Castillo dijo que cobró porque intimó al Gobierno y no por haber pagado coimas
Aseguró que no hay pruebas de retornos a favor de su firma, Industrias Bass. Leyó las duras notas que envió a Fontana 50 para cancelar las deudas. “Más de 30 empresarios tomaron la probation pero yo elegí el juicio, un camino sin atajos”.
Martín Castillo, dueño de Industrias Bass, negó haber abonado una coima de $ 100.000 a Diego Correa para destrabar órdenes de pago para su empresa por $ 76 millones por la obra de refacción del Muelle Murray Thomas en Rawson. El único empresario sentado en el juicio oral por la Causa Revelación pidió declarar ante el tribunal y objetó que según las planillas del Ministerio Público Fiscal, ese presunto retorno se concretó el 7 de abril de 2017. “Pero Diego Lüters dijo que no hizo esas planillas y la fecha original anotada no tiene año. O sea que no sabemos quién la hizo ni tiene fecha cierta”. También aclaró que Bass no cobró 76 millones sino 82.
“No me mostraron un solo expediente ni una orden de pago retrasada que yo hubiera necesitado destrabar. ¿Con qué pruebas me acusan si no me demuestran dónde esté el retraso? ¿A qué orden corresponde el porcentaje que yo habría retornado? No se analizó el historial de pagos de la obra”, aseguró.
Castillo graficó que de haber pagado un retorno, debió ser una cifra millonaria y no sólo $ 100 mil, si se atiende el monto que necesitaba destrabar. Y sugirió que para su caso, Fiscalía no fue tan puntilloso cómo si lo fue para rastrear el patrimonio de otros imputados.
El empresario de Bass leyó las duras notas que envío a los exministros coordinador Víctor Cisterna, y de Infraestructura, Alejandro Pagani, para reclamar la cancelación de los certificados de obra y para que durante la zafra pesquera en la capital no se frenara la continuidad del proyecto.
“¿Qué es lo que tengo que explicar? Me pagaron porque los intimaba según las herramientas que me daba el contrato. Notas con ese tono uno no no se las manda a un funcionario amigo, porque esos reclamos no caen bien y los funcionarios se sienten incómodos”, aseguró.
“Todas las acusaciones de Fiscalía son iguales -se quejó-. Sólo cambia el monto y la empresa. Pero yo no soy igual que todos. Por eso estoy acá. Más de 30 empresarios tomaron la probation pero yo decidí tomar otro camino, sin atajos, y venir a juicio”, deslizó.
“No quiero comprar mi futuro porque mi honra está en juego y quiero salir de este proceso con mi nombre limpio”, dijo emocionado.
Vinculada al caso de Castillo, declaró Marta Evans, gerente de la Sucursal Belgrano del Banco Chubut en Trelew. Fiscalía asegura que Lüters tenía un contacto fluido con esa entidad para tener al día la información de los pagos de Provincia para Bass. Evans aclaró que el Banco tiene “muchos contactos” con el Estado, en especial cuando son montos importantes. Pero ante la consulta de Marcos Nápoli, admitió que este contacto “nunca se da con la Secretaría Privada” y que el imputado –por su pasado bancario- seguramente tenía relación con los empleados.
Defensa de Bortagaray: “Un hombre sin riqueza”
Convocada por el defensor Jorge Rubiolo, la concejal de Dolavon María del Carmen Gómez dijo conocer hace más de 30 años al exintendente Martín Bortagaray, imputado en la causa. “Desde que era bombero y luego inspector municipal”, precisó. Aseguró que cuando compartieron gestión, como jefe comunal trabajaba desde las 7 hasta bien caída la noche. “En el pueblo nos conocemos todos y se sabe que no es un hombre de riqueza. Nunca tuvo viajes al exterior, su único viaje fue por su esposa enferma en el avión sanitario”. Gómez describió al extitular del IPV como un vecino de vida sobria, que sólo una vez reclamó en el municipio la liquidación de las vacaciones que nunca se tomó.
Declaró Dufour
Como diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour fue querellante en los inicios de la Causa Revelación, con la bandera del combate a la corrupción. Ayer apareció como testigo de la defensa del empresario Martín Castillo.
La exministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos ratificó que en su gestión se apuró la refacción del Muelle Murray Thomas, que ejecutó Bass y que según el fiscal Marcos Nápoli, se reactivó gracias a un retorno. Según la contadora, ese lugar “tenía fallas estructurales y había riesgo de vida. Era urgente tomar alguna medida porque operaban 90 barcos con la estiba y aumentaba la captura masiva de langostino. Había mucha preocupación de los operadores”. Este escenario obligó a la gestión del gobernador Martín Buzzi a una adjudicación directa.
Martín Castillo, dueño de Industrias Bass, negó haber abonado una coima de $ 100.000 a Diego Correa para destrabar órdenes de pago para su empresa por $ 76 millones por la obra de refacción del Muelle Murray Thomas en Rawson. El único empresario sentado en el juicio oral por la Causa Revelación pidió declarar ante el tribunal y objetó que según las planillas del Ministerio Público Fiscal, ese presunto retorno se concretó el 7 de abril de 2017. “Pero Diego Lüters dijo que no hizo esas planillas y la fecha original anotada no tiene año. O sea que no sabemos quién la hizo ni tiene fecha cierta”. También aclaró que Bass no cobró 76 millones sino 82.
“No me mostraron un solo expediente ni una orden de pago retrasada que yo hubiera necesitado destrabar. ¿Con qué pruebas me acusan si no me demuestran dónde esté el retraso? ¿A qué orden corresponde el porcentaje que yo habría retornado? No se analizó el historial de pagos de la obra”, aseguró.
Castillo graficó que de haber pagado un retorno, debió ser una cifra millonaria y no sólo $ 100 mil, si se atiende el monto que necesitaba destrabar. Y sugirió que para su caso, Fiscalía no fue tan puntilloso cómo si lo fue para rastrear el patrimonio de otros imputados.
El empresario de Bass leyó las duras notas que envío a los exministros coordinador Víctor Cisterna, y de Infraestructura, Alejandro Pagani, para reclamar la cancelación de los certificados de obra y para que durante la zafra pesquera en la capital no se frenara la continuidad del proyecto.
“¿Qué es lo que tengo que explicar? Me pagaron porque los intimaba según las herramientas que me daba el contrato. Notas con ese tono uno no no se las manda a un funcionario amigo, porque esos reclamos no caen bien y los funcionarios se sienten incómodos”, aseguró.
“Todas las acusaciones de Fiscalía son iguales -se quejó-. Sólo cambia el monto y la empresa. Pero yo no soy igual que todos. Por eso estoy acá. Más de 30 empresarios tomaron la probation pero yo decidí tomar otro camino, sin atajos, y venir a juicio”, deslizó.
“No quiero comprar mi futuro porque mi honra está en juego y quiero salir de este proceso con mi nombre limpio”, dijo emocionado.
Vinculada al caso de Castillo, declaró Marta Evans, gerente de la Sucursal Belgrano del Banco Chubut en Trelew. Fiscalía asegura que Lüters tenía un contacto fluido con esa entidad para tener al día la información de los pagos de Provincia para Bass. Evans aclaró que el Banco tiene “muchos contactos” con el Estado, en especial cuando son montos importantes. Pero ante la consulta de Marcos Nápoli, admitió que este contacto “nunca se da con la Secretaría Privada” y que el imputado –por su pasado bancario- seguramente tenía relación con los empleados.
Defensa de Bortagaray: “Un hombre sin riqueza”
Convocada por el defensor Jorge Rubiolo, la concejal de Dolavon María del Carmen Gómez dijo conocer hace más de 30 años al exintendente Martín Bortagaray, imputado en la causa. “Desde que era bombero y luego inspector municipal”, precisó. Aseguró que cuando compartieron gestión, como jefe comunal trabajaba desde las 7 hasta bien caída la noche. “En el pueblo nos conocemos todos y se sabe que no es un hombre de riqueza. Nunca tuvo viajes al exterior, su único viaje fue por su esposa enferma en el avión sanitario”. Gómez describió al extitular del IPV como un vecino de vida sobria, que sólo una vez reclamó en el municipio la liquidación de las vacaciones que nunca se tomó.
Declaró Dufour
Como diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour fue querellante en los inicios de la Causa Revelación, con la bandera del combate a la corrupción. Ayer apareció como testigo de la defensa del empresario Martín Castillo.
La exministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos ratificó que en su gestión se apuró la refacción del Muelle Murray Thomas, que ejecutó Bass y que según el fiscal Marcos Nápoli, se reactivó gracias a un retorno. Según la contadora, ese lugar “tenía fallas estructurales y había riesgo de vida. Era urgente tomar alguna medida porque operaban 90 barcos con la estiba y aumentaba la captura masiva de langostino. Había mucha preocupación de los operadores”. Este escenario obligó a la gestión del gobernador Martín Buzzi a una adjudicación directa.