¿Menem y Corach, a juicio por las coimas de Siemmens-DNI?

El Tribunal Oral que prepara el juicio contra doce procesados por un multimillonario pago de sobornos desde la empresa alemana Siemens a funcionarios en el menemismo, para adjudicarse la confección de los DNI argentinos, requirió al juez federal Ariel Lijo que defina si el ex presidente Carlos Menem, su ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex director de Migraciones Hugo Franco deben ser acusados y enjuiciados.

05 MAY 2017 - 10:57 | Actualizado


La solicitud partió del Tribunal Oral Federal 3, que tiene a cargo el debate contra 12 acusados que Lijo ya envió a juicio, entre ellos directivos argentinos de esa empresa, en una decisión que dividió la causa y dejó para otra etapa la definición de la situación de altos ex funcionarios argentinos como beneficiarios del pago de los sobornos.

Los hechos investigados ocurrieron hace más de dos décadas, en 1998, cuando directivos alemanes de la filial argentina de Siemens habrían pagado sobornos para quedarse con la licitacion de los DNI, en el menemismo en un contrato que llegó a firmarse por 1.200 millones de dólares, y que, luego, al asumir la gestión de Fernando De la Rúa, fue dejado sin efecto. 

"Vista la clara identidad que se advierte entre la imputación dirigida a las doce personas por las cuales se elevó esta causa a juicio, y la hipótesis delictiva en que se fundó la extracción de testimonios respecto de los funcionarios públicos aludidos y mencionados en las citadas piezas -habida cuenta que sus voluntades habrían estado dirigidas a un fin bilateral- deviene imprescindible requerirle al juez instructor que adopte algún temperamento respecto de aquéllos, sea elevando sus actuaciones a juicio o desvinculándolos definitivamente del proceso", advirtió el Tribunal en una resolución a la que accedió Télam

Los jueces Andrés Basso, Javier Rios y Fernando Machado Pelloni advirtieron que "resulta manifiestamente inconveniente dar inicio a debate alguno sin que tal extremo haya sido aclarado".
Para sostener este argumento, se basaron en la acusación del fiscal y del propio juez, al enviar parte del caso a juicio oral.

Según la acusación, "se corroboró que se celebró un acuerdo espurio entre funcionarios públicos con poder de decisión, ejecución y opinión relevante respecto de la licitación pública mencionada, y directivos de una de las firmas oferentes de esa licitación, Siemens It Services S.A., subsidiaria de Siemens AG", recordaron.

En tanto, la fiscalía precisó en su elevación a juicio que "de la prueba documental remitida por la Fiscalía de Munich se desprenden claros indicios que indicarían que los pagos a las firmas Pepcon Corporation S.A., Mirror Develpoment Inc. y Finli Advisors Inc., estaban dirigidos a Carlos Saúl Menem, Carlos V. Corach y Hugo Daniel Franco, respectivamente”, remarcó el Tribunal.
Todas estas empresas fueron creadas, según la Justicia, para canalizar el pago de los sobornos.

Para los jueces a cargo del juicio si bien generalmente se admiten las elevaciones parciales a debate para no dilatar las causas judiciales, en este caso "cabe trazar una excepción, por inadmisible" porque no es viable la posibilidad de que "la situación de quienes a la época de los hechos desempeñaban funciones públicas de notable relevancia y, entre ellos, la de máxima trascendencia institucional en un diseño presidencialista, pueda ventilarse separadamente de los simples particulares por los que se remitió este caso a juicio".

Durante la investigación se dio por probada la existencia de "una conducta sistemática, a través de la división de roles entre integrantes del grupo Siemens, para pagar sobornos a funcionarios públicos, con el fin de obtener el proyecto ‘Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas en la República Argentina’”.

El 29 de diciembre del año pasado, Lijo envió a juicio a los empresarios Uriel Sharef, Ulrich Fritz Bock, Eberhard Reichert, Bernd Regendantz, Ernes Brechtel, Luis Schirado, Andrés Truppel, Ralp Kleimhempel, José Alberto Ares, Miguel Czysch, Carlos Soriano y Herbert Hans Steffen.

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05 MAY 2017 - 10:57


La solicitud partió del Tribunal Oral Federal 3, que tiene a cargo el debate contra 12 acusados que Lijo ya envió a juicio, entre ellos directivos argentinos de esa empresa, en una decisión que dividió la causa y dejó para otra etapa la definición de la situación de altos ex funcionarios argentinos como beneficiarios del pago de los sobornos.

Los hechos investigados ocurrieron hace más de dos décadas, en 1998, cuando directivos alemanes de la filial argentina de Siemens habrían pagado sobornos para quedarse con la licitacion de los DNI, en el menemismo en un contrato que llegó a firmarse por 1.200 millones de dólares, y que, luego, al asumir la gestión de Fernando De la Rúa, fue dejado sin efecto. 

"Vista la clara identidad que se advierte entre la imputación dirigida a las doce personas por las cuales se elevó esta causa a juicio, y la hipótesis delictiva en que se fundó la extracción de testimonios respecto de los funcionarios públicos aludidos y mencionados en las citadas piezas -habida cuenta que sus voluntades habrían estado dirigidas a un fin bilateral- deviene imprescindible requerirle al juez instructor que adopte algún temperamento respecto de aquéllos, sea elevando sus actuaciones a juicio o desvinculándolos definitivamente del proceso", advirtió el Tribunal en una resolución a la que accedió Télam

Los jueces Andrés Basso, Javier Rios y Fernando Machado Pelloni advirtieron que "resulta manifiestamente inconveniente dar inicio a debate alguno sin que tal extremo haya sido aclarado".
Para sostener este argumento, se basaron en la acusación del fiscal y del propio juez, al enviar parte del caso a juicio oral.

Según la acusación, "se corroboró que se celebró un acuerdo espurio entre funcionarios públicos con poder de decisión, ejecución y opinión relevante respecto de la licitación pública mencionada, y directivos de una de las firmas oferentes de esa licitación, Siemens It Services S.A., subsidiaria de Siemens AG", recordaron.

En tanto, la fiscalía precisó en su elevación a juicio que "de la prueba documental remitida por la Fiscalía de Munich se desprenden claros indicios que indicarían que los pagos a las firmas Pepcon Corporation S.A., Mirror Develpoment Inc. y Finli Advisors Inc., estaban dirigidos a Carlos Saúl Menem, Carlos V. Corach y Hugo Daniel Franco, respectivamente”, remarcó el Tribunal.
Todas estas empresas fueron creadas, según la Justicia, para canalizar el pago de los sobornos.

Para los jueces a cargo del juicio si bien generalmente se admiten las elevaciones parciales a debate para no dilatar las causas judiciales, en este caso "cabe trazar una excepción, por inadmisible" porque no es viable la posibilidad de que "la situación de quienes a la época de los hechos desempeñaban funciones públicas de notable relevancia y, entre ellos, la de máxima trascendencia institucional en un diseño presidencialista, pueda ventilarse separadamente de los simples particulares por los que se remitió este caso a juicio".

Durante la investigación se dio por probada la existencia de "una conducta sistemática, a través de la división de roles entre integrantes del grupo Siemens, para pagar sobornos a funcionarios públicos, con el fin de obtener el proyecto ‘Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas en la República Argentina’”.

El 29 de diciembre del año pasado, Lijo envió a juicio a los empresarios Uriel Sharef, Ulrich Fritz Bock, Eberhard Reichert, Bernd Regendantz, Ernes Brechtel, Luis Schirado, Andrés Truppel, Ralp Kleimhempel, José Alberto Ares, Miguel Czysch, Carlos Soriano y Herbert Hans Steffen.


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