POLICIALES

Le pegó porque tenía roto un botón del pantalón y deberá capacitarse mediante la “Ley Micaela”

Aunque la víctima rechazó la propuesta, el juez habilitó a Leonel Andrade, el acusado, a realizar un tratamiento psicológico, no contactarse con la mujer y realizar 30 horas de trabajo comunitario en favor de una institución educativa pública. Fiscalía también avaló la salida alternativa.

22/10/2020 02:00

Protagonistas. Arriba, el juez; debajo, la fiscal y el imputado beneficiado con la suspensión del juicio.

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A pesar de la negativa de la víctima, el juez de Sarmiento Alejandro Rosales homologó la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba en beneficio de Lucas Leonel Andrade, imputado del delito de lesiones leves, agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que ha mantenido una relación de pareja y en contexto de violencia familiar. El origen de la agresión fue por la rotura de un botón de un pantalón y por chateos con otra persona.

Los representantes del Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal acordaron un plazo de dos años de prueba. Durante ese período, Andrade deberá realizar un tratamiento psicológico, no podrá establecer contacto con la víctima y tendrá que realizar treinta horas de trabajo comunitario en favor de una institución pública educativa.

Los representantes del Poder Judicial resolvieron que el imputado debe asistir de manera obligatoria a una capacitación sobre violencia de género, en el marco de la denominada “Ley Micaela” .

Esta normativa establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres en forma integral, a los fines de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales.

?Al inicio de la audiencia, el defensor Gustavo Oyarzun peticionó al magistrado la incorporación de su defendido al instituto de suspensión de juicio a prueba. En este sentido, el defensor explicó que la pieza de acusación pública presentada por la fiscalía, establecía un pedido de pena de un año de prisión en suspenso para Lucas Andrade.

Agregó que la causa judicial se trata de un caso de violencia de género, que derivó en un hecho de lesiones leves agravadas contra la víctima. Luego del análisis del marco teórico legal de la causa, consideró que el imputado estaba en condiciones de acceder a este beneficio y además ofrecer una reparación a la víctima, informó un parte de prensa de la Fiscalía de Sarmiento.

Con respecto al plazo, sostuvo que el período de dos años era un tiempo razonable de suspensión del juicio. Durante ese período Andrade deberá fijar domicilio, presentarse ante el cuerpo de delgados de control cada cuatro meses, y no podrá contactarse por ninguna vía con la víctima.

En tanto, como forma de reparación, ofreció que su asistido se someta voluntariamente a un tratamiento psicológico a los fines de intentar mejorar su persona a futuro.

También propuso la realización de treinta horas de trabajo comunitario en favor de alguna de las veinte instituciones que brindan servicios educativos en esta comunidad. Sus tareas consistirían en la realización de trabajos informáticos, a demanda.

“Ley Micaela”

Luego, el juez otorgó la palabra a la víctima. La mujer expresó que no estaba de acuerdo con la propuesta, elaborada por el representante de la Defensa Pública. Además relató que como consecuencia de las agresiones sufridas, ella debió asistir a un costoso tratamiento psicológico.

A su turno, la fiscal Laura Castagno manifestó que como titular de la acción pública, en el análisis objetivo de las circunstancias del caso, era factible la aplicación del instituto en función de que Andrade no registraba antecedentes penales computables.

A ello, la acusadora solicitó que se requiera a la Escuela de Capacitación Judicial (E.C.J) de la provincia de Chubut, o a un organismo judicial dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, la incorporación de Lucas Andrade a la capacitación permanente, en temas de violencia de género, a través de la “Ley Micaela”

Según explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, el objetivo es que el imputado se capacite y concientice respecto de los conceptos sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres

Luego de escuchar las postulaciones de las partes, Rosales resolvió homologar la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en los términos acordados por las partes. Asimismo, destacó la propuesta innovadora, presentada por la fiscal Laura Castagno, respecto de la incorporación de la “Ley Micaela” en este tipo de casos de violencia de género.

El caso

El 31 de marzo de 2019, a las 12:00, Andrade y su pareja se encontraban en la habitación de la vivienda que compartían. En ese contexto el imputado le manifestó a la víctima que estaba enojado. El motivo de su ofuscación era que tenía roto un botón de su pantalón, explicó.

Andrade la obligó a que le entregara el teléfono celular. También le exigió que lo desbloqueara. Allí comenzó a revisar Whatsapp, el Messenger y la galería de fotos. Cuando advirtió un intercambio de mensajes con una persona, el imputado habría iniciado las agresiones físicas contra su pareja.

Las situaciones de violencia se repitieron a lo largo de esa jornada. Finalmente, los familiares de la víctima pudieron acudir al domicilio y auxiliarla.