“El Progreso”, el campo del SOMU prohibido para los afiliados y con pagos muy sospechosos
Los interventores que revisan la gestión de Omar “Caballo” Suárez hallaron una propiedad de 11 mil hectáreas que pocos conocían en Península Valdés.
La Comisión Interventora Judicial del Sindicato de Obreros Marítimos difundió el informe trimestral respecto a la situación en que encontraron el gremio tras los años de la conducción de Omar “Caballo” Suárez. Del trabajo de contralor se destaca que 90 días ahorraron poco más de 3 millones de pesos mensuales que se pagaban de sobreprecios por servicios.
La información se vincula con la auditoría y administración de febrero, marzo y abril de 2016 y quedaron asentados en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, de Rodolfo Canicoba Corral.
En cuanto a la delegación de Puerto Madryn el informe deja constancia que el gremio “tenía contratado un servicio de alquiler de camiones que se destinaba a prestar funciones en un campo en Madryn al que los afiliados no tenían acceso. El costo de este alquiler mensual era de $ 609.996,11, servicio que en la actualidad se dio de baja. Este servicio estaba contratado con una empresa de la cual el exsecretario tesorero del SOMU era su presidente. El ahorro total fue del 100%.”
También la agencia de noticias Télam difundió que la intervención del SOMU confirmó que el gremio tiene un campo de 11.000 hectáreas en Chubut, específicamente en la zona de Península Valdés, lugar declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.
También aseguran que el exdirigente Omar “Caballo” Suárez y sus colaboradores más cercanos, administraban otra estancia y podría haber una tercera propiedad bajo dominio de los mismos dirigentes sindicales investigados.
César Zapata, uno de los delegados colaboradores de la intervención, detalló a la agencia de noticias nacional que “la estancia se llama `El Progreso´ y es propiedad del sindicato. Allí existiría ganado y maquinaria que nosotros, como afiliados, no conocemos”.
Zapata además señaló al exsecretario general del sindicato intervenido, Omar Suárez, como gerenciador de la estancia “16 de Agosto”, lindera al campo anterior, de unas 6.000 hectáreas, que “manejaba la conducción sindical anterior a través de la fundación Azul”.
Zapata integra junto con Javier Monroig, Dardo Raúl Morales y José Valderrama la nómina de delegados colaboradores locales de la intervención que a nivel nacional encabezan Santiago Viola, Jorge Alonso y Gladys González por mandato del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en febrero dispuso la medida en el sindicato que conducía “Caballo” Suárez.
Zapata definió a la situación encontrada como “increíble” y afirmó que a ese campo “nunca accedieron los afiliados”.
El delegado integra la agrupación “Gaucho Rivero” desde la cual “siempre nos opusimos al manejo que tenía el Sindicato porque veíamos que la plata pasaba, había un despliegue terrible pero nosotros nunca tuvimos acceso a esos bienes”.
“También se investiga un tercer campo que estaría en Península Valdés, que tiene vinculación con el gremio, con la fundación o con los anteriores dirigentes”, explicó Zapata, indignado porque “nosotros ni un camping teníamos y resulta que éramos dueños a través de la entidad sindical de campos con ganado y todo”.
El delegado reconoció que entre las irregularidades detectadas figura el contrato para alquilar camiones en Puerto Madryn por un costo mensual de casi 610.000 pesos, que fue dado de baja, contratado a una empresa de la cual el exsecretario tesorero del SOMU era presidente, según figura en el informe preliminar de la investigación.
“Pero eso no es todo: acá también había dos vehículos que desaparecieron y, lo que es peor, al parecer había vehículos y camionetas destinadas a Puerto Madryn que jamás llegaron”, deslizó Zapata.
En este escenario, la Comisión también detectó: “Ausencia total de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios; exorbitantes sobreprecios en las compras directas; ausencia total de planificación financiera; multiplicidad y superposición de tareas y cargos; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; robo de automóviles; ausencia de planificación y seguimiento en la construcción de obras”; además de un “pasivo detectado a la fecha de $ 8.985.896,95”.
El informe detalla los gastos de la anterior conducción, que la intervención redujo considerablemente. “La Administración Central del SOMU pagaba por conceptos sueldos y gastos personales a los directivos y personal contratado un total de $ 1.940.450. Este monto a partir de la intervención se redujo a $ 1.195.000 por iguales funciones, generando un ahorro de $ 745.450 mensuales representando un 38,41% menos”.
Entre otras irregularidades, en las delegaciones y seccionales se pagaban sueldos a “personal que no prestaba funciones y gastos personales de los representantes de esas dependencias la suma $382.060, monto que fue dejado de abonar”. Había empleados del sindicato que se los utilizaba para “servicios personales del Secretariado General”.#
La Comisión Interventora Judicial del Sindicato de Obreros Marítimos difundió el informe trimestral respecto a la situación en que encontraron el gremio tras los años de la conducción de Omar “Caballo” Suárez. Del trabajo de contralor se destaca que 90 días ahorraron poco más de 3 millones de pesos mensuales que se pagaban de sobreprecios por servicios.
La información se vincula con la auditoría y administración de febrero, marzo y abril de 2016 y quedaron asentados en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, de Rodolfo Canicoba Corral.
En cuanto a la delegación de Puerto Madryn el informe deja constancia que el gremio “tenía contratado un servicio de alquiler de camiones que se destinaba a prestar funciones en un campo en Madryn al que los afiliados no tenían acceso. El costo de este alquiler mensual era de $ 609.996,11, servicio que en la actualidad se dio de baja. Este servicio estaba contratado con una empresa de la cual el exsecretario tesorero del SOMU era su presidente. El ahorro total fue del 100%.”
También la agencia de noticias Télam difundió que la intervención del SOMU confirmó que el gremio tiene un campo de 11.000 hectáreas en Chubut, específicamente en la zona de Península Valdés, lugar declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.
También aseguran que el exdirigente Omar “Caballo” Suárez y sus colaboradores más cercanos, administraban otra estancia y podría haber una tercera propiedad bajo dominio de los mismos dirigentes sindicales investigados.
César Zapata, uno de los delegados colaboradores de la intervención, detalló a la agencia de noticias nacional que “la estancia se llama `El Progreso´ y es propiedad del sindicato. Allí existiría ganado y maquinaria que nosotros, como afiliados, no conocemos”.
Zapata además señaló al exsecretario general del sindicato intervenido, Omar Suárez, como gerenciador de la estancia “16 de Agosto”, lindera al campo anterior, de unas 6.000 hectáreas, que “manejaba la conducción sindical anterior a través de la fundación Azul”.
Zapata integra junto con Javier Monroig, Dardo Raúl Morales y José Valderrama la nómina de delegados colaboradores locales de la intervención que a nivel nacional encabezan Santiago Viola, Jorge Alonso y Gladys González por mandato del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en febrero dispuso la medida en el sindicato que conducía “Caballo” Suárez.
Zapata definió a la situación encontrada como “increíble” y afirmó que a ese campo “nunca accedieron los afiliados”.
El delegado integra la agrupación “Gaucho Rivero” desde la cual “siempre nos opusimos al manejo que tenía el Sindicato porque veíamos que la plata pasaba, había un despliegue terrible pero nosotros nunca tuvimos acceso a esos bienes”.
“También se investiga un tercer campo que estaría en Península Valdés, que tiene vinculación con el gremio, con la fundación o con los anteriores dirigentes”, explicó Zapata, indignado porque “nosotros ni un camping teníamos y resulta que éramos dueños a través de la entidad sindical de campos con ganado y todo”.
El delegado reconoció que entre las irregularidades detectadas figura el contrato para alquilar camiones en Puerto Madryn por un costo mensual de casi 610.000 pesos, que fue dado de baja, contratado a una empresa de la cual el exsecretario tesorero del SOMU era presidente, según figura en el informe preliminar de la investigación.
“Pero eso no es todo: acá también había dos vehículos que desaparecieron y, lo que es peor, al parecer había vehículos y camionetas destinadas a Puerto Madryn que jamás llegaron”, deslizó Zapata.
En este escenario, la Comisión también detectó: “Ausencia total de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios; exorbitantes sobreprecios en las compras directas; ausencia total de planificación financiera; multiplicidad y superposición de tareas y cargos; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal de algunos directivos; robo de automóviles; ausencia de planificación y seguimiento en la construcción de obras”; además de un “pasivo detectado a la fecha de $ 8.985.896,95”.
El informe detalla los gastos de la anterior conducción, que la intervención redujo considerablemente. “La Administración Central del SOMU pagaba por conceptos sueldos y gastos personales a los directivos y personal contratado un total de $ 1.940.450. Este monto a partir de la intervención se redujo a $ 1.195.000 por iguales funciones, generando un ahorro de $ 745.450 mensuales representando un 38,41% menos”.
Entre otras irregularidades, en las delegaciones y seccionales se pagaban sueldos a “personal que no prestaba funciones y gastos personales de los representantes de esas dependencias la suma $382.060, monto que fue dejado de abonar”. Había empleados del sindicato que se los utilizaba para “servicios personales del Secretariado General”.#