De Boca en Boca y #DesdeElTwitter

La Justicia le puso fin a una denuncia de la APEL por designaciones del dasnevismo en Legislatura, casi diez años después. Ahora piden multar a Patricia Bortagaray. Grave denuncia contra la jueza Arbilla de Esquel. Y más.

13 DIC 2020 - 23:20 | Actualizado

Luego de casi diez años, finalmente la Justicia de Chubut dio una sentencia definitiva en una causa relacionada a una denuncia que en su momento presentó la APEL, el sindicato que aglutina a los empleados de la Legislatura, por el nombramiento de varios empleados que habían ingresado a cumplir funciones “políticas” junto a los diputados pero que, en lugar de irse junto a los legisladores cuando se terminó su período, se quedaron dentro de la estructura de personal.

Una práctica para nada extraña que explica cómo cada cuatro años se ve incrementada la planta de personal en la Casa de las Leyes.

El histórico representante sindical de APEL, Ángel Sierra, hizo un poco de memoria y explicó cómo se llegó a la presentación judicial que tuvo sentencia en los primeros días de diciembre.

Había un antecedente, relató Sierra: “Hace una década cuando funcionábamos en el Hotel Provincial, en la época de Mario Das Neves y Mario Vargas, se habían hecho un par de nombramientos que nosotros entendíamos que no correspondían porque cortaban la carrera administrativa de otros trabajadores”. Es por eso que aquella vez hicieron la presentación judicial y les salió favorable.

Años después, las autoridades de la Legislatura volvieron a abrir la puerta a múltiples designaciones y el sindicato entendió que otra vez se estaba violando el “derecho al resto de los trabajadores de poder ascender en la carrera administrativa”.

Sierra recordó que en esa ocasión “se hizo un llamado a concurso que entendíamos tenía algunos vicios. Mucho personal se sentía damnificado porque ingresaba gente con categorías superiores a las que tenía la gente con mucha antigüedad”.

A Sierra le llama la atención el tiempo que le tomó a la Justicia resolver esta situación. Encima, ahora será el sindicato el que deberá afrontar las costas de todo el proceso.

Qué decía la denuncia

La APEL había ido a la Justicia a defender los intereses de sus afiliados Diana Noemí Ramírez (tesorera), Sandra Marcela Sosa, Daniel Pugliesi, Jorge Arturo Fara, Nidia Irma Soto y Diana Estela González de Nazar, según consta en el actual fallo del Superior Tribunal de Justicia, que recuerda los antecedentes del caso.

El gremio pretendía la nulidad de determinadas designaciones y ascensos o “reubicaciones” en la planta permanente de la Legislatura, dispuestos en dos resoluciones de su Presidencia en 2010 y 2011.

Puntualmente, la APEL consideraba que eran nulos los nombramientos de Graciela Almeira, Karina Selva Andrade, Annabella Muñoz, Mario Oscar Lorenzi, Guillermo Federico Martoccia y Paula Mingo.

También cuestionaba los nombramientos y ascensos de Regina Paillacura, María Magdalena Carrizo , Romina James, Claudia Roberts, Néstor Fabián Olloa, Carolina Todesco, Mariano Lucas Martínez, Eduardo Alfredo González, Érica Elizabeth Caminoa, Armando Olmos, Jorge Grana, Ricardo Soto, Gustavo Fernando Peralta, María de los Ángeles Lejidos, Silvia Mabel Pecci, Vanesa Lorena Barroso, Patricia Estela Mansilla, Eva Daniela Tellería, Juan Pablo Gallegos, María José Bonillo, Verónica Patricia Roberts, Juan Álvarez, Hugo Staniscia, Daniel Erbes y Luis Edmundo Maglio, todos ellos designados por una resolución de 2011 cuando el dasnevismo se retiraba del poder.

El pedido concreto era una condena para la Honorable Legislatura y luego un llamado a concurso para la cobertura de las vacantes que se produzcan.

En el reclamo hablaban en particular de dos designaciones: la de Annabella Muñoz, “que se desempeñaba como asistente de su madre la diputada Rosa Muñoz y cuestiona que fue designada en un cargo que se creó -“secretaria administrativa de la Asesoría Legislativa”- cuando en esta área –argumentaba la APEL- no había personal y debió llamarse a concurso para que participaran los agentes legislativos con índices inferiores”.

También le apuntaron a Fernando Peralta, exsubsecretario de Derechos Humanos de la gestión dasnevista, al que cuestionaban que sea hijo de la diputada de aquel entonces Nélida Burgueño.

Casi una década después, el Superior le puso un punto final al contrapunto legal. Sin embargo, algunos de los empleados que se sintieron perjudicados por aquellas designaciones siguen reclamando que los ahora beneficiados por la Justicia vayan de una vez por todas a cumplir tareas a la Legislatura.

¡Qué preguntita!

La reunión de la semana pasada entre el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Turismo, Néstor García, con empresarios balleneros de Puerto Pirámides, tuvo un momento de distención.

Fue antes de que arranque, cuando el gobernador llegó a la Sala de Situación y saludó uno por uno a los presentes. Cuando llegó a chocar el puño con Jorge “Dogor” Schmid, este le preguntó sin vueltas: “Arcioni, ¿te puedo hacer una pregunta? Por qué tenés todo tan cerrado en Casa de Gobierno?” Las risas del resto no se hicieron esperar. “Porque los antimineros rompen todo”, le contestó el gobernador.

La reunión siguió pero Schmid ya había logrado romper el hielo.

¿Elecciones en Servicoop?

Por ahora sólo hubo consultas informales pero en el Ministerio de Educación confirmaron a este Columna que hubo contactos con una cooperativa de servicios públicos de Chubut para poder utilizar escuelas para una eventual elección de autoridades. Inclusive se barajó la fecha del 16 de enero.

Por ahora no está confirmado pero en Educación admitieron que personas vinculadas a Servicoop de Puerto Madryn preguntaron por el uso de escuelas madrynenses para una eventual elección interna.

Piden multar a Bortagaray

Patricia Inés Bortagaray no pega una. La expresidenta de la Cooperativa Eléctrica de Dolavon fue condenada a diez meses de prisión como autora del incendio que en febrero de 2016 destruyó documentación clave dentro de la sede de esa entidad.

La señora ingresó al predio de la Cooperativa y provocó varios focos ígneos. Pero no se dio cuenta que estaban siendo observados por personal policial que estaba enfrente. Y hasta los playeros de la estación de servicio declararon que la noche anterior compraron dos bidones de cinco litros de nafta. La condena fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia.

Bortagaray no tuvo mejor idea que denunciar a los fiscales Omar Rodríguez, Osvaldo Heiber y Silvia Pereira dos Santos, quienes la investigaron. El viernes pasado, el pleno del Consejo de la Magistratura rechazó la denuncia.

En ese marco, los consejeros criticaron que Bortagaray omitiera en su denuncia decir que estaba condenada y que sus anteriores denuncias habían sido desestimadas. “Hubo un ejercicio abusivo del denunciante que omite cuestiones centrales. Esto nos lleva tiempo. Vamos a tener que analizar el uso abusivo de la denuncia y comenzar a aplicar multas”, sostuvo Tomás Malerba, consejero por la circunscripción judicial de Sarmiento que fue el instructor del sumario.

Claro que esta no es la única causa que tramita en la Justicia y que involucra a Patricia Bortagaray. Según comentaron abogados de Trelew en un intermedio de la sesión del Consejo de la Magistratura, avanza otra por presunta usurpación.

Se trata de un sitio que, casualmente, fue intencionalmente incendiado y en el lugar murió un hombre indigente. Dos vecinas denunciaron que la expresidenta de la Cooperativa de Dolavon, tras ser desalojada de otra propiedad, habría usado los inmuebles como propios. Ya hubo presentaciones formales.

Zafó Mirta Moreno

Hablando de la última sesión del Consejo de la Magistratura realizada el viernes, luego de más de veinte minutos de exposiciones de los consejeros (muchas de las cuales no se pudieron escuchar con claridad porque la transmisión vía Facebook adolece de calidad técnica), finalmente se rechazó la oposición de una ciudadana contra la juez penal Mirta del Valle Moreno, que aspira a concursar para camarista de la ciudad de Trelew.

La oposición fue firmada por Laura Soledad Córdoba, quien reiteró una vieja denuncia contra Moreno por presunto mal desempeño durante su actuación como fiscal en el tristemente conocido “Caso Julián Antillanca”, que juzgó a policías por el crimen del joven.

Moreno presentó un descargo que fue leído en la sesión virtual y luego se acordó desestimar la oposición porque, dijeron, la denuncia de Córdoba era similar a una anterior ante un pedido de juicio político que el Consejo de la Magistratura ya había evaluado y descartado.

Lo más sorprendente fue escuchar al presidente del Consejo, el abogado trelewense Enrique Maglione, que hace un año firmó un informe lapidario contra Moreno, que calificó como “insatisfactorio” el trabajo de la jueza.

Ahora, Maglione dijo que Moreno es “muy laboriosa y aplicada” y que tiene “un dilatado conocimiento penal”. Fue luego de que el consejero Mario Vivas aclarara que el Superior está por cerrar, un año después, el sumario administrativo contra Moreno, abierto a partir de aquel informe firmado por Maglione y otro consejero, Luis Torrijos.

“Si el Consejo hubiera entendido que había razones para hacerle un jury no habría mandado el informe para que el Superior tome medidas disciplinarias”, se excusó Vivas. Es que el castigo máximo que el Superior puede aplicar a un magistrado son 30 días de suspensión.

Este mes se sabrá la sanción contra Moreno, que sin embargo podrá concursar sin problemas para camarista.

Denuncian a una jueza

En noviembre pasado se denunciaron las maniobras encaradas por abogados de Esquel en el marco de tres juicios laborales por el cierre del frigorífico Santa Elena, del Grupo Indalo (propiedad del empresario Cristóbal López), inaugurado en Gobernador Costa en febrero de 2013.

Resulta que, según denunciaron desde la empresa, se trataría de un escándalo judicial con matices de presunta estafa por parte del presidente del Colegio de Abogados de la ciudad cordillerana, José María Venancio, junto a otro letrado, que tramitaron el secuestro y remate de bienes de la firma a precios irrisorios, cuando además están inhibidos por la Justicia Federal de Capital Federal.

El tema es que la maniobra de Venancio contó con la anuencia judicial de la jueza Civil, Comercial y Laboral de la ciudad cordillerana, Alicia Catalina Arbilla.

Resulta que ahora, Lucas Marcos Aimar, un contador público con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires que es apoderado de Ganadera Santa Elena SRL, formuló ante el Consejo de la Magistratura una denuncia con pedido de enjuiciamiento contra la Dra. Arbilla, por los posibles delitos de mal desempeño y faltas o posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.

Medio siglo ayudando

Se viven tiempos difíciles en donde la solidaridad está a flor de piel. El Hospital Zonal de Trelew, por ejemplo, realiza en medio de la pandemia el máximo esfuerzo para dar respuesta a toda la comunidad. En este escenario, la Asociación Cooperadora del Hospital no para de colaborar con lo que advierten necesario, publican lo que es urgente obtener y la gente, responde.

El 7 de diciembre, la entidad presidida por Ana María Chasco, cumplió 54 años. Se informó ese día que este año, desarrolló distintas acciones para el logro de recurso económicos a efectos de optimizar el servicio de salud, especialmente en ese momento transitando esta pandemia donde tuvo que abocarse más que nunca a paliar las innumerables necesidades que se presentaron en esta emergencia sanitaria, gestionando la búsqueda de aportes económicos, como así también donaciones de insumos que fueron obtenidos siempre gracias a la colaboración de vecinos de la ciudad, instituciones, empresas locales y de otros puntos del país.

A través de las redes sociales agradecieron “de todo corazón” a la gente. E hicieron una descripción de lo logrado. “En la última semana se recibió una donación de 102 ambos para personal de la Unidad de Terapia, insumos hospitalarios, elementos de protección personal para el servicio de Terapia Pedriátrica y para Neonatología del Centro Materno Infantil”.

Asimismo, la comisión informó las compras realizadas en el segundo semestre del año: paquímeto ultra-sónico para Oftalmología, un electrocardiógrafo y un sistema de aspiración descartable para Unidad de Emergencias Médicas, lámpara de pie, cajas organizadoras para materiales, fundas para almohadas y hasta una caldera para la Unidad de Terapia Nº 2.

A través del nuevo canal de comunicación, la cuenta de Facebook del Hospital Zonal de Trelew, fue reflejado el destino de los elementos o el dinero que se recibió a modo de donación.

El año va terminando, pero las energías de personas que trabajan en esta área siguen intactas.#

Desde los Twitter

Acá Papá Noel no va a llegar porque no cobra.

Caminá los barrios, por favor ???? https://t.co/imRhifhuyO

— Hughes-ton ???? (@norwh) December 8, 2020

pic.twitter.com/LajFa9tv80

— Xenia Gabella (@xeniagabella) December 12, 2020

Vos @maximotrelew @roddyingram tienen el mismo? https://t.co/LUN68ei6Rq

— Pablo Das Neves (@pablodasneves) December 10, 2020

Enterate de las noticias de POLITICA a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
13 DIC 2020 - 23:20

Luego de casi diez años, finalmente la Justicia de Chubut dio una sentencia definitiva en una causa relacionada a una denuncia que en su momento presentó la APEL, el sindicato que aglutina a los empleados de la Legislatura, por el nombramiento de varios empleados que habían ingresado a cumplir funciones “políticas” junto a los diputados pero que, en lugar de irse junto a los legisladores cuando se terminó su período, se quedaron dentro de la estructura de personal.

Una práctica para nada extraña que explica cómo cada cuatro años se ve incrementada la planta de personal en la Casa de las Leyes.

El histórico representante sindical de APEL, Ángel Sierra, hizo un poco de memoria y explicó cómo se llegó a la presentación judicial que tuvo sentencia en los primeros días de diciembre.

Había un antecedente, relató Sierra: “Hace una década cuando funcionábamos en el Hotel Provincial, en la época de Mario Das Neves y Mario Vargas, se habían hecho un par de nombramientos que nosotros entendíamos que no correspondían porque cortaban la carrera administrativa de otros trabajadores”. Es por eso que aquella vez hicieron la presentación judicial y les salió favorable.

Años después, las autoridades de la Legislatura volvieron a abrir la puerta a múltiples designaciones y el sindicato entendió que otra vez se estaba violando el “derecho al resto de los trabajadores de poder ascender en la carrera administrativa”.

Sierra recordó que en esa ocasión “se hizo un llamado a concurso que entendíamos tenía algunos vicios. Mucho personal se sentía damnificado porque ingresaba gente con categorías superiores a las que tenía la gente con mucha antigüedad”.

A Sierra le llama la atención el tiempo que le tomó a la Justicia resolver esta situación. Encima, ahora será el sindicato el que deberá afrontar las costas de todo el proceso.

Qué decía la denuncia

La APEL había ido a la Justicia a defender los intereses de sus afiliados Diana Noemí Ramírez (tesorera), Sandra Marcela Sosa, Daniel Pugliesi, Jorge Arturo Fara, Nidia Irma Soto y Diana Estela González de Nazar, según consta en el actual fallo del Superior Tribunal de Justicia, que recuerda los antecedentes del caso.

El gremio pretendía la nulidad de determinadas designaciones y ascensos o “reubicaciones” en la planta permanente de la Legislatura, dispuestos en dos resoluciones de su Presidencia en 2010 y 2011.

Puntualmente, la APEL consideraba que eran nulos los nombramientos de Graciela Almeira, Karina Selva Andrade, Annabella Muñoz, Mario Oscar Lorenzi, Guillermo Federico Martoccia y Paula Mingo.

También cuestionaba los nombramientos y ascensos de Regina Paillacura, María Magdalena Carrizo , Romina James, Claudia Roberts, Néstor Fabián Olloa, Carolina Todesco, Mariano Lucas Martínez, Eduardo Alfredo González, Érica Elizabeth Caminoa, Armando Olmos, Jorge Grana, Ricardo Soto, Gustavo Fernando Peralta, María de los Ángeles Lejidos, Silvia Mabel Pecci, Vanesa Lorena Barroso, Patricia Estela Mansilla, Eva Daniela Tellería, Juan Pablo Gallegos, María José Bonillo, Verónica Patricia Roberts, Juan Álvarez, Hugo Staniscia, Daniel Erbes y Luis Edmundo Maglio, todos ellos designados por una resolución de 2011 cuando el dasnevismo se retiraba del poder.

El pedido concreto era una condena para la Honorable Legislatura y luego un llamado a concurso para la cobertura de las vacantes que se produzcan.

En el reclamo hablaban en particular de dos designaciones: la de Annabella Muñoz, “que se desempeñaba como asistente de su madre la diputada Rosa Muñoz y cuestiona que fue designada en un cargo que se creó -“secretaria administrativa de la Asesoría Legislativa”- cuando en esta área –argumentaba la APEL- no había personal y debió llamarse a concurso para que participaran los agentes legislativos con índices inferiores”.

También le apuntaron a Fernando Peralta, exsubsecretario de Derechos Humanos de la gestión dasnevista, al que cuestionaban que sea hijo de la diputada de aquel entonces Nélida Burgueño.

Casi una década después, el Superior le puso un punto final al contrapunto legal. Sin embargo, algunos de los empleados que se sintieron perjudicados por aquellas designaciones siguen reclamando que los ahora beneficiados por la Justicia vayan de una vez por todas a cumplir tareas a la Legislatura.

¡Qué preguntita!

La reunión de la semana pasada entre el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Turismo, Néstor García, con empresarios balleneros de Puerto Pirámides, tuvo un momento de distención.

Fue antes de que arranque, cuando el gobernador llegó a la Sala de Situación y saludó uno por uno a los presentes. Cuando llegó a chocar el puño con Jorge “Dogor” Schmid, este le preguntó sin vueltas: “Arcioni, ¿te puedo hacer una pregunta? Por qué tenés todo tan cerrado en Casa de Gobierno?” Las risas del resto no se hicieron esperar. “Porque los antimineros rompen todo”, le contestó el gobernador.

La reunión siguió pero Schmid ya había logrado romper el hielo.

¿Elecciones en Servicoop?

Por ahora sólo hubo consultas informales pero en el Ministerio de Educación confirmaron a este Columna que hubo contactos con una cooperativa de servicios públicos de Chubut para poder utilizar escuelas para una eventual elección de autoridades. Inclusive se barajó la fecha del 16 de enero.

Por ahora no está confirmado pero en Educación admitieron que personas vinculadas a Servicoop de Puerto Madryn preguntaron por el uso de escuelas madrynenses para una eventual elección interna.

Piden multar a Bortagaray

Patricia Inés Bortagaray no pega una. La expresidenta de la Cooperativa Eléctrica de Dolavon fue condenada a diez meses de prisión como autora del incendio que en febrero de 2016 destruyó documentación clave dentro de la sede de esa entidad.

La señora ingresó al predio de la Cooperativa y provocó varios focos ígneos. Pero no se dio cuenta que estaban siendo observados por personal policial que estaba enfrente. Y hasta los playeros de la estación de servicio declararon que la noche anterior compraron dos bidones de cinco litros de nafta. La condena fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia.

Bortagaray no tuvo mejor idea que denunciar a los fiscales Omar Rodríguez, Osvaldo Heiber y Silvia Pereira dos Santos, quienes la investigaron. El viernes pasado, el pleno del Consejo de la Magistratura rechazó la denuncia.

En ese marco, los consejeros criticaron que Bortagaray omitiera en su denuncia decir que estaba condenada y que sus anteriores denuncias habían sido desestimadas. “Hubo un ejercicio abusivo del denunciante que omite cuestiones centrales. Esto nos lleva tiempo. Vamos a tener que analizar el uso abusivo de la denuncia y comenzar a aplicar multas”, sostuvo Tomás Malerba, consejero por la circunscripción judicial de Sarmiento que fue el instructor del sumario.

Claro que esta no es la única causa que tramita en la Justicia y que involucra a Patricia Bortagaray. Según comentaron abogados de Trelew en un intermedio de la sesión del Consejo de la Magistratura, avanza otra por presunta usurpación.

Se trata de un sitio que, casualmente, fue intencionalmente incendiado y en el lugar murió un hombre indigente. Dos vecinas denunciaron que la expresidenta de la Cooperativa de Dolavon, tras ser desalojada de otra propiedad, habría usado los inmuebles como propios. Ya hubo presentaciones formales.

Zafó Mirta Moreno

Hablando de la última sesión del Consejo de la Magistratura realizada el viernes, luego de más de veinte minutos de exposiciones de los consejeros (muchas de las cuales no se pudieron escuchar con claridad porque la transmisión vía Facebook adolece de calidad técnica), finalmente se rechazó la oposición de una ciudadana contra la juez penal Mirta del Valle Moreno, que aspira a concursar para camarista de la ciudad de Trelew.

La oposición fue firmada por Laura Soledad Córdoba, quien reiteró una vieja denuncia contra Moreno por presunto mal desempeño durante su actuación como fiscal en el tristemente conocido “Caso Julián Antillanca”, que juzgó a policías por el crimen del joven.

Moreno presentó un descargo que fue leído en la sesión virtual y luego se acordó desestimar la oposición porque, dijeron, la denuncia de Córdoba era similar a una anterior ante un pedido de juicio político que el Consejo de la Magistratura ya había evaluado y descartado.

Lo más sorprendente fue escuchar al presidente del Consejo, el abogado trelewense Enrique Maglione, que hace un año firmó un informe lapidario contra Moreno, que calificó como “insatisfactorio” el trabajo de la jueza.

Ahora, Maglione dijo que Moreno es “muy laboriosa y aplicada” y que tiene “un dilatado conocimiento penal”. Fue luego de que el consejero Mario Vivas aclarara que el Superior está por cerrar, un año después, el sumario administrativo contra Moreno, abierto a partir de aquel informe firmado por Maglione y otro consejero, Luis Torrijos.

“Si el Consejo hubiera entendido que había razones para hacerle un jury no habría mandado el informe para que el Superior tome medidas disciplinarias”, se excusó Vivas. Es que el castigo máximo que el Superior puede aplicar a un magistrado son 30 días de suspensión.

Este mes se sabrá la sanción contra Moreno, que sin embargo podrá concursar sin problemas para camarista.

Denuncian a una jueza

En noviembre pasado se denunciaron las maniobras encaradas por abogados de Esquel en el marco de tres juicios laborales por el cierre del frigorífico Santa Elena, del Grupo Indalo (propiedad del empresario Cristóbal López), inaugurado en Gobernador Costa en febrero de 2013.

Resulta que, según denunciaron desde la empresa, se trataría de un escándalo judicial con matices de presunta estafa por parte del presidente del Colegio de Abogados de la ciudad cordillerana, José María Venancio, junto a otro letrado, que tramitaron el secuestro y remate de bienes de la firma a precios irrisorios, cuando además están inhibidos por la Justicia Federal de Capital Federal.

El tema es que la maniobra de Venancio contó con la anuencia judicial de la jueza Civil, Comercial y Laboral de la ciudad cordillerana, Alicia Catalina Arbilla.

Resulta que ahora, Lucas Marcos Aimar, un contador público con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires que es apoderado de Ganadera Santa Elena SRL, formuló ante el Consejo de la Magistratura una denuncia con pedido de enjuiciamiento contra la Dra. Arbilla, por los posibles delitos de mal desempeño y faltas o posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.

Medio siglo ayudando

Se viven tiempos difíciles en donde la solidaridad está a flor de piel. El Hospital Zonal de Trelew, por ejemplo, realiza en medio de la pandemia el máximo esfuerzo para dar respuesta a toda la comunidad. En este escenario, la Asociación Cooperadora del Hospital no para de colaborar con lo que advierten necesario, publican lo que es urgente obtener y la gente, responde.

El 7 de diciembre, la entidad presidida por Ana María Chasco, cumplió 54 años. Se informó ese día que este año, desarrolló distintas acciones para el logro de recurso económicos a efectos de optimizar el servicio de salud, especialmente en ese momento transitando esta pandemia donde tuvo que abocarse más que nunca a paliar las innumerables necesidades que se presentaron en esta emergencia sanitaria, gestionando la búsqueda de aportes económicos, como así también donaciones de insumos que fueron obtenidos siempre gracias a la colaboración de vecinos de la ciudad, instituciones, empresas locales y de otros puntos del país.

A través de las redes sociales agradecieron “de todo corazón” a la gente. E hicieron una descripción de lo logrado. “En la última semana se recibió una donación de 102 ambos para personal de la Unidad de Terapia, insumos hospitalarios, elementos de protección personal para el servicio de Terapia Pedriátrica y para Neonatología del Centro Materno Infantil”.

Asimismo, la comisión informó las compras realizadas en el segundo semestre del año: paquímeto ultra-sónico para Oftalmología, un electrocardiógrafo y un sistema de aspiración descartable para Unidad de Emergencias Médicas, lámpara de pie, cajas organizadoras para materiales, fundas para almohadas y hasta una caldera para la Unidad de Terapia Nº 2.

A través del nuevo canal de comunicación, la cuenta de Facebook del Hospital Zonal de Trelew, fue reflejado el destino de los elementos o el dinero que se recibió a modo de donación.

El año va terminando, pero las energías de personas que trabajan en esta área siguen intactas.#

Desde los Twitter

Acá Papá Noel no va a llegar porque no cobra.

Caminá los barrios, por favor ???? https://t.co/imRhifhuyO

— Hughes-ton ???? (@norwh) December 8, 2020

pic.twitter.com/LajFa9tv80

— Xenia Gabella (@xeniagabella) December 12, 2020

Vos @maximotrelew @roddyingram tienen el mismo? https://t.co/LUN68ei6Rq

— Pablo Das Neves (@pablodasneves) December 10, 2020


NOTICIAS RELACIONADAS