En España aprobaron un plan para regular los alquileres

Tras diez meses de intensas negociaciones internas, el Gobierno español del presidente Pedro Sánchez aprobó un proyecto de ley de vivienda que prevé regular los alquileres de los grandes propietarios, para irritación de la derecha.

07 OCT 2021 - 14:11

La ley busca que el acceso a la vivienda "sea un derecho" y no "se especule", expresó hoy en conferencia de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión de gabinete en la que se aprobó el proyecto.

La medida que más llamó la atención apunta a los grandes propietarios, a los que se les podría poner un tope.

Según los primeros elementos esbozados por el Ejecutivo, solo se verán concernidos aquellos particulares o empresas que rentan más de diez viviendas.

Para los pequeños propietarios, muy mayoritarios en el mercado español, los precios seguirán siendo libres.

Pero habrá incentivos fiscales, como la posibilidad de reducir impuestos en hasta el 90% para quienes acepten bajar los alquileres que cobran.

En áreas "tensionadas", las autoridades locales tendrán la posibilidad de regular los alquileres en función de criterios definidos por el Estado.

También podrían incrementar hasta un 150% el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a viviendas vacías, para favorecer que sean alquiladas.

Además, el Gobierno, que se comprometió a construir cerca de 20.000 viviendas sociales, anunció un bono de 290 dólares al mes para ayudar con el alquiler a personas de entre 18 y 35 años que ganen poco más de 27.000 dólares al año.

Previsto en el pacto de coalición suscrito a finales de 2019 por el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez, y el de izquierda Podemos, el texto de este proyecto, que busca contener los precios de los alquileres, había sido anunciado para principios de este año.

Las negociaciones se extendieron por desacuerdos sobre la sensible cuestión de la regulación de los alquileres, arduamente defendida por Podemos, consignó la agencia de noticias AFP.

A cambio del apoyo al proyecto del presupuesto para 2022, aprobado también hoy en la reunión de gabinete, que incluye un 60% de gasto social, el más alto en la historia y que beneficia -entre otros- a la juventud, Podemos logró este proyecto de ley sobre los alquileres.

"Ha sido una negociación complicada", reconoció la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en Twitter.

"Entre proteger a la gente o a los grandes propietarios y promotores, nosotras lo tenemos claro", agregó.

Los precios de los alquileres subieron con fuerza en los últimos años en España, ante la escasez de oferta.

Según el portal especializado Idealista, el precio del metro cuadrado de las propiedades en alquiler aumentó un 40% entre enero de 2011 y enero de 2021.

Esta escalada puso en dificultades a numerosos inquilinos, que vieron cómo la mayor parte de su presupuesto estaba dedicado a la vivienda.

Según datos oficiales, el 20% más modesto destina al menos un 40% de sus ingresos a este rubro.

Para ponerle un freno a esta tendencia, la ley de vivienda prevé una mezcla de incentivos y de coacción.

De ser aprobada en el Congreso, la aplicación de la ley podría enfrentar grandes obstáculos, ya que dependerá de regiones y de alcaldías donde gobierna la oposición, que ya anunció que no lo hará.

"Estamos a favor de que la gente haga lo que le dé la gana con lo que es suyo", afirmó el líder del Partido Popular (PP, derecha), Pablo Casado, quien fustigó a un Gobierno que a su juicio "ataca la libertad, la propiedad privada".

El líder del principal partido de oposición denunció un "intervencionismo suicida" y adelantó que recurrirá el texto, que aún no ha sido difundido en detalle, ante la Corte Constitucional.

Con esta ley, "lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos, por tanto, el precio de los mismos subirá", advirtió.

"No se puede decir que no a un proyecto de ley que no se ha podido leer ni ha sido debatido" en el Parlamento, respondió Sánchez por Twitter.

07 OCT 2021 - 14:11

La ley busca que el acceso a la vivienda "sea un derecho" y no "se especule", expresó hoy en conferencia de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión de gabinete en la que se aprobó el proyecto.

La medida que más llamó la atención apunta a los grandes propietarios, a los que se les podría poner un tope.

Según los primeros elementos esbozados por el Ejecutivo, solo se verán concernidos aquellos particulares o empresas que rentan más de diez viviendas.

Para los pequeños propietarios, muy mayoritarios en el mercado español, los precios seguirán siendo libres.

Pero habrá incentivos fiscales, como la posibilidad de reducir impuestos en hasta el 90% para quienes acepten bajar los alquileres que cobran.

En áreas "tensionadas", las autoridades locales tendrán la posibilidad de regular los alquileres en función de criterios definidos por el Estado.

También podrían incrementar hasta un 150% el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a viviendas vacías, para favorecer que sean alquiladas.

Además, el Gobierno, que se comprometió a construir cerca de 20.000 viviendas sociales, anunció un bono de 290 dólares al mes para ayudar con el alquiler a personas de entre 18 y 35 años que ganen poco más de 27.000 dólares al año.

Previsto en el pacto de coalición suscrito a finales de 2019 por el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez, y el de izquierda Podemos, el texto de este proyecto, que busca contener los precios de los alquileres, había sido anunciado para principios de este año.

Las negociaciones se extendieron por desacuerdos sobre la sensible cuestión de la regulación de los alquileres, arduamente defendida por Podemos, consignó la agencia de noticias AFP.

A cambio del apoyo al proyecto del presupuesto para 2022, aprobado también hoy en la reunión de gabinete, que incluye un 60% de gasto social, el más alto en la historia y que beneficia -entre otros- a la juventud, Podemos logró este proyecto de ley sobre los alquileres.

"Ha sido una negociación complicada", reconoció la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en Twitter.

"Entre proteger a la gente o a los grandes propietarios y promotores, nosotras lo tenemos claro", agregó.

Los precios de los alquileres subieron con fuerza en los últimos años en España, ante la escasez de oferta.

Según el portal especializado Idealista, el precio del metro cuadrado de las propiedades en alquiler aumentó un 40% entre enero de 2011 y enero de 2021.

Esta escalada puso en dificultades a numerosos inquilinos, que vieron cómo la mayor parte de su presupuesto estaba dedicado a la vivienda.

Según datos oficiales, el 20% más modesto destina al menos un 40% de sus ingresos a este rubro.

Para ponerle un freno a esta tendencia, la ley de vivienda prevé una mezcla de incentivos y de coacción.

De ser aprobada en el Congreso, la aplicación de la ley podría enfrentar grandes obstáculos, ya que dependerá de regiones y de alcaldías donde gobierna la oposición, que ya anunció que no lo hará.

"Estamos a favor de que la gente haga lo que le dé la gana con lo que es suyo", afirmó el líder del Partido Popular (PP, derecha), Pablo Casado, quien fustigó a un Gobierno que a su juicio "ataca la libertad, la propiedad privada".

El líder del principal partido de oposición denunció un "intervencionismo suicida" y adelantó que recurrirá el texto, que aún no ha sido difundido en detalle, ante la Corte Constitucional.

Con esta ley, "lo que va a suceder es que la gente no ponga sus pisos en alquiler y al final haya menos pisos, por tanto, el precio de los mismos subirá", advirtió.

"No se puede decir que no a un proyecto de ley que no se ha podido leer ni ha sido debatido" en el Parlamento, respondió Sánchez por Twitter.


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