Editorial / Los incendios y el fracaso de la política

El propósito es hacer daño”. Lo dijo hace pocos días el gobernador Mariano Arcioni, en relación a los tres focos de incendios que vienen complicando a la zona cordillerana de Chubut. La semiplena prueba de que estos tres últimos incendios desatados en el Parque Nacional Los Alerces, el lago Cholila y la zona de El Pedregoso fueron intencionales, amenaza chocarse otra vez –como ya ocurrió en años anteriores con incendios aún más devastadores- con la imposibilidad de saber a ciencia cierta quién o quiénes, y por qué motivos, vienen realizando semejante ecocidio.

La intencionalidad, dicen los que saben y conocen la zona al detalle, se comprueba con sólo saber que el fuego se inicia en lugares donde habitualmente no circula gente. Claramente, no es un descuido sino el accionar de alguien (o varios) que sabe lo que hace y, lo peor de todo, que busca que el daño sea muy difícil de reparar. Por ejemplo, los tres últimos incendios en Chubut se iniciaron en zonas de difícil acceso, tanto con vehículos como a pie, por lo que a los brigadistas les costó entre tres y cuatro horas llegar hasta el fuego.

Miradas distintas

Alguien está prendiendo fuego la zona cordillerana de Chubut y las autoridades hacen enormes esfuerzos económicos y materiales por controlar las llamas. Pero no se ponen de acuerdo para darle un mismo marco a la situación: mientras el gobernador sostiene una y otra vez la clara intencionalidad de los incendios, durante su reciente visita a la zona el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, aunque también habló de castigar a los responsables de los incendios, se ganó algunas críticas por afirmar que la sequía y el calentamiento global también meten la cola: “Los incendios no tienen fronteras, no hay país en el mundo que quede exento. Las consecuencias del calentamiento global, como las sequías prolongadas y el aumento de la temperatura promedio, generan las condiciones para que cualquier mínimo foco pueda descontrolarse”, posteó el ministro en su cuenta de Twitter el 4 de febrero pasado.

Las señales corporales de ambos sectores no ayudan: mientras el Gobierno provincial, por orden de Arcioni, movió rápido a una docena de funcionarios para estar cerca de los acontecimientos, Cabandié llegó a la zona rodeado de equipos de prensa que lo fotografiaron mirando el humo con cara de preocupado. A su lado, el diputado nacional por Chubut, Santiago Igon, redondeó la imagen de que el fuego consume todo menos las diferencias políticas. No es el lugar ni el momento para pavonearse sobre las cenizas sino para dar respuestas concretas. Deberían saberlo todos.

La excusa mapuche

Está más que claro que el Gobierno nacional ha evitado en todo momento –ahora y en los últimos años- abonar la idea de que hay grupos incendiarios con intereses aborígenes detrás de estos hechos. Las investigaciones policiales y jurídicas que nunca encontraron a los autores sostienen esta posición de la Casa Rosada. También lo hace como contraposición a muchas posturas surgidas de sectores de la oposición que le asignan toda la responsabilidad a grupos radicales mapuches.

El facilismo con que algunos señalan a estos presuntos activistas o a “organizaciones violentas” como la “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM) como responsables de los incendios, se choca con la realidad: hasta ahora nunca se pudo demostrar que un grupo mapuche tuviera algo que ver con algún incendio. A decir verdad, ni mapuches, ni terraplanistas, ni hinchas de River o youtubers. No hay un solo detenido ni sospechado por ninguno de los incendios de los últimos años en Chubut. Un poco de seriedad antes de hablar, por favor.

La RAM se ha hecho conocida en estos años por tirar panfletos, hacer pintadas y autoadjudicarse atentados en los que nunca se detuvo a nadie. Nadie sabe quién la integra, a quién responde y por qué aparece sólo cuando le es funcional a algunos sectores políticos.

Jornada, por ejemplo, fue víctima en 2017 de un ataque incendiario en uno de sus vehículos en Trelew, que luego de quemarse apareció rodeado de panfletos de la RAM. Ya pasaron cinco años y nunca se supo quién fue el autor material o intelectual. Desde entonces, además del olor a quemado, quedó el aroma a que se trató de un ataque ejecutado por mano de obra desocupada a la que le convenía prender fuego el móvil de un diario en medio de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado.

Hace pocas semanas, a finales de enero, cuando el activista mapuche Facundo Jones Huala fue detenido en extrañas circunstancias en una casa de El Bolsón, borracho, con ropas de mujer y aspecto de vagabundo más que de líder de una “resistencia ancestral mapuche”, se supo algo que muchos desconocían: Jones Huala, que se había fugado de una cárcel chilena sin cumplir una condena por delitos cometidos en ese país, no tiene una sola causa en la Argentina. ¿Cómo puede ser que el “neoguerrillero” de cabecera de la derecha mediática, que todo el tiempo pide “mano dura” y “bala” para los grupos violentos, no tenga una sola acusación en su contra en su propio país? ¿No será -tal vez- que Jones Huala es más útil profugado que detenido en una cárcel de Chubut a la espera de ser extraditado por Chile?

Lo que queda claro es que nadie puede o quiere ir a fondo con los incendios. Cualquiera de las dos razones conlleva una falla grave de quienes deben garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se sigan quemando hectáreas de bosque nativo sin que nunca se llegue al fondo de la cuestión.

Que el árbol no tape el bosque. Y que el fuego no siga convirtiendo todo en ceniza sin poder saber, de una vez por todas, qué está pasando.#