El fiscal Cássio Conserino citó a declarar a Lula y a su mujer Marisa Letizia Lula da Silva el próximo 17 de febrero en San Pablo para investigar si el ex presidente es propietario de un apartamento que no fue declarado, lo que constituye un delito de blanqueo de dinero, confirmó a la agencia Efe el Ministerio Público.
Es la primera vez que el ex mandatario es llamado a declarar como investigado, pues hasta ahora sólo había sido intimado en calidad de testigo.
También fue convocado José Adelmário Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS, una de las empresas envueltas en el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, por el que también están siendo investigados medio centenar de políticos.
La Policía Federal inició esta semana una nueva fase de la investigación de los delitos de corrupción en la petrolera para determinar si parte del dinero desviado de la compañía fue blanqueado mediante operaciones inmobiliarias.
En el eje de estas transacciones está un edificio llamado Condominio Solaris, en Guarujá, donde se encuentra el departamento que el Ministerio Público quiere ahora investigar si es propiedad del ex mandatario.
El inmueble fue construido por una cooperativa sindical (Bancoop) vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en 2009 fue vendido a la constructora OAS.
Uno de los inmuebles de esa propiedad estaba reservado por la familia de Lula y, según la prensa local, llegó a ser objeto de reformas encargadas a la empresa OAS, que al día de hoy figura como su propietaria legal.
Lula negó que hubiera comprado un apartamento en ese edificio, pero admitió que su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, adquirió en 2009 una participación con vistas a una posible adquisición.
Sin embargo, aclaró que las obras para la conclusión del edificio se atrasaron y la constructora OAS ofreció reintegrarle el dinero a quienes aún no habían confirmado la compra, lo que aún no fue realizado.
El instituto Lula, dirigido por el ex presidente, todavía no se ha pronunciado sobre la citación del fiscal, pero esta semana envió un comunicado en el que informó de que para "para tener el apartamento, de hecho y de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre la participación y el valor del inmueble", algo que su familia no ha hecho hasta el momento.
Lula se ha defendido contra las conjeturas que sugieren su participación en la trama de corrupción de Petrobras y llegó a admitir que en Brasil "no existe alma viva más honesta" que él.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo el miércoles pasado que las acusaciones contra Lula son "especulaciones indebidas".
El fiscal Cássio Conserino citó a declarar a Lula y a su mujer Marisa Letizia Lula da Silva el próximo 17 de febrero en San Pablo para investigar si el ex presidente es propietario de un apartamento que no fue declarado, lo que constituye un delito de blanqueo de dinero, confirmó a la agencia Efe el Ministerio Público.
Es la primera vez que el ex mandatario es llamado a declarar como investigado, pues hasta ahora sólo había sido intimado en calidad de testigo.
También fue convocado José Adelmário Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS, una de las empresas envueltas en el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, por el que también están siendo investigados medio centenar de políticos.
La Policía Federal inició esta semana una nueva fase de la investigación de los delitos de corrupción en la petrolera para determinar si parte del dinero desviado de la compañía fue blanqueado mediante operaciones inmobiliarias.
En el eje de estas transacciones está un edificio llamado Condominio Solaris, en Guarujá, donde se encuentra el departamento que el Ministerio Público quiere ahora investigar si es propiedad del ex mandatario.
El inmueble fue construido por una cooperativa sindical (Bancoop) vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en 2009 fue vendido a la constructora OAS.
Uno de los inmuebles de esa propiedad estaba reservado por la familia de Lula y, según la prensa local, llegó a ser objeto de reformas encargadas a la empresa OAS, que al día de hoy figura como su propietaria legal.
Lula negó que hubiera comprado un apartamento en ese edificio, pero admitió que su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, adquirió en 2009 una participación con vistas a una posible adquisición.
Sin embargo, aclaró que las obras para la conclusión del edificio se atrasaron y la constructora OAS ofreció reintegrarle el dinero a quienes aún no habían confirmado la compra, lo que aún no fue realizado.
El instituto Lula, dirigido por el ex presidente, todavía no se ha pronunciado sobre la citación del fiscal, pero esta semana envió un comunicado en el que informó de que para "para tener el apartamento, de hecho y de derecho, sería necesario pagar la diferencia entre la participación y el valor del inmueble", algo que su familia no ha hecho hasta el momento.
Lula se ha defendido contra las conjeturas que sugieren su participación en la trama de corrupción de Petrobras y llegó a admitir que en Brasil "no existe alma viva más honesta" que él.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo el miércoles pasado que las acusaciones contra Lula son "especulaciones indebidas".