Quieren pagar $ 12 millones para reparar un robo de $ 419 millones
En el marco de la Causa Tierra Arrasada, tres imputados por el hurto de áridos en Trelew ofrecieron pagar $ 4 millones cada uno a cambio de no ir a juicio oral y público. La jueza Tolomei dijo que la propuesta "no es razonable" teniendo en cuenta la dimensión del delito. La defensa apelará ante la Cámara Penal pero igual seguirá negociando con la Municipalidad.
La jueza María Tolomei rechazó la oferta de tres imputados en la Causa Tierra Arrasada que intentan obtener la probation y evitar el juicio oral y público. Carlos Errozarena, Walter Salesky y Mario Augsburguer propusieron pagar una reparación de $ 12 millones ($ 4 millones cada uno) a cambio de ser beneficiados con la suspensión del juicio a prueba.
La magistrada consideró que el monto no es razonable ni proporcional con la dimensión del delito considerando que la valuación de los áridos robados detrás de la estación de servicio Mica en Trelew asciende a más de $ 419 millones. El cráter que dejó el hurto es de 200 metros cúbicos y 7 metros de profundidad.
Lucas Ocampo, defensor público del trío, impugnará la decisión ante la Cámara Penal pero a la vez seguirá negociando con el fiscal Gustavo Núñez y los abogados de la Municipalidad para conciliar una salida económica.
La comuna exige a los acusados que al menos que entreguen una camioneta 0 kilómetro base. Los tres dicen no estar en condiciones económicas para ese esfuerzo. Si la Cámara avala la decisión de la jueza, el caso tendrá su audiencia preliminar y su juicio.
Según Ocampo, el beneficio de la probation les corresponde porque sus clientes no tienen prontuario y el máximo de la calificación jurídica no supera los dos años. “Hay tres personas que ya quedaron fuera de la causa, ¿entonces por qué unos sí y otros no? Es extremadamente arbitrario. Esta causa llegó a esta instancia por razones políticas y le pido a la jueza que ponga un límite”.
Según el defensor, el cráter en la cantera estaba iniciado antes de la fecha de los hechos que se imputan. “No se sabe cuánto pudieron sacar mis representados, ese daño nunca podrán acreditarlo”, razonó.
En tanto, el fiscal Núñez subrayó que hubo varias reuniones con Errozarena, Salesky y Augsburguer, sin que mostraran real voluntad de un pago. Su primera intención fue entregar una máquina al municipio. Pero cuando la revisaron ni siquiera arrancaba: estaba fundida.
“Hasta las ofrecimos cuotas –dijo el fiscal- pero las posiciones están muy lejanas y no es un hurto cualquiera: se comprometieron bienes públicos que debemos proteger; nos oponemos a la propuesta para no convertir la probation en el camino más fácil”.
Pedro Contreras, abogado del municipio, argumento que los áridos que se llevaron “eran de todos los vecinos y nada avala ni justifica ese accionar. Sería injusto con los acusados que ya hicieron una oferta mucho mayor y mostraron toda la voluntad de acordar. Lo que proponen es precario y absurdo”.
El letrado querellante enfatizó además que se negoció con los seis imputados por igual.
En la primera parte de la audiencia, José Pascual Uña y sus hijas Analía del Valle y Natalia Belén –también acusados en la causa- sí confirmaron su acuerdo con el municipio y la Fiscalía para obtener la probation a cambio de entregar al área de Obras Públicas una máquina cargadora.
En su caso la negociación data de mayo pero la primera pala cargadora que pusieron a disposición tuvo problemas con su inscripción automotor a favor de la querella municipal. Por eso trajeron otra desde Puerto San Julián que la comuna ya puede usar. Cuando la transferencia se firme, los Uña serán sobreseídos.
Entre el valor de la máquina, su transporte desde Santa Cruz y los papeles, la operatoria les costó a estos tres involucrados unos $ 60 millones.
Fotos: Sergio Esparza
La jueza María Tolomei rechazó la oferta de tres imputados en la Causa Tierra Arrasada que intentan obtener la probation y evitar el juicio oral y público. Carlos Errozarena, Walter Salesky y Mario Augsburguer propusieron pagar una reparación de $ 12 millones ($ 4 millones cada uno) a cambio de ser beneficiados con la suspensión del juicio a prueba.
La magistrada consideró que el monto no es razonable ni proporcional con la dimensión del delito considerando que la valuación de los áridos robados detrás de la estación de servicio Mica en Trelew asciende a más de $ 419 millones. El cráter que dejó el hurto es de 200 metros cúbicos y 7 metros de profundidad.
Lucas Ocampo, defensor público del trío, impugnará la decisión ante la Cámara Penal pero a la vez seguirá negociando con el fiscal Gustavo Núñez y los abogados de la Municipalidad para conciliar una salida económica.
La comuna exige a los acusados que al menos que entreguen una camioneta 0 kilómetro base. Los tres dicen no estar en condiciones económicas para ese esfuerzo. Si la Cámara avala la decisión de la jueza, el caso tendrá su audiencia preliminar y su juicio.
Según Ocampo, el beneficio de la probation les corresponde porque sus clientes no tienen prontuario y el máximo de la calificación jurídica no supera los dos años. “Hay tres personas que ya quedaron fuera de la causa, ¿entonces por qué unos sí y otros no? Es extremadamente arbitrario. Esta causa llegó a esta instancia por razones políticas y le pido a la jueza que ponga un límite”.
Según el defensor, el cráter en la cantera estaba iniciado antes de la fecha de los hechos que se imputan. “No se sabe cuánto pudieron sacar mis representados, ese daño nunca podrán acreditarlo”, razonó.
En tanto, el fiscal Núñez subrayó que hubo varias reuniones con Errozarena, Salesky y Augsburguer, sin que mostraran real voluntad de un pago. Su primera intención fue entregar una máquina al municipio. Pero cuando la revisaron ni siquiera arrancaba: estaba fundida.
“Hasta las ofrecimos cuotas –dijo el fiscal- pero las posiciones están muy lejanas y no es un hurto cualquiera: se comprometieron bienes públicos que debemos proteger; nos oponemos a la propuesta para no convertir la probation en el camino más fácil”.
Pedro Contreras, abogado del municipio, argumento que los áridos que se llevaron “eran de todos los vecinos y nada avala ni justifica ese accionar. Sería injusto con los acusados que ya hicieron una oferta mucho mayor y mostraron toda la voluntad de acordar. Lo que proponen es precario y absurdo”.
El letrado querellante enfatizó además que se negoció con los seis imputados por igual.
En la primera parte de la audiencia, José Pascual Uña y sus hijas Analía del Valle y Natalia Belén –también acusados en la causa- sí confirmaron su acuerdo con el municipio y la Fiscalía para obtener la probation a cambio de entregar al área de Obras Públicas una máquina cargadora.
En su caso la negociación data de mayo pero la primera pala cargadora que pusieron a disposición tuvo problemas con su inscripción automotor a favor de la querella municipal. Por eso trajeron otra desde Puerto San Julián que la comuna ya puede usar. Cuando la transferencia se firme, los Uña serán sobreseídos.
Entre el valor de la máquina, su transporte desde Santa Cruz y los papeles, la operatoria les costó a estos tres involucrados unos $ 60 millones.
Fotos: Sergio Esparza