La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación –STIA- realzó la decisión de la jueza Stella Eizmendi de rechazar la probation a favor de Omar “Cura” Segundo, su hijo Juan Paulo Segundo, María Rosa Chico y Federico Otero. Esta causa se encuadra en la presunta venta simulada de la pesquera Alpesca y que derivó en la imposibilidad, hasta ahora, de saber quién es el titular de la firma.
Luis Núñez, secretario general del gremio de la Alimentación, remarcó que “estamos más que complacidos de la decisión que adoptó la jueza”, además de plantear que en los días previos la entidad sindical realizó una presentación ante la posibilidad de la probation y las consecuencias que ello podría acarrear en el proceso de expropiación que lleva adelante el gobierno provincial y la recuperación de las fuentes de empleo.
El proceso lo lleva adelante la jueza Eroles que “detuvo todas las acciones entendiendo que mediante este juicio se podía llegar a develar quién es el titular de los bienes de Alpesca” dijo Núñez.
La dirigencia sindical sabe que existe una posibilidad que los defensores de los imputados apelen ante la Cámara Penal la resolución de rechazo de la medida de suspensión del juicio a prueba, los dirigentes sindicales procurarán iniciar un contacto con sus integrantes para explicar los alcances que esa medida puede generar.
Por otra parte, desde el STIA se remitió una nota al fiscal en jefe –Daniel Báez- con un contenido de características similares al remitido a la jueza Eizmendi. Según los manifestado por el secretario general del STIA, el fiscal “nos contestó sobre la actuación de ese organismo y, no nos dice de manera positiva lo que estamos solicitando, entiende que los bienes de la propiedad Alpesca y AP Holding está en cabeza de Omar Segundo.
Esta conclusión, a la que arribó la dirigencia gremial tras analizar el escrito de Báez, se funda en el argumento que “nunca se concretaron las presentaciones legales y formales por la operación de compra y venta”.
Agregaron por otra parte que “nosotros entendemos que el fiscal nos trata de decir eso con esta información”.
La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación –STIA- realzó la decisión de la jueza Stella Eizmendi de rechazar la probation a favor de Omar “Cura” Segundo, su hijo Juan Paulo Segundo, María Rosa Chico y Federico Otero. Esta causa se encuadra en la presunta venta simulada de la pesquera Alpesca y que derivó en la imposibilidad, hasta ahora, de saber quién es el titular de la firma.
Luis Núñez, secretario general del gremio de la Alimentación, remarcó que “estamos más que complacidos de la decisión que adoptó la jueza”, además de plantear que en los días previos la entidad sindical realizó una presentación ante la posibilidad de la probation y las consecuencias que ello podría acarrear en el proceso de expropiación que lleva adelante el gobierno provincial y la recuperación de las fuentes de empleo.
El proceso lo lleva adelante la jueza Eroles que “detuvo todas las acciones entendiendo que mediante este juicio se podía llegar a develar quién es el titular de los bienes de Alpesca” dijo Núñez.
La dirigencia sindical sabe que existe una posibilidad que los defensores de los imputados apelen ante la Cámara Penal la resolución de rechazo de la medida de suspensión del juicio a prueba, los dirigentes sindicales procurarán iniciar un contacto con sus integrantes para explicar los alcances que esa medida puede generar.
Por otra parte, desde el STIA se remitió una nota al fiscal en jefe –Daniel Báez- con un contenido de características similares al remitido a la jueza Eizmendi. Según los manifestado por el secretario general del STIA, el fiscal “nos contestó sobre la actuación de ese organismo y, no nos dice de manera positiva lo que estamos solicitando, entiende que los bienes de la propiedad Alpesca y AP Holding está en cabeza de Omar Segundo.
Esta conclusión, a la que arribó la dirigencia gremial tras analizar el escrito de Báez, se funda en el argumento que “nunca se concretaron las presentaciones legales y formales por la operación de compra y venta”.
Agregaron por otra parte que “nosotros entendemos que el fiscal nos trata de decir eso con esta información”.