Michetti, más complicada: piden investigar donaciones a SUMA
El abogado Leonardo Martínez Herrero que denunció a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, por el origen del dinero robado en su casa, pidió hoy ampliar la investigación para determinar cómo se canalizaron donaciones recibidas por la fundación "SUMA", presidida por ella.
El pedido fue hecho por Martínez Herrero al juez del caso, Ariel Lijo, a raíz de informaciones que dan cuenta de la recepción de donaciones por parte de SUMA a través de una plataforma de pago electrónico, "Mercado Pago", según el escrito presentado.
Este habría sido el método de recaudación durante una cena de gala de la Fundación, en el predio de la Rural de Palermo, según se ve en una filmación, que muestra a voluntarios recolectando donaciones con un "posnet" portátil, mesa por mesa.
El abogado pidió que la plataforma, que se opera a través del sitio de internet Mercado Libre, "remita todas las operaciones realizadas" con un detalle de "las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta, especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas, a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado por esa modalidad a las arcas de SUMA".
Además le solicitó al juez que requiera "datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular, y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organismos correspondientes y en su información contable".
"Atento a la demora de la fundación, en efectuar sus presentaciones en la IGJ (Inspección General de Justicia) como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones", agregó el abogado.
La semana pasada, Lijo ordenó una decena de medidas de prueba en la causa, entre ellas una orden de presentación a la fundación para que remita los libros contables al juzgado.
Eso se cumplió un día después de impartida la orden judicial porque los libros, según se le informó a personal de Gendarmería que fue a la sede, estaban en la oficina de un contador y fueron llevados a Comodoro Py al día siguiente.
El pedido fue hecho por Martínez Herrero al juez del caso, Ariel Lijo, a raíz de informaciones que dan cuenta de la recepción de donaciones por parte de SUMA a través de una plataforma de pago electrónico, "Mercado Pago", según el escrito presentado.
Este habría sido el método de recaudación durante una cena de gala de la Fundación, en el predio de la Rural de Palermo, según se ve en una filmación, que muestra a voluntarios recolectando donaciones con un "posnet" portátil, mesa por mesa.
El abogado pidió que la plataforma, que se opera a través del sitio de internet Mercado Libre, "remita todas las operaciones realizadas" con un detalle de "las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta, especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas, a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado por esa modalidad a las arcas de SUMA".
Además le solicitó al juez que requiera "datos de las personas físicas/jurídicas que realizaron las donaciones con el detalle de las mismas, la cuenta de banco que está ligada al usuario que recibe las donaciones a fin de verificar si la cuenta pertenece a la fundación SUMA o bien es de un particular, y si el detalle de todas estas donaciones se encuentra declarado por la Fundación en los organismos correspondientes y en su información contable".
"Atento a la demora de la fundación, en efectuar sus presentaciones en la IGJ (Inspección General de Justicia) como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se efectúe sobre los mismos una prueba pericial scopométrica a los efectos de determinar si la antigüedad de las tintas se condicen con las fechas en que supuestamente se efectuaron los mismos y si registran correcciones y/o alteraciones", agregó el abogado.
La semana pasada, Lijo ordenó una decena de medidas de prueba en la causa, entre ellas una orden de presentación a la fundación para que remita los libros contables al juzgado.
Eso se cumplió un día después de impartida la orden judicial porque los libros, según se le informó a personal de Gendarmería que fue a la sede, estaban en la oficina de un contador y fueron llevados a Comodoro Py al día siguiente.