Pérez Galimberti: “Hay que repensar los fueros”

Alfredo Pérez Galimberti debió lidiar con los fueros. Recuerda que durante la década de 1980, cuando era juez de instrucción y ejecución penal, debió enfrentar un caso en el que estaba involucrado un dirigente sindical y pese a pedir el desafuero, la entidad gremial no le quitó la inmunidad al imputado.

“Es un tema que tiene su complejidad, yo he escrito sobre esto hace más de 20 años cuando integré el Consejo de la Magistratura, donde examiné la cuestión de los fueros, sus antecedentes históricos y sus manifestaciones concretas en la letra de la Constitución de la provincia”.

En ese contexto opinó que la reforma debe ser integral y no “hacer parches”, aunque consideró que es necesario repensar el sistema de fueros.

“Hay diferentes campos, por un lado está la inmunidad de arresto, también la de opinión y la de proceso, así que son diferentes manifestaciones de esta protección”, dijo Pérez Galimberti.

Explicó que las inmunidades consagradas en la Constitución de la provincia “protegen el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. Porque si un legislador es imputado por un delito y es arrestado no puede ir a la asamblea legislativa; si un juez es imputado y arrestado no puede atender las causas que lleva”.

Ocupados en defenderse

Según explicó el exdefensor general, “la posibilidad de investigar a jueces funcionarios del más alto rango por faltas y delitos funcionales puede hacer que algunos querulantes, personas que denuncian todo el tiempo, pongan a estos funcionarios a trabajar en defenderse en lugar de hacer su trabajo”.

En ese sentido Pérez Galimberti cuenta que en Perú, donde estuvo mucho tiempo trabajando en asesoramiento sobre la reforma procesal, “esto funciona de esta manera, entonces lo que sucede es que cada vez que hay una sentencia que contradice a una de las partes – lo que ocurre en todo litigio- la parte vencida denuncia al juez por prevaricato, porque aplicó mal el derecho”.

“El Ministerio Público Fiscal tiene que abrir una causa contra este juez porque si no el denunciante lo denuncia al fiscal por prevaricato y así cada juez carga con una cantidad importante de causas que llegan al Consejo de la Magistratura”, dijo el abogado.

Al final “el juez está todo el tiempo atendiendo a la evolución de este tipo de procesos” y no lo que debería ser su trabajo de administración de justicia.

Diferenciar las causas

Otra diferenciación que marcó el jurista es sobre la naturaleza de los distintos procesos a los que pueden ser sometidos quienes hoy gozan de inmunidad. “Si un juez comete un crimen, Dios no quiera que pase, primero funciona la justicia penal, se pide lo que haya que pedir al tribunal de enjuiciamiento para que le quite los fueros, y se puedan realizar allanamientos o arrestos y una vez que termina el proceso, si se lo encuentra culpable, después se lo priva del cargo”.

“Ahora si el delito es prevaricato, o abuso de autoridad, por poner dos ejemplos, lo primero debe ser seguir el camino administrativo para que el sistema de administración diga este hombre cometió abuso de autoridad, entonces lo separamos del cargo y a partir de allí que quede en manos de la justicia”, explicó.

Por el contrario, para el abogado cuando “se hacen investigaciones contra personas que tienen protección constitucional y por delitos por faltas funcionales, esto a mi juicio es muy complicado en el terreno de la preservación de las instituciones, porque obliga a los funcionarios a defenderse más que ocuparse de sus trabajos”.

Repensar el sistema

Pérez Galimberti sostuvo que “habría que representar todo el sistema de fueros, en su totalidad. Habría que pensar en estos diferentes campos, qué protección daremos a la inmunidad de opinión, qué protección al domicilio y al arresto de funcionarios, legisladores y magistrados”, para luego agregar que en el caso de la “inmunidad de proceso debe establecerse si es sobre qué tipo de faltas o delitos, o si la vamos a suprimir de la Constitución y de esa manera tener un panorama completo”.

En ese sentido, el exdefensor general consideró que “hacer parches es muy complicado, así que tocar la Constitución es muy delicado, es nuestra carta de navegación de la república, como decía Alberdi, así que debe hacerse con mucho cuidado, con mucha precisión para seguir manteniendo la protección de los derechos y al mismo tiempo no convalidar situaciones que a primera vista parecen grotescas”.

Inmunidad de opinión

En cuanto a la inmunidad de opinión, el exdefensor general de la provincia advirtió que “está fuera de discusión para que la persona pueda decir lo que tenga que decir en el desempeño de su cargo”. Aunque en este mismo escenario reconoció que en muchos casos esa inmunidad se ha extendido y se ha abusado de la misma.

“Alguna persona que tenía un cargo pensaba que podía decir lo que se le ocurriera del prójimo sin pagar, y esto no es correcto. Todo lo que tenga que ver con su función tiene que tener esa preservación, pero si se dedica a criticar al vecino porque hace algo que no le gusta, no debería tener ninguna protección”, dijo el abogado.

Los fueros sindicales

“Estamos totalmente de acuerdo que es repugnante que una persona imputada de un delito grotesco como un delito sexual grave se ampare en los fueros; pero el problema es cómo hacemos para determinar de qué delitos protegemos a alguien que tienen representación sindical”, dijo Pérez Galimberti, quien sostuvo que “el fuero sindical es una incorporación de la Constitución de la provincia y el punto es que quien da permiso para que caiga la protección es el propio sindicato”.

El abogado sostuvo que “si hay un problema de una fuerte lucha sindical por reivindicaciones del sector, a una persona se le imputa cualquier delito para sacarlo de circulación” y es justamente por ese motivo que se otorgó esa inmunidad.#