Nadie termina de entender por qué a tan poco de su salida del Gobierno, a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la empujan a avanzar con una nueva ley de hidrocarburos que resisten con uñas y dientes los verdaderos dueños de este recurso natural.
A esta altura del partido, está más que claro que nadie arría a Cristina hacia donde ella no quiere ir, pero en el caso de la nueva ley petrolera, la influencia del CEO de YPF, Miguel Galuccio, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, parecen ser determinantes en el pensamiento de la Presidenta.
El jueves pasado, cuando todos pensaban que se trataba de un gesto para descomprimir, los gobernadores de las provincias petroleras, con Martín Buzzi a la cabeza, fueron convocados a la Casa Rosada para la firma de millonarias obras de viviendas. Es más, el efecto de las 2.800 soluciones habitacionales que Nación le otorgó a la provincia del Chubut quedó pulverizado tras el duro discurso presidencial contra las provincias petroleras.
Bajada de línea
La forma en que la Presidenta eligió bajarles línea a los gobernadores petroleros que estaban sentados a pocos metros de ella, en medio de un acto televisado por una virtual “cadena nacional”, tuvo un efecto tan contraproducente que minutos después varios altos funcionarios nacionales explicaron en privado que lo sucedido no estaba en los planes.
“Estas son cosas de Galuccio y Kicillof”, le dijo un superinfluyente ministro nacional al sindicalista Jorge “Loma” Ávila, que fue uno de los primeros en salir a cruzar la decisión del Gobierno nacional de seguir avanzando con una nueva ley petrolera que perjudica seriamente los intereses de las provincias y de los trabajadores.
La frase de Cristina “piensen lo que van a hacer y lo que deben hacer”, destinada a Buzzi, el neuquino Jorge Sapag (ausente el jueves en la Rosada por el fallecimiento de su madre) y el mendocino Francisco “Paco” Pérez, cayó mal en propios y extraños.
Regalías perdidas
En las páginas 6 y 7 de este diario, se publica un detallado informe de la consultora NOAnomics que aporta datos contundentes. Una de cal para los ciudadanos: “Desde 2002, el desenganche entre los precios internos y de exportación de hidrocarburos redundó en un claro beneficio para los usuarios, sobre todo para las familias, y permitió contar con energía barata en todas sus formas”, explica el trabajo.
Varias de arena para las provincias: “Este modelo de energía barata también ha tenido implicancias menos obvias en cuanto a la redistribución de ingresos que ha provocado. En este sentido, el costo proveniente de la diferencia entre el precio externo y doméstico de los hidrocarburos ha sido asumido fundamentalmente por las provincias productoras”.
El número espanta: las regalías “cedidas” desde 2002 por las provincias debido a este diferencial de costos asciende a los 18.500 millones de dólares.
Chubut no es la más perjudicada, pero tuvo que dejar en el bolsillo de Nación casi 2.100 millones de dólares en 12 años. Que el petróleo es de los chubutenses es una frase que se relativiza al leer estas cifras.
Buzzi se plantó
Aunque el jueves pasado en la Casa Rosada soportó el reto presidencial estoicamente, el gobernador Buzzi aprovechó el el viernes los primeros micrófonos que le pusieron cerca en Comodoro Rivadavia y dejó claro que no pensaba retroceder ni un milímetro en su posición en contra de la “Ley Galuccio”.
“No voy a firmar ningún papel, como lo vengo diciendo hace doce semanas, que nos quite la autoridad que hemos construido los patagónicos. Yo no voy a ser nada que nos quite la libertad que tenemos hoy, porque para ser libres tenemos que manejar los propios recursos”, dijo Buzzi.
Es más, se animó a cruzar una línea imaginaria que pocos se animan a traspasar y que es un golpe al corazón del núcleo duro del kirchnerismo, al acusar a los que impulsan esta ley de ir en contra del Néstor Kirchner: “No voy a hacer nada que haga suponer que Néstor nunca fue Presidente de la Nación, porque volver atrás con la Ley Corta, volver atrás con el manejo del subsuelo, es hacer como que Kirchner nunca hubiera sido Presidente de la Nación. Prometo que mientras yo esté acá, eso a nosotros no nos va a pasar”, disparó. Fuerte.
El apoyo de Das Neves
Aunque con matices obvios, por primera vez en mucho tiempo el gobernador Buzzi y el exgobernador Mario Das Neves quedaron parados en la misma vereda. Sin que esto signifique nada en términos políticos, es lo que Chubut necesita en este momento. Dirigentes que tiren del mismo lado del carro, pensando en todos y no solamente en los que los pueden votar.
Das Neves respondió a las duras palabras de Cristina con más dureza. La acusó de olvidarse de que es patagónica y de encerrarse en su mundo de El Calafate. Dijo que traiciona el pensamiento de Néstor Kirchner y, a diferencia de Buzzi, la señaló como responsable absoluta de la ley petrolera que impulsa.
El diputado nacional también apuntó los cañones hacia el resto de los legisladores nacionales de Chubut, que han venido haciendo un silencio tan ruidoso que asombra.
En este sentido, hay que marcar la excepción que representan la senadora Graciela Di Perna -dasnevista- y el radical Mario Cimadevilla, al que nadie puede acusar de hacer la vista gorda con el Gobierno nacional, al menos este caso.
Diputados mudos
Claramente, los dardos son para el senador Marcelo Guinle y los diputados Juan Mario Pais y Cristina Ziebart, todos integrantes del bloque del Frente para la Victoria, que después del feriado de mañana, deberían presentarse en Rawson sin que nadie los convoque para ponerse a disposición del gobernador –y de los chubutenses a los que dicen representar- para expresar públicamente que no serán capaces de levantar la mano si el proyecto del Gobierno nacional llega al Congreso.
Tienen una oportunidad histórica de reivindicarse ante una sociedad chubutense que los mira con desconfianza y hartazgo, en varios casos por el pobre desempeño que han tenido en sus bancas.
De este lote salió, por decisión propia y sobre la hora, otra kirchnerista, Mónica Contrera, quien ayer le confirmó a Buzzi y al propio Das Neves que votará en contra de la “Ley Galuccio”.
Madryn no se lo merece
La grave crisis económica e institucional que atraviesa la ciudad de Puerto Madryn sería el tema central de la semana si no fuera por el enorme riesgo que corren los intereses provinciales si avanza la nueva ley petrolera.
Sin embargo, la gravedad de la situación obliga a toda la clase dirigente a poner las barbas en remojo. Sería una simplificación de miopes creer que el único responsable de la crisis de Madryn es el intendente Ricardo Sastre.
Nadie puede desconocer la enorme responsabilidad que le cabe al jefe comunal como líder de una gestión municipal que ya lleva casi tres años. Pero la crisis de la ciudad comenzó mucho antes con la caída del sector pesquero, la degradación del mercado laboral y un aumento fenomenal de la desigualdad social entre los que más tienen y los que más necesitan. En Puerto Madryn, esa brecha será una grieta difícil de cerrar, al menos en el mediano plazo.
La otra crisis que agrava la situación de la ciudad es la política. Con una oposición peronista encarnizada desde siempre con Sastre, que hace pocas semanas hasta se paseó por la Casa de Gobierno en Rawson agradeciendo asistencias de Provincia que no sirven para pagar los sueldos de los empleados municipales, será muy difícil salir del pozo.
Si Sastre no logra salir de su atolladero, la oposición que representa el Frente para la Victoria no saldrá indemne. La gente sabe que la guerra política que se vive hace tres años en Puerto Madryn es responsabilidad de todos.
Por si fuera poco, ahora se suman los “aliados” que llegaron al Concejo Deliberante en la boleta de Sastre y ya están listos para firmarle el certificado de defunción.
En este sentido, la actitud de los concejales pachistas Pedro Giménez y Gabriela Sánchez Galindo de abrirle la puerta a un posible pedido de juicio político al intendente -algo que firmaron junto a los ediles del Frente para la Victoria y dirigentes del gremio de los municipales-, terminó de confirmar que las alianzas políticas con el fin electoral como único objetivo le siguen haciendo un enorme daño a la política.
Nadie termina de entender por qué a tan poco de su salida del Gobierno, a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la empujan a avanzar con una nueva ley de hidrocarburos que resisten con uñas y dientes los verdaderos dueños de este recurso natural.
A esta altura del partido, está más que claro que nadie arría a Cristina hacia donde ella no quiere ir, pero en el caso de la nueva ley petrolera, la influencia del CEO de YPF, Miguel Galuccio, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, parecen ser determinantes en el pensamiento de la Presidenta.
El jueves pasado, cuando todos pensaban que se trataba de un gesto para descomprimir, los gobernadores de las provincias petroleras, con Martín Buzzi a la cabeza, fueron convocados a la Casa Rosada para la firma de millonarias obras de viviendas. Es más, el efecto de las 2.800 soluciones habitacionales que Nación le otorgó a la provincia del Chubut quedó pulverizado tras el duro discurso presidencial contra las provincias petroleras.
Bajada de línea
La forma en que la Presidenta eligió bajarles línea a los gobernadores petroleros que estaban sentados a pocos metros de ella, en medio de un acto televisado por una virtual “cadena nacional”, tuvo un efecto tan contraproducente que minutos después varios altos funcionarios nacionales explicaron en privado que lo sucedido no estaba en los planes.
“Estas son cosas de Galuccio y Kicillof”, le dijo un superinfluyente ministro nacional al sindicalista Jorge “Loma” Ávila, que fue uno de los primeros en salir a cruzar la decisión del Gobierno nacional de seguir avanzando con una nueva ley petrolera que perjudica seriamente los intereses de las provincias y de los trabajadores.
La frase de Cristina “piensen lo que van a hacer y lo que deben hacer”, destinada a Buzzi, el neuquino Jorge Sapag (ausente el jueves en la Rosada por el fallecimiento de su madre) y el mendocino Francisco “Paco” Pérez, cayó mal en propios y extraños.
Regalías perdidas
En las páginas 6 y 7 de este diario, se publica un detallado informe de la consultora NOAnomics que aporta datos contundentes. Una de cal para los ciudadanos: “Desde 2002, el desenganche entre los precios internos y de exportación de hidrocarburos redundó en un claro beneficio para los usuarios, sobre todo para las familias, y permitió contar con energía barata en todas sus formas”, explica el trabajo.
Varias de arena para las provincias: “Este modelo de energía barata también ha tenido implicancias menos obvias en cuanto a la redistribución de ingresos que ha provocado. En este sentido, el costo proveniente de la diferencia entre el precio externo y doméstico de los hidrocarburos ha sido asumido fundamentalmente por las provincias productoras”.
El número espanta: las regalías “cedidas” desde 2002 por las provincias debido a este diferencial de costos asciende a los 18.500 millones de dólares.
Chubut no es la más perjudicada, pero tuvo que dejar en el bolsillo de Nación casi 2.100 millones de dólares en 12 años. Que el petróleo es de los chubutenses es una frase que se relativiza al leer estas cifras.
Buzzi se plantó
Aunque el jueves pasado en la Casa Rosada soportó el reto presidencial estoicamente, el gobernador Buzzi aprovechó el el viernes los primeros micrófonos que le pusieron cerca en Comodoro Rivadavia y dejó claro que no pensaba retroceder ni un milímetro en su posición en contra de la “Ley Galuccio”.
“No voy a firmar ningún papel, como lo vengo diciendo hace doce semanas, que nos quite la autoridad que hemos construido los patagónicos. Yo no voy a ser nada que nos quite la libertad que tenemos hoy, porque para ser libres tenemos que manejar los propios recursos”, dijo Buzzi.
Es más, se animó a cruzar una línea imaginaria que pocos se animan a traspasar y que es un golpe al corazón del núcleo duro del kirchnerismo, al acusar a los que impulsan esta ley de ir en contra del Néstor Kirchner: “No voy a hacer nada que haga suponer que Néstor nunca fue Presidente de la Nación, porque volver atrás con la Ley Corta, volver atrás con el manejo del subsuelo, es hacer como que Kirchner nunca hubiera sido Presidente de la Nación. Prometo que mientras yo esté acá, eso a nosotros no nos va a pasar”, disparó. Fuerte.
El apoyo de Das Neves
Aunque con matices obvios, por primera vez en mucho tiempo el gobernador Buzzi y el exgobernador Mario Das Neves quedaron parados en la misma vereda. Sin que esto signifique nada en términos políticos, es lo que Chubut necesita en este momento. Dirigentes que tiren del mismo lado del carro, pensando en todos y no solamente en los que los pueden votar.
Das Neves respondió a las duras palabras de Cristina con más dureza. La acusó de olvidarse de que es patagónica y de encerrarse en su mundo de El Calafate. Dijo que traiciona el pensamiento de Néstor Kirchner y, a diferencia de Buzzi, la señaló como responsable absoluta de la ley petrolera que impulsa.
El diputado nacional también apuntó los cañones hacia el resto de los legisladores nacionales de Chubut, que han venido haciendo un silencio tan ruidoso que asombra.
En este sentido, hay que marcar la excepción que representan la senadora Graciela Di Perna -dasnevista- y el radical Mario Cimadevilla, al que nadie puede acusar de hacer la vista gorda con el Gobierno nacional, al menos este caso.
Diputados mudos
Claramente, los dardos son para el senador Marcelo Guinle y los diputados Juan Mario Pais y Cristina Ziebart, todos integrantes del bloque del Frente para la Victoria, que después del feriado de mañana, deberían presentarse en Rawson sin que nadie los convoque para ponerse a disposición del gobernador –y de los chubutenses a los que dicen representar- para expresar públicamente que no serán capaces de levantar la mano si el proyecto del Gobierno nacional llega al Congreso.
Tienen una oportunidad histórica de reivindicarse ante una sociedad chubutense que los mira con desconfianza y hartazgo, en varios casos por el pobre desempeño que han tenido en sus bancas.
De este lote salió, por decisión propia y sobre la hora, otra kirchnerista, Mónica Contrera, quien ayer le confirmó a Buzzi y al propio Das Neves que votará en contra de la “Ley Galuccio”.
Madryn no se lo merece
La grave crisis económica e institucional que atraviesa la ciudad de Puerto Madryn sería el tema central de la semana si no fuera por el enorme riesgo que corren los intereses provinciales si avanza la nueva ley petrolera.
Sin embargo, la gravedad de la situación obliga a toda la clase dirigente a poner las barbas en remojo. Sería una simplificación de miopes creer que el único responsable de la crisis de Madryn es el intendente Ricardo Sastre.
Nadie puede desconocer la enorme responsabilidad que le cabe al jefe comunal como líder de una gestión municipal que ya lleva casi tres años. Pero la crisis de la ciudad comenzó mucho antes con la caída del sector pesquero, la degradación del mercado laboral y un aumento fenomenal de la desigualdad social entre los que más tienen y los que más necesitan. En Puerto Madryn, esa brecha será una grieta difícil de cerrar, al menos en el mediano plazo.
La otra crisis que agrava la situación de la ciudad es la política. Con una oposición peronista encarnizada desde siempre con Sastre, que hace pocas semanas hasta se paseó por la Casa de Gobierno en Rawson agradeciendo asistencias de Provincia que no sirven para pagar los sueldos de los empleados municipales, será muy difícil salir del pozo.
Si Sastre no logra salir de su atolladero, la oposición que representa el Frente para la Victoria no saldrá indemne. La gente sabe que la guerra política que se vive hace tres años en Puerto Madryn es responsabilidad de todos.
Por si fuera poco, ahora se suman los “aliados” que llegaron al Concejo Deliberante en la boleta de Sastre y ya están listos para firmarle el certificado de defunción.
En este sentido, la actitud de los concejales pachistas Pedro Giménez y Gabriela Sánchez Galindo de abrirle la puerta a un posible pedido de juicio político al intendente -algo que firmaron junto a los ediles del Frente para la Victoria y dirigentes del gremio de los municipales-, terminó de confirmar que las alianzas políticas con el fin electoral como único objetivo le siguen haciendo un enorme daño a la política.