Los cortes realizados por el SOMU y el SUPA la semana pasada en las rutas 7 y 25 puso otra vez en el tapete una cuestión discutida hasta el cansancio por diferentes actores de la sociedad. En esta ocasión, los perjudicados fueron los trabajadores públicos del Valle que se encontraron a primera hora de la mañana con el tránsito interrumpido.
El problema no se circunscribe al ámbito provincial. Ocurre también en las rutas nacionales y en las ciudades más importantes de la provincia. El combo suele completarse con cortes de calles, grandes humaredas y quema de cubiertas sobre el pavimento que después pagan los contribuyentes.
Es el resultado de muchos años de desidia de un Estado ausente, que con su dejadez abrió el camino para que algunos sectores del sindicalismo establecieran los cortes de ruta como ariete de sus reclamos a sabiendas de que era la manera segura de conseguir respuestas.
El gobernador Das Neves se quejó con razón y aseguró que su gobierno no tolerará un solo episodio más que ponga en jaque la libertad de los vecinos. No se trata de una postura desmedida y extemporánea. Es el pronunciamiento de un funcionario asqueado de los que viven en la marginalidad. El desubicado no es el que se opone a un corte de ruta sino el que, con sus actos, muestra desprecio por las leyes vigentes.
El delito de entorpecimiento de servicios públicos está previsto en el art. 194 del Código Penal y castiga a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra.
El derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional pero ningún enunciado otorga la facultad de impedir el tránsito u obstruir el paso de los ciudadanos.
Cumplir con la ley no está supeditado al libre albedrío de las personas. A las leyes hay que aceptarlas y así como los ciudadanos tienen la obligación de obedecerlas, los funcionarios tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir.
En la búsqueda de ese objetivo es fundamental que los actores del Poder Judicial que tienen injerencia en el asunto no se borren. No hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas si tenemos jueces y fiscales timoratos. De la misma manera la cuestión debería ser motivo de análisis de las organizaciones gremiales. Los sindicatos deberían incluir en sus plenarios el debate sobre estas prácticas que lo alejan de la sociedad. El desafío que tienen por delante es encontrar la forma de no desviarse un ápice de la defensa de los derechos de los trabajadores pero con acciones más originales, menos rancias, más imaginativas y menos traumáticas.
La decisión de desterrar este tipo de prácticas no debería ser solo el objetivo de un gobernador, porque hoy es un dolor de cabeza para Das Neves, pero antes lo fue para Buzzi y más atrás para Lizurume o Maestro y mañana será un problema para el que venga. Y más allá del “pellejo” del mandatario de turno, el consenso de la dirigencia política debería apuntar a proteger al grueso de la sociedad que termina siendo el principal perjudicado.
Nuestros dirigentes tienen que perderle el miedo a los costos políticos y ponerle el pecho al argumento absurdo de que los que se oponen a un corte de ruta son de derecha y antipopulares.
La ley no es ni de derecha ni de izquierda. La sociedad está harta de los atropellos y reclama que el Estado la proteja y que funcione como debe funcionar. #
Los cortes realizados por el SOMU y el SUPA la semana pasada en las rutas 7 y 25 puso otra vez en el tapete una cuestión discutida hasta el cansancio por diferentes actores de la sociedad. En esta ocasión, los perjudicados fueron los trabajadores públicos del Valle que se encontraron a primera hora de la mañana con el tránsito interrumpido.
El problema no se circunscribe al ámbito provincial. Ocurre también en las rutas nacionales y en las ciudades más importantes de la provincia. El combo suele completarse con cortes de calles, grandes humaredas y quema de cubiertas sobre el pavimento que después pagan los contribuyentes.
Es el resultado de muchos años de desidia de un Estado ausente, que con su dejadez abrió el camino para que algunos sectores del sindicalismo establecieran los cortes de ruta como ariete de sus reclamos a sabiendas de que era la manera segura de conseguir respuestas.
El gobernador Das Neves se quejó con razón y aseguró que su gobierno no tolerará un solo episodio más que ponga en jaque la libertad de los vecinos. No se trata de una postura desmedida y extemporánea. Es el pronunciamiento de un funcionario asqueado de los que viven en la marginalidad. El desubicado no es el que se opone a un corte de ruta sino el que, con sus actos, muestra desprecio por las leyes vigentes.
El delito de entorpecimiento de servicios públicos está previsto en el art. 194 del Código Penal y castiga a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra.
El derecho a manifestarse está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional pero ningún enunciado otorga la facultad de impedir el tránsito u obstruir el paso de los ciudadanos.
Cumplir con la ley no está supeditado al libre albedrío de las personas. A las leyes hay que aceptarlas y así como los ciudadanos tienen la obligación de obedecerlas, los funcionarios tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir.
En la búsqueda de ese objetivo es fundamental que los actores del Poder Judicial que tienen injerencia en el asunto no se borren. No hay ninguna posibilidad de cambiar las cosas si tenemos jueces y fiscales timoratos. De la misma manera la cuestión debería ser motivo de análisis de las organizaciones gremiales. Los sindicatos deberían incluir en sus plenarios el debate sobre estas prácticas que lo alejan de la sociedad. El desafío que tienen por delante es encontrar la forma de no desviarse un ápice de la defensa de los derechos de los trabajadores pero con acciones más originales, menos rancias, más imaginativas y menos traumáticas.
La decisión de desterrar este tipo de prácticas no debería ser solo el objetivo de un gobernador, porque hoy es un dolor de cabeza para Das Neves, pero antes lo fue para Buzzi y más atrás para Lizurume o Maestro y mañana será un problema para el que venga. Y más allá del “pellejo” del mandatario de turno, el consenso de la dirigencia política debería apuntar a proteger al grueso de la sociedad que termina siendo el principal perjudicado.
Nuestros dirigentes tienen que perderle el miedo a los costos políticos y ponerle el pecho al argumento absurdo de que los que se oponen a un corte de ruta son de derecha y antipopulares.
La ley no es ni de derecha ni de izquierda. La sociedad está harta de los atropellos y reclama que el Estado la proteja y que funcione como debe funcionar. #