Amparos: los embargos de los jueces ya suman más de $ 73 millones
Incluye lo que embolsaron los magistados (jueces, fiscales, defensores y profesionales) y sus abogados patrocinantes. El ranking de los que más plata cobraron.
Los magistrados de Chubut, que incluye a jueces, fiscales, defensores y profesionales del Poder Judicial, ya embargaron cuentas del Estado provincial por más de 73,8 millones de pesos en concepto de reclamos por equiparación salarial.
Esa cifra incluye el pago de honorarios (costas) por más de 20,8 millones de pesos a decenas de abogados de toda la provincia que oficiaron de patrocinantes de estos magistrados.
Jornada accedió a buena parte de la documentación sobre los amparos que contiene uno por uno el nombre de los magistrados que embargaron las cuentas públicas, además de los nombres de los abogados que los patrocinaron y cobraron cifras millonarias en concepto de honorarios.
Aunque la información que se divulga en este informe es parcial, sirve para graficar y dimensionar el enorme agujero económico que viene provocando en las cuentas públicas este virtual festival de amparos judiciales de los propios magistrados de Chubut.
La Fiscalía de Estado de Chubut, hoy liderada por Miguel Montoya, es la que tiene la información completa sobre los amparos judiciales de los magistrados, pero hasta ahora nunca ha divulgado un detalle de información que debería ser pública y estar al alcance de todos los ciudadanos
El Top 50
Según la documentación a la que accedió Jornada, cuatro juezas encabezan el ranking de amparos presentados. Graciela Mercedes García Blanco, titular de la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, figura al tope de los reclamos con un amparo por 1.858.623,03 pesos, seguida por la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Nélida Susana Melero, con un amparo por 559.072,97 pesos.
Otra mujer, Gladys Mabel del Balzo, titular de la Oficina de la Defensa Pública en Puerto Madryn, se ubica tercera con un reclamo por 539.234,02 pesos, seguida la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, Mabel Clara González, con 433.452,77 pesos.
Recién en el cuarto lugar aparece el primer magistrado: Oscar Alberto Oro, fiscal general de la Comarca Andina, que presentó un amparo por 415.112,25 pesos.
El listado de magistrados es extensísimo, pero en el “top 50” incluye a conocidos jueces como Hernán Del Verme, Martín Zacchino y Jorge Alberto Criado, de Esquel; Leonardo Pitcovsky y Horacio Daniel Yangüela, de Puerto Madryn; Aldo de Cunto, Sergio Piñeda y Carlos María Faiella Pizzull, de Trelew; Daniel Casal y Daniel Camilo Pérez, de Sarmiento; y Carlos Tesi, de Rawson, entre muchos otros.
Historia de un desaguisado
A los magistrados que decidieron embargar las cuentas públicas para cobrarse una equiparación salarial con otras regiones del país los asiste la razón y el derecho, pero han venido siendo cuestionados por distintos estamentos de la sociedad por la forma que eligieron para “autoaumentarse” sus salarios sin pasar por una discusión paritaria como cualquier otro trabajador estatal o privado.
En este desaguisado no es ajeno el actual Gobierno provincial, que en 2012 impulsó un acuerdo con la Asociación de Magistrados para cerrar el reclamo pero a poco de andar lo incumplió. Muchos señalan como el gran responsable de haber impulsado este acuerdo al exfiscal de Estado, Blas Meza Evans.
El incumplimiento por parte del Gobierno desató una ola de amparos y ejecuciones que sacudieron las cuentas del Estado. Más precisamente, una cuenta bancaria en donde se depositan las regalías petroleras, que son las que utilizaron para cobrar los algo más de 100 millones de pesos entre embargos y honorarios.
Según algunos cálculos, ya se ejecutó más del triple del monto que debía haber afrontado la Provincia de haber cumplido el acuerdo inicial.
En 2013, el Ministerio de Economía que por aquel tiempo estaba en manos de Gabriela Dufour, emitió la Resolución 239, en la se aprobó un cronograma de pagos para magistrados y funcionarios. Muchos aceptaron la forma de pago: en total, 24 meses agrupados en seis cuotas.
El Gobierno comenzó a pagar ese nuevo plan pero, otra vez, incumplió y entró en mora con cientos de magistrados.
La ineficacia demostrada por varios altos funcionarios del Gobierno provincial y la voracidad de muchos magistrados hicieron el resto.
Los magistrados de Chubut, que incluye a jueces, fiscales, defensores y profesionales del Poder Judicial, ya embargaron cuentas del Estado provincial por más de 73,8 millones de pesos en concepto de reclamos por equiparación salarial.
Esa cifra incluye el pago de honorarios (costas) por más de 20,8 millones de pesos a decenas de abogados de toda la provincia que oficiaron de patrocinantes de estos magistrados.
Jornada accedió a buena parte de la documentación sobre los amparos que contiene uno por uno el nombre de los magistrados que embargaron las cuentas públicas, además de los nombres de los abogados que los patrocinaron y cobraron cifras millonarias en concepto de honorarios.
Aunque la información que se divulga en este informe es parcial, sirve para graficar y dimensionar el enorme agujero económico que viene provocando en las cuentas públicas este virtual festival de amparos judiciales de los propios magistrados de Chubut.
La Fiscalía de Estado de Chubut, hoy liderada por Miguel Montoya, es la que tiene la información completa sobre los amparos judiciales de los magistrados, pero hasta ahora nunca ha divulgado un detalle de información que debería ser pública y estar al alcance de todos los ciudadanos
El Top 50
Según la documentación a la que accedió Jornada, cuatro juezas encabezan el ranking de amparos presentados. Graciela Mercedes García Blanco, titular de la Sala “B” de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, figura al tope de los reclamos con un amparo por 1.858.623,03 pesos, seguida por la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Nélida Susana Melero, con un amparo por 559.072,97 pesos.
Otra mujer, Gladys Mabel del Balzo, titular de la Oficina de la Defensa Pública en Puerto Madryn, se ubica tercera con un reclamo por 539.234,02 pesos, seguida la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia, Mabel Clara González, con 433.452,77 pesos.
Recién en el cuarto lugar aparece el primer magistrado: Oscar Alberto Oro, fiscal general de la Comarca Andina, que presentó un amparo por 415.112,25 pesos.
El listado de magistrados es extensísimo, pero en el “top 50” incluye a conocidos jueces como Hernán Del Verme, Martín Zacchino y Jorge Alberto Criado, de Esquel; Leonardo Pitcovsky y Horacio Daniel Yangüela, de Puerto Madryn; Aldo de Cunto, Sergio Piñeda y Carlos María Faiella Pizzull, de Trelew; Daniel Casal y Daniel Camilo Pérez, de Sarmiento; y Carlos Tesi, de Rawson, entre muchos otros.
Historia de un desaguisado
A los magistrados que decidieron embargar las cuentas públicas para cobrarse una equiparación salarial con otras regiones del país los asiste la razón y el derecho, pero han venido siendo cuestionados por distintos estamentos de la sociedad por la forma que eligieron para “autoaumentarse” sus salarios sin pasar por una discusión paritaria como cualquier otro trabajador estatal o privado.
En este desaguisado no es ajeno el actual Gobierno provincial, que en 2012 impulsó un acuerdo con la Asociación de Magistrados para cerrar el reclamo pero a poco de andar lo incumplió. Muchos señalan como el gran responsable de haber impulsado este acuerdo al exfiscal de Estado, Blas Meza Evans.
El incumplimiento por parte del Gobierno desató una ola de amparos y ejecuciones que sacudieron las cuentas del Estado. Más precisamente, una cuenta bancaria en donde se depositan las regalías petroleras, que son las que utilizaron para cobrar los algo más de 100 millones de pesos entre embargos y honorarios.
Según algunos cálculos, ya se ejecutó más del triple del monto que debía haber afrontado la Provincia de haber cumplido el acuerdo inicial.
En 2013, el Ministerio de Economía que por aquel tiempo estaba en manos de Gabriela Dufour, emitió la Resolución 239, en la se aprobó un cronograma de pagos para magistrados y funcionarios. Muchos aceptaron la forma de pago: en total, 24 meses agrupados en seis cuotas.
El Gobierno comenzó a pagar ese nuevo plan pero, otra vez, incumplió y entró en mora con cientos de magistrados.
La ineficacia demostrada por varios altos funcionarios del Gobierno provincial y la voracidad de muchos magistrados hicieron el resto.