, fue presentado ayer en el Senado de la Nación.
El objetivo “es proteger” a las mujeres que denuncian ser victimas de violencia, ya que “en situaciones de vulnerabilidad” pueden “ser presionadas o persuadidas por el agresor o el entorno familiar para llegar a un acuerdo y suspender el juicio correspondiente”, explicó la legisladora entrerriana.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó no utilizar esta figura procesal y aclaró que las situaciones de violencia de género deben ser dilucidadas en un
juicio oral, respetando así las obligaciones internacionales firmadas por Argentina en relación a los derechos de las mujeres, al fallar en el denominado caso “Góngora”.
No obstante “ha habido una serie de decisiones de jueces de primera instancia que concedieron este beneficio a imputados en delitos cometidos en situación de violencia de género en franca contradicción con lo establecido por la Corte”, recordó la diputada. “La redacción actual del artículo 76 bis del Código Penal establece que el imputado puede ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño y el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento pudiendo la parte damnificada aceptar o no dicha reparación”, recordó Kunath. En ese sentido, opinó que “esto puede permitir que el juicio se suspenda y no se pueda probar si la persona fue efectivamente culpable o no”. El proyecto propone modificar el artículo 76 bis del Código Penal, sumando a los casos donde no procede la suspensión del juicio a prueba, los delitos cometidos mediando violencia de género contra la mujer.#
Un proyecto para impedir que sea admisible la suspensión del juicio a prueba, conocido como “probation”, cuando se trate de un delito cometido mediante violencia de género contra las mujeres, fue presentado ayer en el Senado de la Nación.
El objetivo “es proteger” a las mujeres que denuncian ser victimas de violencia, ya que “en situaciones de vulnerabilidad” pueden “ser presionadas o persuadidas por el agresor o el entorno familiar para llegar a un acuerdo y suspender el juicio correspondiente”, explicó la legisladora entrerriana.
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó no utilizar esta figura procesal y aclaró que las situaciones de violencia de género deben ser dilucidadas en un
juicio oral, respetando así las obligaciones internacionales firmadas por Argentina en relación a los derechos de las mujeres, al fallar en el denominado caso “Góngora”.
No obstante “ha habido una serie de decisiones de jueces de primera instancia que concedieron este beneficio a imputados en delitos cometidos en situación de violencia de género en franca contradicción con lo establecido por la Corte”, recordó la diputada. “La redacción actual del artículo 76 bis del Código Penal establece que el imputado puede ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño y el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento pudiendo la parte damnificada aceptar o no dicha reparación”, recordó Kunath. En ese sentido, opinó que “esto puede permitir que el juicio se suspenda y no se pueda probar si la persona fue efectivamente culpable o no”. El proyecto propone modificar el artículo 76 bis del Código Penal, sumando a los casos donde no procede la suspensión del juicio a prueba, los delitos cometidos mediando violencia de género contra la mujer.#