Editorial / Los riesgos de seguir agitando regionalismos
Leé La Columna del Domingo, el tradicional análisis de la edición impresa de Jornada.
16 JUL 2022 - 21:02 | Actualizado 17 JUL 2022 - 12:40
El proyecto con estado legislativo denominado “Renta Hídrica”, entusiastamente apoyado por el gobernador Mariano Arcioni en su reciente visita a la zona cordillerana, fue un paso atrás en la difícil misión de intentar integrar a Chubut de cara a los desafíos que vienen, en contra de los regionalismos que tanto daño le han hecho –y le siguen haciendo- a los chubutenses.
El proyecto de renta hídrica que estaba dormido en la Legislatura provincial por falta de apoyo político e inconsistencias jurídicas, revivió de buenas a primeras por una declaración pública de Arcioni que, tal vez imbuido por el clima cordillerano que le hicieron vivir dirigentes locales como Ricardo Bestene y Carlos Mantegna (que son de los pocos que agitan el tema cada tanto), puso otra vez en el tapete la idea de sacar jugo para repartir sólo entre en una región, en desmedro de otras.
La mentada renta hídrica merece algunas consideraciones, tanto de tipo jurídico como político. El extenso proyecto de 74 artículos pretende desde una singular mirada, subvertir principios básicos del ordenamiento jurídico argentino, intentando sustraer de su jurisdicción natural -establecidas por las leyes nacionales 15.336 y 24.065-, el manejo y administración de una cuenca hídrica. Y, fundamentalmente, declarar de jurisdicción provincial la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca hídrica del río Futaleufú en beneficio de una región en particular.
Sigue causando una particular perplejidad la pretensión de un puñado de dirigentes con anteojeras –ahora envalentonados por el gobernador- de declarar de jurisdicción provincial la generación de energía hidroeléctrica en esa cuenca hídrica, cuando está explícitamente establecido en el Artículo 6º de la ley nacional 15.336 la jurisdicción nacional de las generaciones eléctrica que en cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión. Por si alguno no se enteró, es el caso de la represa Hidroeléctrica Futaleufú S.A., una empresa controlada por la fabricante de aluminio Aluar (60,2%) pero en la que la Provincia del Chubut (o sea, todos los chubutenses) tiene el 33,51% de las acciones.
No es intención de esta Columna desgranar todas y cada una de las inconsistencias jurídicas del proyecto, pero vale la pena mencionar la pretensión de modificar lo establecido en leyes nacionales con una ley provincial, controvirtiendo principios jurídicos básicos vigentes en el ordenamiento constitucional. Pero, además, resulta particularmente llamativo lo que pretende la aprobación del Artículo 71 del proyecto de ley de renta hídrica, en cuanto a autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a la “venta, cesión y/o transferencia del paquete accionario de propiedad de la Provincia del Chubut de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú SA representados en Acciones Clase B”. En momentos en que todas las provincias que cuentan con generaciones hidroeléctricas en su territorio están negociando el traspaso total y definitivo de las distintas represas a manos de los estados provinciales para poder ejercer plenamente la soberanía sobre los recursos naturales, aspirando a ser titulares además de dichas producciones para poder contar con generaciones energéticas propias que redundarán en evidentes beneficios tanto de calidad como de costos para los habitantes de esa provincia, el proyecto de renta hídrica plantea que la provincia se desprenda de su principal activo energético, ofreciéndole tácitamente los beneficios de ese negocio al otro socio de la concesión, que como ya fue dicho, es el gigante Aluar.
Desde el punto de vista político, el proyecto carece de una mirada integral del territorio, planteando que un recurso que es de todos los chubutenses deberá otorgar beneficios diferenciales a una región de la provincia, generando un privilegio sobre el resto de las localidades de la provincia. ¿Cuál sería la diferencia si las ciudades costeras que cuentan con puertos reclamen mayores beneficios respecto de los recursos generados al fisco provincial por la actividad pesquera? O también sería una buena excusa para que Sarmiento le cobre el agua que consumen los comodorenses; o que los ingresos por exportación de cerezas se repartan sólo en Trelew y Gaiman.
El proyecto plantea un desguace de la idea de proyecto integral de provincia, basado en el concepto de que la cercanía con determinados recursos naturales, -paradojalmente también llamados bienes comunes-, otorga derechos y beneficios especiales.
Fue tan vapuleado el proyecto de renta hídrica apenas se puso en la mesa de discusiones, que causa sorpresa que el gobernador pretenda reinstalarlo ahora en la agenda pública. Insostenible en términos políticos y jurídicos, su debate estéril terminará perjudicando a las regiones que pretende defender. No se trata de seguir dividiendo la provincia y pretender así que las cosas mejoren de manera colectiva. Si no se entiende algo tan básico, los caminos hacia la salida quedarán cada vez más lejos.#
16 JUL 2022 - 21:02
El proyecto con estado legislativo denominado “Renta Hídrica”, entusiastamente apoyado por el gobernador Mariano Arcioni en su reciente visita a la zona cordillerana, fue un paso atrás en la difícil misión de intentar integrar a Chubut de cara a los desafíos que vienen, en contra de los regionalismos que tanto daño le han hecho –y le siguen haciendo- a los chubutenses.
El proyecto de renta hídrica que estaba dormido en la Legislatura provincial por falta de apoyo político e inconsistencias jurídicas, revivió de buenas a primeras por una declaración pública de Arcioni que, tal vez imbuido por el clima cordillerano que le hicieron vivir dirigentes locales como Ricardo Bestene y Carlos Mantegna (que son de los pocos que agitan el tema cada tanto), puso otra vez en el tapete la idea de sacar jugo para repartir sólo entre en una región, en desmedro de otras.
La mentada renta hídrica merece algunas consideraciones, tanto de tipo jurídico como político. El extenso proyecto de 74 artículos pretende desde una singular mirada, subvertir principios básicos del ordenamiento jurídico argentino, intentando sustraer de su jurisdicción natural -establecidas por las leyes nacionales 15.336 y 24.065-, el manejo y administración de una cuenca hídrica. Y, fundamentalmente, declarar de jurisdicción provincial la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca hídrica del río Futaleufú en beneficio de una región en particular.
Sigue causando una particular perplejidad la pretensión de un puñado de dirigentes con anteojeras –ahora envalentonados por el gobernador- de declarar de jurisdicción provincial la generación de energía hidroeléctrica en esa cuenca hídrica, cuando está explícitamente establecido en el Artículo 6º de la ley nacional 15.336 la jurisdicción nacional de las generaciones eléctrica que en cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión. Por si alguno no se enteró, es el caso de la represa Hidroeléctrica Futaleufú S.A., una empresa controlada por la fabricante de aluminio Aluar (60,2%) pero en la que la Provincia del Chubut (o sea, todos los chubutenses) tiene el 33,51% de las acciones.
No es intención de esta Columna desgranar todas y cada una de las inconsistencias jurídicas del proyecto, pero vale la pena mencionar la pretensión de modificar lo establecido en leyes nacionales con una ley provincial, controvirtiendo principios jurídicos básicos vigentes en el ordenamiento constitucional. Pero, además, resulta particularmente llamativo lo que pretende la aprobación del Artículo 71 del proyecto de ley de renta hídrica, en cuanto a autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a la “venta, cesión y/o transferencia del paquete accionario de propiedad de la Provincia del Chubut de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú SA representados en Acciones Clase B”. En momentos en que todas las provincias que cuentan con generaciones hidroeléctricas en su territorio están negociando el traspaso total y definitivo de las distintas represas a manos de los estados provinciales para poder ejercer plenamente la soberanía sobre los recursos naturales, aspirando a ser titulares además de dichas producciones para poder contar con generaciones energéticas propias que redundarán en evidentes beneficios tanto de calidad como de costos para los habitantes de esa provincia, el proyecto de renta hídrica plantea que la provincia se desprenda de su principal activo energético, ofreciéndole tácitamente los beneficios de ese negocio al otro socio de la concesión, que como ya fue dicho, es el gigante Aluar.
Desde el punto de vista político, el proyecto carece de una mirada integral del territorio, planteando que un recurso que es de todos los chubutenses deberá otorgar beneficios diferenciales a una región de la provincia, generando un privilegio sobre el resto de las localidades de la provincia. ¿Cuál sería la diferencia si las ciudades costeras que cuentan con puertos reclamen mayores beneficios respecto de los recursos generados al fisco provincial por la actividad pesquera? O también sería una buena excusa para que Sarmiento le cobre el agua que consumen los comodorenses; o que los ingresos por exportación de cerezas se repartan sólo en Trelew y Gaiman.
El proyecto plantea un desguace de la idea de proyecto integral de provincia, basado en el concepto de que la cercanía con determinados recursos naturales, -paradojalmente también llamados bienes comunes-, otorga derechos y beneficios especiales.
Fue tan vapuleado el proyecto de renta hídrica apenas se puso en la mesa de discusiones, que causa sorpresa que el gobernador pretenda reinstalarlo ahora en la agenda pública. Insostenible en términos políticos y jurídicos, su debate estéril terminará perjudicando a las regiones que pretende defender. No se trata de seguir dividiendo la provincia y pretender así que las cosas mejoren de manera colectiva. Si no se entiende algo tan básico, los caminos hacia la salida quedarán cada vez más lejos.#