Caso Antieco: pidieron prisión para el imputado

El fiscal Fidel González solicitó la prisión para el ingeniero Juan Carlos Lupi en el caso de la muerte de la mujer en un ascensor. El defensor Pérez Galimberti cuestionó la acusación.

La muerte de una mujer en un ascensor en debate en los Tribunales.
12 FEB 2022 - 19:31 | Actualizado

El viernes se realizaron los alegatos, en el marco de la causa por la muerte de María Antieco en un ascensor de los Tribunales de Esquel al caer al vacío, hecho ocurrido el 29 de agosto de 2018.

El fiscal Fidel González pidió la declaración de responsabilidad del ingeniero Juan Carlos Lupi, por considerar que con su revisión y consecuente informe en relación al estado del ascensor del público en los Tribunales de Esquel, tuvo directa responsabilidad con el desperfecto que causó la muerte de María Antieco.

Por su lado el defensor particular Adolfo Pérez Galimberti, cuestionó el alegato fiscal, puso en duda la experticia del perito oficial, y desvinculó a su defendido de toda responsabilidad en torno al estado del ascensor. González calificó el hecho como grave y sensible, porque falleció una persona cuya investigación fue compleja y técnica, como tampoco fue simple la intervención forense. Se requirió una segunda autopsia, para la que el cuerpo de María debió ser trasladado a la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, para la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.

Esta resolución judicial en sede penal, es parcial, queda pendiente el juicio en relación al coimputado y la responsabilidad civil. La decisión que se tome en este debate, no se vincula con las otras cuestiones a resolver.

A lo largo de una semana del debate, declararon 24 testigos en relación al contrato de Lupi, sus intervenciones, el mantenimiento de los ascensores, el desperfecto que llevó a que la puerta se abriera no estando la cabina, los resultados periciales, entre otras cuestiones.

Se informó que Lupi, presentó un informe con fecha 1º de febrero de 2018, del que surge el estado del ascensor. Del mismo se desprenden calificativos respecto del ascensor del público, tales como “impecable, espectacular”. Indicaba el mismo que las cerraduras “operan bien”, dando cuenta a ojo del observador que el ascensor funciona bien, lo que transmitió tranquilidad a las personas que recibieron el informe: Ferreti, Solitro y Barroso.

El fiscal concluyó que no estarían en el debate, si las condiciones del ascensor hubieran sido las consignadas en el informe del imputado. Citó un informe de 2015, en el que Lupi indicaba que para dejar en funcionamiento el ascensor, debió anular provisoriamente el doble contacto de la cerradura, indicando que luego debería ser puesto en funcionamiento por la persona encargada de mantenimiento. El ingeniero Lupi fue acusado de homicidio culposo por negligencia e impericia. “La intención de Lupi no era producir el deceso de Antieco, sino dejar funcionando el ascensor parar evitar los reclamos de los usuarios”, indicó el fiscal González.

Valorando el hecho como grave, ubicó la pena justa en el tercio más alto de la escala penal prevista, y según la combinación de agravantes y atenuantes, concluyó en un pedido de pena de tres años y medio de prisión de ejecución efectiva.

El defensor Alfredo Pérez Galimberti, pidió la libre absolución de su defendido. Cuestionó al fiscal y al perito oficial.

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La muerte de una mujer en un ascensor en debate en los Tribunales.
12 FEB 2022 - 19:31

El viernes se realizaron los alegatos, en el marco de la causa por la muerte de María Antieco en un ascensor de los Tribunales de Esquel al caer al vacío, hecho ocurrido el 29 de agosto de 2018.

El fiscal Fidel González pidió la declaración de responsabilidad del ingeniero Juan Carlos Lupi, por considerar que con su revisión y consecuente informe en relación al estado del ascensor del público en los Tribunales de Esquel, tuvo directa responsabilidad con el desperfecto que causó la muerte de María Antieco.

Por su lado el defensor particular Adolfo Pérez Galimberti, cuestionó el alegato fiscal, puso en duda la experticia del perito oficial, y desvinculó a su defendido de toda responsabilidad en torno al estado del ascensor. González calificó el hecho como grave y sensible, porque falleció una persona cuya investigación fue compleja y técnica, como tampoco fue simple la intervención forense. Se requirió una segunda autopsia, para la que el cuerpo de María debió ser trasladado a la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, para la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.

Esta resolución judicial en sede penal, es parcial, queda pendiente el juicio en relación al coimputado y la responsabilidad civil. La decisión que se tome en este debate, no se vincula con las otras cuestiones a resolver.

A lo largo de una semana del debate, declararon 24 testigos en relación al contrato de Lupi, sus intervenciones, el mantenimiento de los ascensores, el desperfecto que llevó a que la puerta se abriera no estando la cabina, los resultados periciales, entre otras cuestiones.

Se informó que Lupi, presentó un informe con fecha 1º de febrero de 2018, del que surge el estado del ascensor. Del mismo se desprenden calificativos respecto del ascensor del público, tales como “impecable, espectacular”. Indicaba el mismo que las cerraduras “operan bien”, dando cuenta a ojo del observador que el ascensor funciona bien, lo que transmitió tranquilidad a las personas que recibieron el informe: Ferreti, Solitro y Barroso.

El fiscal concluyó que no estarían en el debate, si las condiciones del ascensor hubieran sido las consignadas en el informe del imputado. Citó un informe de 2015, en el que Lupi indicaba que para dejar en funcionamiento el ascensor, debió anular provisoriamente el doble contacto de la cerradura, indicando que luego debería ser puesto en funcionamiento por la persona encargada de mantenimiento. El ingeniero Lupi fue acusado de homicidio culposo por negligencia e impericia. “La intención de Lupi no era producir el deceso de Antieco, sino dejar funcionando el ascensor parar evitar los reclamos de los usuarios”, indicó el fiscal González.

Valorando el hecho como grave, ubicó la pena justa en el tercio más alto de la escala penal prevista, y según la combinación de agravantes y atenuantes, concluyó en un pedido de pena de tres años y medio de prisión de ejecución efectiva.

El defensor Alfredo Pérez Galimberti, pidió la libre absolución de su defendido. Cuestionó al fiscal y al perito oficial.


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