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Pugna por las clases: Gil Domínguez resaltó que la Justicia porteña "no es competente"

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo hoy que "la Justicia local de la Ciudad de Buenos Aires no es competente para entender en una causa en la que se cuestiona la validez de una norma de naturaleza federal", al referirse al polémico fallo que ordenó continuar con las clases presenciales en el distrito pese al decreto del Ejecutivo Nacional que dispuso la suspensión de esa modalidad por 15 días en el AMBA para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus.

19/04/2021 12:18

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En diálogo con radio La Red, el letrado indicó que, "independientemente de la cuestión de fondo, hay una cuestión muy grave porque, si los jueces locales empiezan a resolver sobre causas de normas federales, se desintegra el Estado federal".

El abogado se refirió de esa manera a la decisión del Ejecutivo porteño de mantener las escuelas abiertas tras un fallo de la Justicia del distrito favorable a su pretensión, pese al decreto del Gobierno nacional que suspendió las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires para disminuir la suba de contagios de coronavirus.

Rodríguez Larreta anunció anoche que las escuelas estarían abiertas en su distrito, tras conocer un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña a favor de la presencialidad de las clases en la Ciudad.

"Si hay una persona o grupo que quiere cuestionar (el decreto), tiene que ir a la Justicia Federal en lo Contencioso a la primera y segunda instancia y llegar a la Corte", caso contrario, "los jueces federales en lo Contenciosos quedarían totalmente vaciados de contenido porque cualquier norma federal podría ir a la justicia porteña, que no tendría ninguna razón de ser", agregó.

Gil Domínguez enfatizó que, "si es una provincia o la Ciudad Autónoma, debe que ir a la Corte Suprema" ya que "la Justicia local solamente es competente para entender aquellos planteos que cuestionen normas locales, como leyes de la Legislatura o un decreto del jefe de Gobierno.

Además, evaluó que no corresponde otra alternativa, "mucho menos en un proceso en el que al Estado Federal ni siquiera se lo cita ni se lo notifica, negándole todo tipo de derecho a la defensa".

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