Editorial / ¿Y ahora quién paga la cuenta?

Hace tiempo se viene advirtiendo desde esta Columna que hay temas urgentes en Chubut sobre los que casi nadie pone la atención adecuada. Casi ninguno encara la tormenta por el medio y la gran mayoría trata de esquivarla, esperando que otro ponga el cuerpo. No se puede gobernar sin compromiso o esperando que la suerte haga lo suyo.

En el proyecto de Presupuesto Nacional 2023 que el ministro de Economía Sergio Massa envió al Congreso hay un artículo que genera preocupación. Era sabido que el tigrense no es un keynesiano que cree que la intervención del Estado y la expansión del gasto pueden equilibrar una economía en recesión. Por el contrario, Massa tomó las riendas de la economía para hacer el ajuste que demanda el FMI y que sus aspiraciones presidenciales necesitan. La cirugía no será sin dolor.

Ni un mango más

El Artículo 90 del proyecto de Presupuesto 2023 pone en jaque los ingresos de Chubut y, por ende, los de la mayoría de los municipios. Mientras la clase dirigente hace cuentas para las elecciones, arman listas, lanzan campañas y se hacen zancadillas, el Gobierno nacional advierte en la ley de Presupuesto que “las Provincias y los Municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica de su respectiva jurisdicción, deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción”. Es decir, Massa y su equipo tienen pensado echar mano a los más de $ 450.000 millones que las distribuidoras de electricidad de todo el país le deben a la mayorista Cammesa. En el caso de Chubut, la deuda de las cooperativas y del propio Estado provincial supera los $ 30.000 millones.

Pero esto no termina acá. Agrega el Artículo 90: “A tal efecto, se establece un período de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, a fin de que cada jurisdicción concedente determine, establezca y/o adecúe su regulación, de ser ello necesario, para que se asegure y garantice el pago de las facturas que emitidas y que en un futuro emita la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) por los citados conceptos. Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”.

Para que se entienda: el Gobierno nacional les está avisando a las provincias que se terminó el “pedal”, que no es otra cosa que comprarle energía a Cammesa, no pagarla, distribuirla, cobrarle a los usuarios (en el mejor de los casos) y tirar la pelota para adelante.

Co-responsables

Pero lo más preocupante está en la parte final del Artículo 90: “Vencido dicho plazo –seis meses después de la aprobación del Presupuesto-, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a Cammesa el prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo”.

Es decir, la Provincia será solidariamente responsable de la enorme deuda que las cooperativas y el propio Estado mantienen con Cammesa. Y si las distribuidoras no empiezan a pagar el “corriente” (la energía que compran cada mes), la Provincia podría empezar a sufrir durísimos recortes en sus ingresos. Sin anestesia.

Si eso ocurre, el problema no sería solamente de quien lleva las riendas de la Provincia. Es más que obvio que el Gobierno provincial no va a poder absorber el golpe por sí solo y le va a descontar a cada municipio, que hacen las veces de “poder concedente”, lo que le corresponde por la energía que a través de las cooperativas compran, distribuyen, consumen y no pagan.

La pelota se hizo tan grande y los poderes concedentes manejaron tan mal la cuestión tarifaria (dejaron en manos de los concejos deliberantes cuestiones que debía resolver cada municipio), que hoy casi ninguna cooperativa grande de Chubut podría hacer frente al “corriente” con Cammesa sin dejar de atender otras cuestiones básicas de su funcionamiento, como por ejemplo los sueldos de sus trabajadores.

Si el Artículo 90 del Presupuesto de Massa avanza, la situación económica y energética de Chubut entrará en un cono de sombra de consecuencias alarmantes. Eso explica por qué algunos actores del sector energético que guardaban prudente silencio ahora empezaron a pedir lo que otros vienen reclamando desde hace varios años: una Empresa Provincial de Energía que aporte las herramientas para ordenar y regular el mercado eléctrico, sin la necesidad de eliminar a las cooperativas grandes, que seguirían distribuyendo la electricidad a los hogares.

Se trata de que Chubut empiece a tomar el control de sus recursos energéticos por el carácter estratégico que tienen. No habrá política de desarrollo sin política energética.

Espejitos de colores

Por eso es importante poner en su lugar a los que siguen insistiendo en las sombras con la “Ley Aluar”, que promete espejitos de colores para los pueblos cordilleranos y, en verdad, no es más que un artilugio de algunos vivillos para garantizarle la presa de Futaleufú a la misma empresa que hace casi 30 años hace pingües negocios con la energía que genera en Chubut, mientras decenas de pueblos chubutenses siguen quemando combustible fósil altamente contaminante para poder iluminarse, las cooperativas están al borde la quiebra y el Estado provincial debe hacerse cargo de la cuenta.

El reloj sigue corriendo y hay que tomar medidas necesarias, de fondo. No es tiempo para tibios ni para los que se hacen los distraídos.#