Un juicio clave puede caerse

Ayer a las 9 estaba previsto que se inicie el juicio por la causa de la Emergencia Climática, donde exfuncionarios provinciales y comerciantes están imputados de defraudar al Estado durante el temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia. La presunta maniobra era a través de compras de insumos para los evacuados. La mercadería no se entregó o se pagaron sobreprecios muy marcados.

Como la investigación comenzó el 27 de junio de 2018, los defensores plantearon que el plazo legal de tres años se cumplió, el caso prescribió y los acusados no deben ser enjuiciados. Fiscales y querellas, en cambio, afirman que hay una ley de Legislatura que prorrogó los tiempos hasta diciembre debido a las demoras generadas por la pandemia.

Fabián Gabalachis, defensor de Diego Correa y Franco Finiguerra, aclaró que “ningún proceso puede durar más de tres años, y este proceso ya lo ha superado”.

El miércoles, el Tribunal compuesto por Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino resolverá, luego de escuchar a todas las partes.

Gabalachis explicó que “en un proceso penal no se pueden cambiar las reglas de juego en perjuicio del justiciable”. Sobre la prórroga que aprobó Legislatura, extendiendo los plazos por seis meses, consideró que “cambió las reglas. Nunca puede haber una modificación de la ley procesal penal posterior al hecho y en este caso de la investigación. Desde que comenzó esta investigación ninguna ley puede perjudicar a los justiciables”.

Si el juicio “hubiera empezado antes del 27 de junio de 2021, hubiera estado en plazo pero no sólo es comenzar, debió tener sentencia definitiva y revisada por Cámara Penal”.

Según Gabalachis, “acá nadie busca responsables. El Ministerio Público Fiscal intentó sin éxito que el caso sea complejo como Revelación; lo pudo plantear en el inicio del caso, y no se hizo. La pandemia sorprendió a todos, pero lo cierto y concreto es que no está previsto dentro del ordenamiento procesal, por lo cual no se puede aplicar. No queramos salvar estas cuestiones excepcionales condenando o llevando a juicio a personas que por imperio legal no pueden ser juzgadas”.

Los fiscales Alex Willimas y Omar Rodríguez pidieron que comience el debate oral y público. Según Williams, “la Procuración General junto con el Superior Tribunal abogaron por extender los plazos, porque era una realidad que veíamos que iba a suceder. La suspensión de muchos juicios por la pandemia neutralizó la posibilidad de hacerlos, entonces era una cuestión previsible y teníamos una posición fijada. Justamente se hizo una modificación procesal para que los plazos que estuvieran cerca de vencer tuvieran una prórroga y se pudiera terminar el proceso. Este proceso no está vencido, Legislatura dictó una ley que modificó el Código Procesal y extendió el plazo”

Si se avanza con el juicio son “muchos los testigos. Siempre hay un número que no necesariamente pasa al debate porque se pueden convencionar. El número de la acusación son 137. Hay un número sustancialmente más chico que puede producirse y otro convencionarse, es decir que las dos partes nos ponemos de acuerdo para que el testigo no venga y damos por comprobado la intervención, que se da en el caso de los testigos de actuación. Pero los testigos sustanciales son un número importante”.

Según Williams, tenían la expectativa de hacer el juicio “en un tiempo lo más comprimido posible; íbamos a trabajar toda la semana mañana y tarde, pero empezamos dilatando, incluso el tiempo que teníamos previsto para la jornada inicial, así que ahora se abre un signo de pregunta”.

El fiscal Rodríguez se quejó por esta demora de 3 días. “No le puedo decir al testigo que venga y se quede esperando todo el día afuera, que cuando se resuelva la situación va a poder pasar. No sé cuándo vamos a tener que convocar a los testigos. Cuando se resuelvan las cuestiones previas le vamos a tener que pedir un tiempo prudencial al Tribunal para poder citar a los testigos para que vengan y no estén esperando, porque es una falta de respeto total que estén esperando afuera para declarar”.

Hay algunos testigos de Comodoro: “La idea era que estén de forma presencial. Pero si yo hago venir un testigo de Comodoro y le digo `Mire, no va a declarar porque hay un cuarto intermedio por el pedido de un defensor, venga la otra semana´. Es una falta de respeto”.

Para esos casos se usará el Zoom. “Hasta que salgamos de estas cuestiones imprevisibles, como estos planteos, seguramente será así”.

El exdiputado Eduardo Conde es delegado en Puerto Madryn de la Oficina Anticorrupción. “Mi competencia se circunscribe a aquel territorio, lo cierto es que como hay unidad de actuación me han convocado las autoridades de la Oficina para que los represente en este proceso”.

Conde dijo que el pedido de los defensores es un “verdadero escándalo: uno de los temas más sensibles de la sociedad chubutense son estos procesos de corrupción y por la pandemia, hace un año y medio que los tribunales tratan de ponerse en movimiento. Dar por extinguido el proceso por el transcurso del tiempo, es absurdo y escandaloso”.