Por otra parte, también solicitó hoy formalmente a Washington la detención y posterior extradición del predicador islamista Fethullah Gülen, un ex aliado del oficialismo en Ankara auto exiliado en Estados Unidos, por considerarlo el cerebro detrás del fallido golpe de Estado, que dejó alrededor de 290 muertos y una crispación política y social.
Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, había advertido ayer que antes de comenzar a tramitar la extradición reclamarían pruebas concretas de la participación de Gülen, quien vive en el estado de Pensilvania, en el fallido golpe de Estado.
El primer ministro turco, Binali Yildirim, volvió a acusar hoy a Gülen, a quien calificó de "cabecilla terrorista" y prometió enviar toda la "información necesaria" a sus socios norteamericanos para garantizar la extradición.
"Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿Pidieron ustedes pruebas al ir por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", desafió el premier hoy en un discurso ante el Parlamento en Ankara.
Entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado pasado parte de las Fuerzas Armadas turcas se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan e intentaron tomar el poder.
Sacaron a las calles tanques, cientos de soldados y hasta bombardearon desde el aire el Parlamento nacional. En total, 290 personas fallecieron durante esas 12 horas de caos e incertidumbre.
En su renovada cruzada contra Gülen, el gobierno está avanzando sobre todos los funcionarios, militares y medios de comunicación que considera son aliados, simpatizantes o al menos cercanos al predicador auto exiliado en Estados Unidos.
El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) anunció hoy en un comunicado que canceló las licencias de unas 20 emisoras de radio y televisión, como Bugün TV o Samanyolu Haber.
Esta decisión anula de forma completa las licencias de "todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas de FETO o mantengan lazos o vínculos con ella", explicó el texto, citado por la agencia de noticias EFE.
FETO es la organización que conecta las redes de simpatizantes de Gülen, un líder religioso que hasta 2013 era aliado del gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan y ahora es considerado el enemigo público número uno y el hombre que orquestó el golpe fallido del viernes pasado.
Desde su exilio auto impuesto en Pensilvania, Gülen negó toda relación con la asonada.
Varios de los medios que perdieron hoy su licencia ya habían sido intervenidos por el Estado durante el último año y sus responsables habían sido reemplazados por fideicomisarios. Otros, incluso, habían sido cerrados directamente.
Esta nueva censura se enmarcó en la ola de detenciones y purgas en todos los niveles del estado que sucedió al fallido golpe de Estado.
Hasta ayer la purga estatal había alcanzado a 2700 jueces, unos 8.000 policías y 30 de los 81 gobernadores del país, y más de 7.500 detenidos, entre ellos un tercio de los generales de las Fuerzas Armadas y 6.000 militares.
Hoy la purga se extendió masivamente al sistema educativo.
"A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas", informó la agencia de noticias semipública Anadolu.
A esta decisión se sumó la revocatoria de 21.000 licencias de maestros que trabajaban hasta hoy en escuelas privadas de todo el país, informó la cadena de televisión CNNTürk.
Al mismo tiempo, el Consejo Superior de Educación de Turquía pidió el cese de 1.577 decanos de las universidades publicas de todo el territorio, continuó CNNTürk.
La avanzada del gobierno de Erdogan provocó advertencias de Estados Unidos y las potencias europeas y hoy también de la oposición turca y de las Naciones Unidas.
El socialdemócrata Kemal Kilicdaroglu, el líder del mayor partido de la oposición en Turquía, el CHP, y uno de los primeros dirigentes políticos que anunció su rechazo al golpe de Estado el viernes a la noche, exigió la inmediata normalización del país tras el fallido levantamiento armado.
"La sociedad ha sufrido un serio trauma, nosotros debemos normalizar (la situación) rápidamente", dijo Kilicdaroglu tras reunirse esta mañana con el primer ministro turco, Binali Yildirim, quien por su parte agradeció al líder opositor su posicionamiento contra la intentona golpista.
La ONU, por su parte, criticó la suspensión masiva de jueces y fiscales dispuesta por el gobierno turco tras el intento de golpe de Estado y sostuvo que para proceder a una medida como esta "cada caso debe ser examinado antes de manera independiente e individual".
"Una suspensión masiva -como la que ha ocurrido en cuestión de 48 horas, con la remoción de al menos 2.745 jueces y fiscales- no permite una evaluación individual", declaró una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad Al Husein.
"La independencia de la judicatura y de cualquier profesional legal es clave para una administración de justicia, y los jueces deben ser capaces de ejercer sus funciones sin restricciones indebidas, presiones, amenazas o interferencias", sostuvo Zeid.
El diplomático también llamó a que el gobierno turco reconsidere su idea de reinstalar la pena de muerte, una idea repetida varias veces por el presidente Erdogan en los últimos días.
"Turquía abolió la pena de muerte en 2002, pero no ha realizado ninguna ejecución desde hace 32 años, y restablecerla sería una violación a sus obligaciones internacionales", sostuvo y recordó que, de todas formas, la pena capital "no se puede aplicar de manera retroactiva si ésta no estaba vigente cuando el crimen fue cometido".
Por otra parte, también solicitó hoy formalmente a Washington la detención y posterior extradición del predicador islamista Fethullah Gülen, un ex aliado del oficialismo en Ankara auto exiliado en Estados Unidos, por considerarlo el cerebro detrás del fallido golpe de Estado, que dejó alrededor de 290 muertos y una crispación política y social.
Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, había advertido ayer que antes de comenzar a tramitar la extradición reclamarían pruebas concretas de la participación de Gülen, quien vive en el estado de Pensilvania, en el fallido golpe de Estado.
El primer ministro turco, Binali Yildirim, volvió a acusar hoy a Gülen, a quien calificó de "cabecilla terrorista" y prometió enviar toda la "información necesaria" a sus socios norteamericanos para garantizar la extradición.
"Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿Pidieron ustedes pruebas al ir por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", desafió el premier hoy en un discurso ante el Parlamento en Ankara.
Entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado pasado parte de las Fuerzas Armadas turcas se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan e intentaron tomar el poder.
Sacaron a las calles tanques, cientos de soldados y hasta bombardearon desde el aire el Parlamento nacional. En total, 290 personas fallecieron durante esas 12 horas de caos e incertidumbre.
En su renovada cruzada contra Gülen, el gobierno está avanzando sobre todos los funcionarios, militares y medios de comunicación que considera son aliados, simpatizantes o al menos cercanos al predicador auto exiliado en Estados Unidos.
El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) anunció hoy en un comunicado que canceló las licencias de unas 20 emisoras de radio y televisión, como Bugün TV o Samanyolu Haber.
Esta decisión anula de forma completa las licencias de "todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas de FETO o mantengan lazos o vínculos con ella", explicó el texto, citado por la agencia de noticias EFE.
FETO es la organización que conecta las redes de simpatizantes de Gülen, un líder religioso que hasta 2013 era aliado del gobierno islamista de Recep Tayyip Erdogan y ahora es considerado el enemigo público número uno y el hombre que orquestó el golpe fallido del viernes pasado.
Desde su exilio auto impuesto en Pensilvania, Gülen negó toda relación con la asonada.
Varios de los medios que perdieron hoy su licencia ya habían sido intervenidos por el Estado durante el último año y sus responsables habían sido reemplazados por fideicomisarios. Otros, incluso, habían sido cerrados directamente.
Esta nueva censura se enmarcó en la ola de detenciones y purgas en todos los niveles del estado que sucedió al fallido golpe de Estado.
Hasta ayer la purga estatal había alcanzado a 2700 jueces, unos 8.000 policías y 30 de los 81 gobernadores del país, y más de 7.500 detenidos, entre ellos un tercio de los generales de las Fuerzas Armadas y 6.000 militares.
Hoy la purga se extendió masivamente al sistema educativo.
"A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas", informó la agencia de noticias semipública Anadolu.
A esta decisión se sumó la revocatoria de 21.000 licencias de maestros que trabajaban hasta hoy en escuelas privadas de todo el país, informó la cadena de televisión CNNTürk.
Al mismo tiempo, el Consejo Superior de Educación de Turquía pidió el cese de 1.577 decanos de las universidades publicas de todo el territorio, continuó CNNTürk.
La avanzada del gobierno de Erdogan provocó advertencias de Estados Unidos y las potencias europeas y hoy también de la oposición turca y de las Naciones Unidas.
El socialdemócrata Kemal Kilicdaroglu, el líder del mayor partido de la oposición en Turquía, el CHP, y uno de los primeros dirigentes políticos que anunció su rechazo al golpe de Estado el viernes a la noche, exigió la inmediata normalización del país tras el fallido levantamiento armado.
"La sociedad ha sufrido un serio trauma, nosotros debemos normalizar (la situación) rápidamente", dijo Kilicdaroglu tras reunirse esta mañana con el primer ministro turco, Binali Yildirim, quien por su parte agradeció al líder opositor su posicionamiento contra la intentona golpista.
La ONU, por su parte, criticó la suspensión masiva de jueces y fiscales dispuesta por el gobierno turco tras el intento de golpe de Estado y sostuvo que para proceder a una medida como esta "cada caso debe ser examinado antes de manera independiente e individual".
"Una suspensión masiva -como la que ha ocurrido en cuestión de 48 horas, con la remoción de al menos 2.745 jueces y fiscales- no permite una evaluación individual", declaró una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad Al Husein.
"La independencia de la judicatura y de cualquier profesional legal es clave para una administración de justicia, y los jueces deben ser capaces de ejercer sus funciones sin restricciones indebidas, presiones, amenazas o interferencias", sostuvo Zeid.
El diplomático también llamó a que el gobierno turco reconsidere su idea de reinstalar la pena de muerte, una idea repetida varias veces por el presidente Erdogan en los últimos días.
"Turquía abolió la pena de muerte en 2002, pero no ha realizado ninguna ejecución desde hace 32 años, y restablecerla sería una violación a sus obligaciones internacionales", sostuvo y recordó que, de todas formas, la pena capital "no se puede aplicar de manera retroactiva si ésta no estaba vigente cuando el crimen fue cometido".