Muchas quejas por fotomultas que se reciben en Chubut
Se trata de vecinos a quienes les quieren cobrar desde otras provincias donde nunca manejaron. En el último año hubo 166 actuaciones. Reclamo por más personal.
El defensor del Pueblo de la Provincia, Héctor Simionatti, advirtió en su Informe Anual de Gestión que en el lapso marzo de 2016 y febrero de 2017, hubo 166 actuaciones formales e informales vinculadas con las quejas por foto-multas “Esto hizo que le diéramos un tratamiento diferenciado”, explicó. Algunas actuaciones las diligenció directamente la Defensoría; otras se trabajaron con Sandra Riquelme, delegada en Chubut de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Los reclamos suelen ser por errores de tipeo del funcionario que confecciona la infracción, deficiente visualización de controlador, etcétera. Los vecinos de Chubut las reciben de parte de juzgados de Faltas o municipios de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal, en su mayoría.
“Habitualmente los multados nunca estuvieron en los sitios donde se les labrara la infracción. En general estas cuestiones se resuelven positivamente. Luego de realizar la gestión ante los Juzgados de Faltas, se verifica por internet que efectivamente se haya dado de baja la multa”, aseveró Simionatti.
Según citó, “la función de todo sistema en materia de tránsito y seguridad vial, debería ser la prevención de los accidentes de siniestralidad y no el fin recaudatorio”. Cuando esto sucede “este sistema no funciona como preventivo sino como represivo y recaudatorio porque el beneficio social del sistema es nulo y muy retardado en el tiempo siendo un sistema que demostró no ser eficaz, ya que no previene ni subsana la supuesta infracción, sino que sólo sirve para hacer una factura o una multa y tratar de cobrar”.
“Los municipios involucrados disfrazando el imperativo legal, lesionan garantías constitucionales de los ciudadanos, al aplicar una multa con la única finalidad de recaudar fondos para las comunas”.
Según el Informe Anual de la Defensoría, en el último año se tramitaron 1.554 actuaciones: 1.163 fueron gestiones informales y 391, formales. “Las actuaciones referidas, al igual que en el pasado período, buscaron brindar soluciones ante la vulneración de derechos relacionadas con modos deficientes en la prestación de servicios públicos, con cuestiones vinculadas al derecho de familia y civil en general y a la atención de la salud, principalmente”.
Se incrementaron las problemáticas referidas a los servicios públicos, “con el agravante que a partir de 2016 el Gobierno Nacional puso en marcha una política de incrementos de tarifas en todos los servicios, lo cual indudablemente genera un impacto altamente negativo en el poder adquisitivo de la población”, adujo el funcionario.
Según el balance, “el informalismo continúa siendo el modo de actuar más frecuente de la Defensoría del Pueblo, lo cual permite agilizar las gestiones y procedimientos, obteniendo en tiempos breves las respuestas requeridas por las personas o entidades que presentan sus quejas. Podemos decir que en el 85% de los casos la respuesta obtenida a través del organismo es satisfactoria”.
Simionatti explicó que “en virtud del rol que tuvieron las Defensorías del país como consecuencia de los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, uno de los puntales para obligar al Gobierno nacional a convocar a audiencias públicas, nuestros organismos fueron más visibles para la sociedad”.
“Chubut no fue la excepción –agregó-, sobre todo teniendo en cuenta que en su momento, y con el objeto de ampliar los beneficios de un eventual fallo favorable a todos los usuarios de la provincia, adhirió a la acción instaurada por el Gobierno de la provincia en virtud del incremento de la tarifa de gas”.
La mayor visibilidad social, auspiciosa para la Defensoría, “genera un mayor compromiso y necesidad de generar un salto cualitativo en el funcionamiento del organismo”. Esto implica tener más recursos materiales y más personal profesional y técnico de diversas disciplinas para acrecentar la capacidad de respuesta “como la ciudadanía exige y merece”. Este planteo es ya tradicional. “Como dato ejemplificativo cabe mencionar que de los diez empleados de planta permanente con que contamos para la sede central y las Defensorías Adjuntas de Comodoro Rivadavia y Esquel sólo tenemos dos abogados, uno en Rawson y una profesional en Comodoro Rivadavia, hoy con licencia médica”.#
El defensor del Pueblo de la Provincia, Héctor Simionatti, advirtió en su Informe Anual de Gestión que en el lapso marzo de 2016 y febrero de 2017, hubo 166 actuaciones formales e informales vinculadas con las quejas por foto-multas “Esto hizo que le diéramos un tratamiento diferenciado”, explicó. Algunas actuaciones las diligenció directamente la Defensoría; otras se trabajaron con Sandra Riquelme, delegada en Chubut de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Los reclamos suelen ser por errores de tipeo del funcionario que confecciona la infracción, deficiente visualización de controlador, etcétera. Los vecinos de Chubut las reciben de parte de juzgados de Faltas o municipios de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal, en su mayoría.
“Habitualmente los multados nunca estuvieron en los sitios donde se les labrara la infracción. En general estas cuestiones se resuelven positivamente. Luego de realizar la gestión ante los Juzgados de Faltas, se verifica por internet que efectivamente se haya dado de baja la multa”, aseveró Simionatti.
Según citó, “la función de todo sistema en materia de tránsito y seguridad vial, debería ser la prevención de los accidentes de siniestralidad y no el fin recaudatorio”. Cuando esto sucede “este sistema no funciona como preventivo sino como represivo y recaudatorio porque el beneficio social del sistema es nulo y muy retardado en el tiempo siendo un sistema que demostró no ser eficaz, ya que no previene ni subsana la supuesta infracción, sino que sólo sirve para hacer una factura o una multa y tratar de cobrar”.
“Los municipios involucrados disfrazando el imperativo legal, lesionan garantías constitucionales de los ciudadanos, al aplicar una multa con la única finalidad de recaudar fondos para las comunas”.
Según el Informe Anual de la Defensoría, en el último año se tramitaron 1.554 actuaciones: 1.163 fueron gestiones informales y 391, formales. “Las actuaciones referidas, al igual que en el pasado período, buscaron brindar soluciones ante la vulneración de derechos relacionadas con modos deficientes en la prestación de servicios públicos, con cuestiones vinculadas al derecho de familia y civil en general y a la atención de la salud, principalmente”.
Se incrementaron las problemáticas referidas a los servicios públicos, “con el agravante que a partir de 2016 el Gobierno Nacional puso en marcha una política de incrementos de tarifas en todos los servicios, lo cual indudablemente genera un impacto altamente negativo en el poder adquisitivo de la población”, adujo el funcionario.
Según el balance, “el informalismo continúa siendo el modo de actuar más frecuente de la Defensoría del Pueblo, lo cual permite agilizar las gestiones y procedimientos, obteniendo en tiempos breves las respuestas requeridas por las personas o entidades que presentan sus quejas. Podemos decir que en el 85% de los casos la respuesta obtenida a través del organismo es satisfactoria”.
Simionatti explicó que “en virtud del rol que tuvieron las Defensorías del país como consecuencia de los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, uno de los puntales para obligar al Gobierno nacional a convocar a audiencias públicas, nuestros organismos fueron más visibles para la sociedad”.
“Chubut no fue la excepción –agregó-, sobre todo teniendo en cuenta que en su momento, y con el objeto de ampliar los beneficios de un eventual fallo favorable a todos los usuarios de la provincia, adhirió a la acción instaurada por el Gobierno de la provincia en virtud del incremento de la tarifa de gas”.
La mayor visibilidad social, auspiciosa para la Defensoría, “genera un mayor compromiso y necesidad de generar un salto cualitativo en el funcionamiento del organismo”. Esto implica tener más recursos materiales y más personal profesional y técnico de diversas disciplinas para acrecentar la capacidad de respuesta “como la ciudadanía exige y merece”. Este planteo es ya tradicional. “Como dato ejemplificativo cabe mencionar que de los diez empleados de planta permanente con que contamos para la sede central y las Defensorías Adjuntas de Comodoro Rivadavia y Esquel sólo tenemos dos abogados, uno en Rawson y una profesional en Comodoro Rivadavia, hoy con licencia médica”.#