La clave del día / Bajo riesgo

16 MAY 2022 - 21:12 | Actualizado 16 MAY 2022 - 21:15

Así están las bibliotecas populares del país. Y claman por ayuda ante la gran posibilidad de quedar sin financiamiento. Es que una ley nacional sancionada en 2017 tiene al 31 de diciembre de este año como fecha límite de vigencia en lo referente a una asignación especial presupuestaria destinada a ese sector de la sociedad con la que aprendimos y aprendemos a leer y escribir, a hacer volar la imaginación y a conocer nuestra pasado, entender el presente y proyectar un futuro posible.

Sin embargo, existe un estado de alerta y desde varios meses ante el silencio de quienes son los responsables de evitar este desquicio cuando una normativa legal sancionada en el año 2017, bajo la administración conducida por el expresidente Mauricio Macri, le puso caducidad a la vigencia de una serie de reglas que, con fondos especiales, financian a éste y otros sectores del quehacer argentino, sin que haya un atisbo de reacción por parte de la clase política nacional, que tiene el poder de eludir un final no esperado en el último mes de este año.

La fecha límite está fijada en el 31 de diciembre de 2022. Después de ese día, de no derogarse la ley 27.432, esos fondos pasarían a formar parte del Tesoro Nacional y, dejaría -en los hechos concretos- a su buena suerte a las bibliotecas populares de todo el territorio nacional. Es que la financiación iría a parar a Rentas Generales sin un fin específico como viene ocurriendo hasta ahora.

Lo notable es que el Estado seguirá recaudando, pero no para las bibliotecas populares. Es decir, el dinero seguirá ingresando a las arcas gubernamentales pero sin que se sepa su fin, generando incertidumbre a instituciones civiles sin fines de lucro, y angustia a quienes les dedicaron su vida. Parece que nada importa. Que a nadie le importa. Se espera que por poco tiempo. Caso contrario, será demasiado tarde.#

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16 MAY 2022 - 21:12

Así están las bibliotecas populares del país. Y claman por ayuda ante la gran posibilidad de quedar sin financiamiento. Es que una ley nacional sancionada en 2017 tiene al 31 de diciembre de este año como fecha límite de vigencia en lo referente a una asignación especial presupuestaria destinada a ese sector de la sociedad con la que aprendimos y aprendemos a leer y escribir, a hacer volar la imaginación y a conocer nuestra pasado, entender el presente y proyectar un futuro posible.

Sin embargo, existe un estado de alerta y desde varios meses ante el silencio de quienes son los responsables de evitar este desquicio cuando una normativa legal sancionada en el año 2017, bajo la administración conducida por el expresidente Mauricio Macri, le puso caducidad a la vigencia de una serie de reglas que, con fondos especiales, financian a éste y otros sectores del quehacer argentino, sin que haya un atisbo de reacción por parte de la clase política nacional, que tiene el poder de eludir un final no esperado en el último mes de este año.

La fecha límite está fijada en el 31 de diciembre de 2022. Después de ese día, de no derogarse la ley 27.432, esos fondos pasarían a formar parte del Tesoro Nacional y, dejaría -en los hechos concretos- a su buena suerte a las bibliotecas populares de todo el territorio nacional. Es que la financiación iría a parar a Rentas Generales sin un fin específico como viene ocurriendo hasta ahora.

Lo notable es que el Estado seguirá recaudando, pero no para las bibliotecas populares. Es decir, el dinero seguirá ingresando a las arcas gubernamentales pero sin que se sepa su fin, generando incertidumbre a instituciones civiles sin fines de lucro, y angustia a quienes les dedicaron su vida. Parece que nada importa. Que a nadie le importa. Se espera que por poco tiempo. Caso contrario, será demasiado tarde.#


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