De Boca en Boca y #DesdeElTwitter

Sastre, indignado con la manifestación en la puerta de su casa que asustó a su hijo. “Con la salud no se juega”, cuestionó Maderna a los que hablaron del Covid de José Giménez. Pablo Das Neves se postula en el Ministerio Público Fiscal. Y más.

06 DIC 2020 - 17:49 | Actualizado

El nene tiene 10 años y vive en Puerto Madryn. Volvía de jugar con unos amigos y cuando se acercó a su casa vio a un grupo de personas exaltadas que gritaban e insultaban en la vereda. “No es no”, decía uno de los carteles. Y otras pancartas hacían alusión a su padre, al que le advertían algo que el nene no alcanzó a leer o comprender.

Por más que lo intentó, no pudo ingresar a su casa. Llamó a su madre por celular pero ella no podía salir porque el grupo estaba muy exaltado. El chico se asustó. Mucho. Un policía atento lo subió a un patrullero y lo llevó a la comisaría.

Estaba angustiado y debió esperar un rato hasta que su padre llegó a rescatarlo de un momento difícil para cualquier chico de esa edad.

Ocurrió el viernes a las puertas del domicilio del vicegobernador Ricardo Sastre, en la ciudad portuaria. Y el nene de 10 años es su hijo menor. A pesar de que el exintendente se ha expresado más de una vez en favor de escuchar la posición de los antimineros, algunos manifestantes han incluido al domicilio de Sastre (también el de Carlos Eliceche, entre otros), como lugar para manifestarse y hacer advertencias sobre sus posicionamientos ante el proyecto de zonificación minera.

Lo del hijo del vicegobernador no puede volver a pasar con ninguna otra persona, menos con un menor. Alguien tiene que poner las barbas en remojo y bajarse del caballo al que se han subido en nombre de una posición legítima pero que no le arroga a nadie el derecho de apretar a otros.

Maderna se enojó

La polémica se disparó desde el primer caso de Covid-19 en Trelew. Se filtraron fotos en las redes sociales del paciente que había contraído la enfermedad y los comentarios desafortunados no tardaron en aparecer. Inclusive, hubo cuestionamientos hasta para con el personal de Salud por información concreta que en aquel momento difundían varias personas.

Las autoridades pidieron cortar con ese tipo de prácticas: la agresión y la estigmatización ya no deberían ser temas de discusión en medio de una pandemia que no da tregua y causa dolor a miles de familias.

Pero casi nueve meses después, vuelve el mismo tema. El cuestionado en este caso es Marcelo Mena Muñoz, el secretario general de ASIJEMIN, el sindicato de mineros jerárquicos. Resulta que Mena Muñoz tuiteó en su cuenta “¿Con cuántos anti mineros se habrá juntado?”, luego de conocerse la noticia que el diputado provincial José “Chico Espina” Giménez había sido internado con complicaciones respiratorias tras haber contraído Covid-19.

El repudio fue unánime porque el comentario fue por lo menos desubicado. Tanto, que hasta el intendente de Trelew, Adrián Maderna, no ocultó su malestar por esta actitud del gremialista minero: “Quiero repudiar algunos dichos y algunos comentarios de personas ingratas. Con el tema de salud no se puede jugar. José se va a recuperar plenamente y es una cuestión preventiva su internación. No está en terapia. Está en una habitación común. Seguramente va a estar en los próximos días ya con su familia”, dijo el jefe comunal a los periodistas.

Maderna puntualizó que “estamos hablando de una persona que tiene familia, que su salud está complicada. Es muy desafortunado lo posteado, desde todo punto de vista” reiteró.

Y agregó más información sobre el estado del diputado: “Por lo que pudimos hablar con los profesionales, está en buen estado pero para transmitir tranquilidad por resguardo y preventivamente se internó. Hablé muy poco con él. La recomendación es que hable lo menos posible”, advirtió.

Das Neves, candidato

El 9 de noviembre se publicó el llamado a concurso abierto para la cobertura de cinco nuevos cargos de Procurador de Fiscalía para las ciudades de Trelew y Rawson. Entre los requisitos para la designación se encuentran poseer título de abogado con una antigüedad de 5 años y también acreditar 3 años de antigüedad como funcionario de Fiscalía o 10 años como empleado judicial.

El Procurador Fiscal es un cargo nuevo creado con la Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ellos cuentan con mayores habilitaciones legales para actuar en el proceso penal, pudiendo asumir la representación de la actuación penal en algunos juicios.

Por el momento no hay fecha confirmada de examen para los varios candidatos que se presentaron para estos cargos. Entre ellos está Pablo Das Neves, exvicepresidente del Banco del Chubut, quien se inscribió para la Circunscripción Trelew y Rawson. En el caso de la ciudad capital, el cargo es específico para investigar ciberdelitos.

Sobre la presentación de Das Neves, desde el Consejo de Fiscales, que hará la selección, afirmaron que reúne los requisitos pero que sin embargo le solicitaron que presente un certificado del Colegio de Abogados en que esté matriculado, donde conste fecha de matriculación, si mantuvo durante ese lapso la habilitación para el ejercicio profesional y los antecedentes disciplinarios, si los hubiera.

Otro de los postulantes es Diego Cruceño, el secretario permanente del Consejo de la Magistratura de Chubut que fue sumariado el año pasado por presuntas irregularidades, cuya salida obligó a pedir prestado un secretario al Superior Tribunal, que hace poco lo retiró y generó que se designara al socio del actual presidente del Consejo, Enrique Maglione, que fue denunciado a pesar de que fue el pleno del cuerpo quien aprobó la contratación de Walter Matías Cifuentes Dalotto.

En total se presentaron 8 postulantes para los cinco cargos a cubrir.

Navarro vs. Prensa Fiscalía

El gravísimo acto de violencia de género del comerciante Gastón Ergas contra la concejal Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) todavía siga generando repercusiones en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. En la última sesión, por ejemplo, la edil del Frente de Todos, Viviana Navarro, recordó los hechos de violencia política que ha venido sufriendo ella por el rol que ocupa.

Navarro recordó que hace poco tiempo su imagen fue publicada en medios nacionales “donde fui acusada de cubrir a una persona que había violentado a otra. La verdad es que yo también esperé que alguien dijera algo respecto de esa situación”, se quejó Navarro.

La concejala fue más allá en su reclamo e hizo una acusación: “Gente del área de Prensa de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia se rió de mí y se jactó de haber levantado una denuncia hecha a esta concejal en los medios nacionales”, disparó Navarro, sin pelos en la lengua. “Tengo temor de quiénes están en esa Fiscalía, que no sabían si era verdad o mentira”, agregó.

Y se preguntó para terminar: “¿Yo soy menos mujer que el resto? ¿A mí sí me pueden maltratar y violentar políticamente?”

Decretos y sumarios

La semana pasada se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos que pasaron inadvertidos para muchos pero que tienen un trasfondo para atender. Son los Nº 1104 y Nº 1113 de este año. El primero declara como “legítimo abono” la suma de $ 1.079.655,21 (IVA incluido) -equivalentes a U$S 14.113,14 dólares-, a Cristian Alejandro Espiga, por el alquiler de un grupo CAT 300 kVA para garantizar el suministro de energía en la localidad de Colan Conhué por el período 19 de julio de 2020 a 19 de agosto de 2020.

En el decreto se incluye la decisión de “instruir un Sumario Administrativo a los fines de investigar la transgresión de normas legales y reglamentarias vigentes, estando involucrados agentes de la Administración Pública Provincial y de esta forma deslindar responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales en los términos de los Artículos 152° y 153° de la Ley I N° 18”, reza textualmente el decreto.

El segundo es similar pero tiene relación con la localidad de Cushamen. La suma pagada es un poco más onerosa: $ 3.445.384,25 (IVA incluido), equivalentes a 44.891 dólares, por el alquiler de un grupo CUMMINS 550 kVA provisto por la firma Sullair Argentina S.A. entre el 17 de marzo y el 17 de agosto de 2020.

En este caso también se instruye un Sumario Administrativo contra agentes de la Administración Pública.

Designaciones

A través de un decreto, el Gobierno provincial dejó sin efecto la designación de la abogada María José Llanes como directora general de Capacitación y Protección de Derechos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia (designada en 2018), pero inmediatamente fue designada en el cargo de directora del Centro Cultural por la Memoria dependiente de la misma cartera.

Llanes es una abogada comodorense que fue diputada provincial entre 2011 y 2015. Si bien llegó a la banca en la lista del Frente para la Victoria, después de un tiempo formó un “interbloque” con otra kirchnerista, Alejandro Johnson Táccari, tras un cuestionado acuerdo para saltar al dasnevismo.

Otra exdiputada provincial del FpV también fue designada ahora, aunque “ad honorem”, en el Gobierno provincial: Elva Noemí Willhuber, esposa del actual diputado Rafael Williams (Frente de Todos), es la nueva directora de Diversidad de Género.

Pescapuerta en Malvinas

“El Falcon, un arrastrero de la firma Pescapuerta de 75 metros de eslora que faenará en aguas de Malvinas, ya navega. El astillero Nodosa Shipyard comenzó ayer las pruebas de mar particulares en la Ría de Pontevedra ‘con unos resultados extraordinarios’”, publicó hace pocos días el El Faro de Vigo, un reconocido diario de Galicia, España.

“La entrega del barco está prevista para este final de año, con la intención de que el buque pueda faenar en la primer campaña de calamar de 2021”, agrega el medio gallego.

La noticia pasó inadvertida para muchos pero a algunos que conocen el paño les llamó la atención que una firma como Pescapuerta, con muchos años de intereses en el negocio en Chubut, tenga previsto comenzar a pescar en Malvinas.

Es que la Ley de Pesca en su Artículo 27 bis establece que las empresas que actúan en la Argentina deben declarar bajo juramento no tener vínculos con otras que realicen “pesca ilegal”. Y eso, obviamente, incluye a aquellas que trabajan en la zona de exclusión.

Es cierto que hace cinco años la firma española anunció un cambio de denominación a Inspección General de Justicia de Chubut: por Asamblea General Extraordinaria del 2 de junio de 2015 se aprobó el cambio de denominación social y con ello la modificación del Estatuto Social en su artículo primero, y pasó a llamarse Estrella Patagónica S.A., luego de casi dos décadas de presencia en Puerto Madryn.

Algunos dudan si este cambio es suficiente para no entrar en las generales de la ley que impide operar en el país si una vinculada pesca en Malvinas con permisos británicos.

La novela de Inpat

La grave situación generada en el conflicto de la obra social Seros con la prestadora Inpat, que esta semana agregó un nuevo capítulo con el desalojo de pacientes de una clínica ubicada en Trelew, llegó a entidades nacionales de sumo peso en el sector de la salud mental.

Por ejemplo, Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), la entidad más influyente, publicó un comunicado en que señala que “en la provincia de Chubut se está por concretar una injusticia sin precedentes. Otra más en la sucesión de inexplicables retrocesos democráticos en una de las provincias más ricas y pujantes de nuestro país”.

Según Levin, “se está por terminar de desmantelar uno de los sistemas más completos y logrados de residencia asistida (de alto y de bajo apoyo) para pacientes con discapacidad mental. La dedicación, la seriedad y la profesionalidad de Eduardo Ruffa (propietario de Inpat) quedan a la vista cuando se contrasta el nivel alcanzado por este dispositivo comunitario de asistencia y se lo compara con el de las otras (poquísimas) residencias asistidas de nuestro país”.

“La residencia asistida de Inpat es (¿fue?) de las pocas (¿la única?) en cumplir con todos los requisitos establecidos por la LNSM (Ley Nacional de Salud Mental). Este injusto cierre, llevado adelante sin que intervengan las autoridades nacionales ni provinciales que podrían haberlo evitado, prueba que no alcanza con cumplir con los requerimientos de calidad, de ética y de seriedad profesional”, escribió el titular de APSA.

Otra entidad, la Asociación Argentina de Psiquiatras, presidida por Ricardo Corral, también se refirió a la situación: “En la ciudad de Trelew se fuerza el cierre de una institución asistida ejemplar, sólo para hacinar a los pacientes liberados en un sitio inadecuado, pero bajo el control directo de los comisarios amigos”, disparó Corral.

“La totalidad de los trabajadores de la salud mental han expresado su unánime rechazo y hartazgo ante tales atropellos. Es claro que estos movimientos persiguen intereses sectoriales, totalmente alejados de las necesidades de las personas afectadas de trastornos mentales”.#

Desde el Twitter

En qué lugar día y hora arranca el debate. Es falso lo que expresas. Hay polémica, no debate.

Ni siquiera en la legislatura hay debate sobre el tema. Hay un poroteo de ver cuántas manos hay a favor o en contra.

— marcelo sosa pacheco (@redactoresquel) December 3, 2020

No podes ser juez/a sin estar dispuesto a resolver y fijar postura.

Resolver un recurso extraordinario en el caso de un ex vicepresidente con la plancha del art. 280, es lo más alejado a ello.

— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) December 4, 2020

No es quita, es justicia.

— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) December 3, 2020

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06 DIC 2020 - 17:49

El nene tiene 10 años y vive en Puerto Madryn. Volvía de jugar con unos amigos y cuando se acercó a su casa vio a un grupo de personas exaltadas que gritaban e insultaban en la vereda. “No es no”, decía uno de los carteles. Y otras pancartas hacían alusión a su padre, al que le advertían algo que el nene no alcanzó a leer o comprender.

Por más que lo intentó, no pudo ingresar a su casa. Llamó a su madre por celular pero ella no podía salir porque el grupo estaba muy exaltado. El chico se asustó. Mucho. Un policía atento lo subió a un patrullero y lo llevó a la comisaría.

Estaba angustiado y debió esperar un rato hasta que su padre llegó a rescatarlo de un momento difícil para cualquier chico de esa edad.

Ocurrió el viernes a las puertas del domicilio del vicegobernador Ricardo Sastre, en la ciudad portuaria. Y el nene de 10 años es su hijo menor. A pesar de que el exintendente se ha expresado más de una vez en favor de escuchar la posición de los antimineros, algunos manifestantes han incluido al domicilio de Sastre (también el de Carlos Eliceche, entre otros), como lugar para manifestarse y hacer advertencias sobre sus posicionamientos ante el proyecto de zonificación minera.

Lo del hijo del vicegobernador no puede volver a pasar con ninguna otra persona, menos con un menor. Alguien tiene que poner las barbas en remojo y bajarse del caballo al que se han subido en nombre de una posición legítima pero que no le arroga a nadie el derecho de apretar a otros.

Maderna se enojó

La polémica se disparó desde el primer caso de Covid-19 en Trelew. Se filtraron fotos en las redes sociales del paciente que había contraído la enfermedad y los comentarios desafortunados no tardaron en aparecer. Inclusive, hubo cuestionamientos hasta para con el personal de Salud por información concreta que en aquel momento difundían varias personas.

Las autoridades pidieron cortar con ese tipo de prácticas: la agresión y la estigmatización ya no deberían ser temas de discusión en medio de una pandemia que no da tregua y causa dolor a miles de familias.

Pero casi nueve meses después, vuelve el mismo tema. El cuestionado en este caso es Marcelo Mena Muñoz, el secretario general de ASIJEMIN, el sindicato de mineros jerárquicos. Resulta que Mena Muñoz tuiteó en su cuenta “¿Con cuántos anti mineros se habrá juntado?”, luego de conocerse la noticia que el diputado provincial José “Chico Espina” Giménez había sido internado con complicaciones respiratorias tras haber contraído Covid-19.

El repudio fue unánime porque el comentario fue por lo menos desubicado. Tanto, que hasta el intendente de Trelew, Adrián Maderna, no ocultó su malestar por esta actitud del gremialista minero: “Quiero repudiar algunos dichos y algunos comentarios de personas ingratas. Con el tema de salud no se puede jugar. José se va a recuperar plenamente y es una cuestión preventiva su internación. No está en terapia. Está en una habitación común. Seguramente va a estar en los próximos días ya con su familia”, dijo el jefe comunal a los periodistas.

Maderna puntualizó que “estamos hablando de una persona que tiene familia, que su salud está complicada. Es muy desafortunado lo posteado, desde todo punto de vista” reiteró.

Y agregó más información sobre el estado del diputado: “Por lo que pudimos hablar con los profesionales, está en buen estado pero para transmitir tranquilidad por resguardo y preventivamente se internó. Hablé muy poco con él. La recomendación es que hable lo menos posible”, advirtió.

Das Neves, candidato

El 9 de noviembre se publicó el llamado a concurso abierto para la cobertura de cinco nuevos cargos de Procurador de Fiscalía para las ciudades de Trelew y Rawson. Entre los requisitos para la designación se encuentran poseer título de abogado con una antigüedad de 5 años y también acreditar 3 años de antigüedad como funcionario de Fiscalía o 10 años como empleado judicial.

El Procurador Fiscal es un cargo nuevo creado con la Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Ellos cuentan con mayores habilitaciones legales para actuar en el proceso penal, pudiendo asumir la representación de la actuación penal en algunos juicios.

Por el momento no hay fecha confirmada de examen para los varios candidatos que se presentaron para estos cargos. Entre ellos está Pablo Das Neves, exvicepresidente del Banco del Chubut, quien se inscribió para la Circunscripción Trelew y Rawson. En el caso de la ciudad capital, el cargo es específico para investigar ciberdelitos.

Sobre la presentación de Das Neves, desde el Consejo de Fiscales, que hará la selección, afirmaron que reúne los requisitos pero que sin embargo le solicitaron que presente un certificado del Colegio de Abogados en que esté matriculado, donde conste fecha de matriculación, si mantuvo durante ese lapso la habilitación para el ejercicio profesional y los antecedentes disciplinarios, si los hubiera.

Otro de los postulantes es Diego Cruceño, el secretario permanente del Consejo de la Magistratura de Chubut que fue sumariado el año pasado por presuntas irregularidades, cuya salida obligó a pedir prestado un secretario al Superior Tribunal, que hace poco lo retiró y generó que se designara al socio del actual presidente del Consejo, Enrique Maglione, que fue denunciado a pesar de que fue el pleno del cuerpo quien aprobó la contratación de Walter Matías Cifuentes Dalotto.

En total se presentaron 8 postulantes para los cinco cargos a cubrir.

Navarro vs. Prensa Fiscalía

El gravísimo acto de violencia de género del comerciante Gastón Ergas contra la concejal Ana Clara Romero (Juntos por el Cambio) todavía siga generando repercusiones en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. En la última sesión, por ejemplo, la edil del Frente de Todos, Viviana Navarro, recordó los hechos de violencia política que ha venido sufriendo ella por el rol que ocupa.

Navarro recordó que hace poco tiempo su imagen fue publicada en medios nacionales “donde fui acusada de cubrir a una persona que había violentado a otra. La verdad es que yo también esperé que alguien dijera algo respecto de esa situación”, se quejó Navarro.

La concejala fue más allá en su reclamo e hizo una acusación: “Gente del área de Prensa de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia se rió de mí y se jactó de haber levantado una denuncia hecha a esta concejal en los medios nacionales”, disparó Navarro, sin pelos en la lengua. “Tengo temor de quiénes están en esa Fiscalía, que no sabían si era verdad o mentira”, agregó.

Y se preguntó para terminar: “¿Yo soy menos mujer que el resto? ¿A mí sí me pueden maltratar y violentar políticamente?”

Decretos y sumarios

La semana pasada se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos que pasaron inadvertidos para muchos pero que tienen un trasfondo para atender. Son los Nº 1104 y Nº 1113 de este año. El primero declara como “legítimo abono” la suma de $ 1.079.655,21 (IVA incluido) -equivalentes a U$S 14.113,14 dólares-, a Cristian Alejandro Espiga, por el alquiler de un grupo CAT 300 kVA para garantizar el suministro de energía en la localidad de Colan Conhué por el período 19 de julio de 2020 a 19 de agosto de 2020.

En el decreto se incluye la decisión de “instruir un Sumario Administrativo a los fines de investigar la transgresión de normas legales y reglamentarias vigentes, estando involucrados agentes de la Administración Pública Provincial y de esta forma deslindar responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales en los términos de los Artículos 152° y 153° de la Ley I N° 18”, reza textualmente el decreto.

El segundo es similar pero tiene relación con la localidad de Cushamen. La suma pagada es un poco más onerosa: $ 3.445.384,25 (IVA incluido), equivalentes a 44.891 dólares, por el alquiler de un grupo CUMMINS 550 kVA provisto por la firma Sullair Argentina S.A. entre el 17 de marzo y el 17 de agosto de 2020.

En este caso también se instruye un Sumario Administrativo contra agentes de la Administración Pública.

Designaciones

A través de un decreto, el Gobierno provincial dejó sin efecto la designación de la abogada María José Llanes como directora general de Capacitación y Protección de Derechos dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia (designada en 2018), pero inmediatamente fue designada en el cargo de directora del Centro Cultural por la Memoria dependiente de la misma cartera.

Llanes es una abogada comodorense que fue diputada provincial entre 2011 y 2015. Si bien llegó a la banca en la lista del Frente para la Victoria, después de un tiempo formó un “interbloque” con otra kirchnerista, Alejandro Johnson Táccari, tras un cuestionado acuerdo para saltar al dasnevismo.

Otra exdiputada provincial del FpV también fue designada ahora, aunque “ad honorem”, en el Gobierno provincial: Elva Noemí Willhuber, esposa del actual diputado Rafael Williams (Frente de Todos), es la nueva directora de Diversidad de Género.

Pescapuerta en Malvinas

“El Falcon, un arrastrero de la firma Pescapuerta de 75 metros de eslora que faenará en aguas de Malvinas, ya navega. El astillero Nodosa Shipyard comenzó ayer las pruebas de mar particulares en la Ría de Pontevedra ‘con unos resultados extraordinarios’”, publicó hace pocos días el El Faro de Vigo, un reconocido diario de Galicia, España.

“La entrega del barco está prevista para este final de año, con la intención de que el buque pueda faenar en la primer campaña de calamar de 2021”, agrega el medio gallego.

La noticia pasó inadvertida para muchos pero a algunos que conocen el paño les llamó la atención que una firma como Pescapuerta, con muchos años de intereses en el negocio en Chubut, tenga previsto comenzar a pescar en Malvinas.

Es que la Ley de Pesca en su Artículo 27 bis establece que las empresas que actúan en la Argentina deben declarar bajo juramento no tener vínculos con otras que realicen “pesca ilegal”. Y eso, obviamente, incluye a aquellas que trabajan en la zona de exclusión.

Es cierto que hace cinco años la firma española anunció un cambio de denominación a Inspección General de Justicia de Chubut: por Asamblea General Extraordinaria del 2 de junio de 2015 se aprobó el cambio de denominación social y con ello la modificación del Estatuto Social en su artículo primero, y pasó a llamarse Estrella Patagónica S.A., luego de casi dos décadas de presencia en Puerto Madryn.

Algunos dudan si este cambio es suficiente para no entrar en las generales de la ley que impide operar en el país si una vinculada pesca en Malvinas con permisos británicos.

La novela de Inpat

La grave situación generada en el conflicto de la obra social Seros con la prestadora Inpat, que esta semana agregó un nuevo capítulo con el desalojo de pacientes de una clínica ubicada en Trelew, llegó a entidades nacionales de sumo peso en el sector de la salud mental.

Por ejemplo, Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), la entidad más influyente, publicó un comunicado en que señala que “en la provincia de Chubut se está por concretar una injusticia sin precedentes. Otra más en la sucesión de inexplicables retrocesos democráticos en una de las provincias más ricas y pujantes de nuestro país”.

Según Levin, “se está por terminar de desmantelar uno de los sistemas más completos y logrados de residencia asistida (de alto y de bajo apoyo) para pacientes con discapacidad mental. La dedicación, la seriedad y la profesionalidad de Eduardo Ruffa (propietario de Inpat) quedan a la vista cuando se contrasta el nivel alcanzado por este dispositivo comunitario de asistencia y se lo compara con el de las otras (poquísimas) residencias asistidas de nuestro país”.

“La residencia asistida de Inpat es (¿fue?) de las pocas (¿la única?) en cumplir con todos los requisitos establecidos por la LNSM (Ley Nacional de Salud Mental). Este injusto cierre, llevado adelante sin que intervengan las autoridades nacionales ni provinciales que podrían haberlo evitado, prueba que no alcanza con cumplir con los requerimientos de calidad, de ética y de seriedad profesional”, escribió el titular de APSA.

Otra entidad, la Asociación Argentina de Psiquiatras, presidida por Ricardo Corral, también se refirió a la situación: “En la ciudad de Trelew se fuerza el cierre de una institución asistida ejemplar, sólo para hacinar a los pacientes liberados en un sitio inadecuado, pero bajo el control directo de los comisarios amigos”, disparó Corral.

“La totalidad de los trabajadores de la salud mental han expresado su unánime rechazo y hartazgo ante tales atropellos. Es claro que estos movimientos persiguen intereses sectoriales, totalmente alejados de las necesidades de las personas afectadas de trastornos mentales”.#

Desde el Twitter

En qué lugar día y hora arranca el debate. Es falso lo que expresas. Hay polémica, no debate.

Ni siquiera en la legislatura hay debate sobre el tema. Hay un poroteo de ver cuántas manos hay a favor o en contra.

— marcelo sosa pacheco (@redactoresquel) December 3, 2020

No podes ser juez/a sin estar dispuesto a resolver y fijar postura.

Resolver un recurso extraordinario en el caso de un ex vicepresidente con la plancha del art. 280, es lo más alejado a ello.

— Paulo Eduardo König (@PauloKonig) December 4, 2020

No es quita, es justicia.

— Nancy Gonzalez (@nancysgonzalez) December 3, 2020


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