Se intensifica el reclamo por la reapertura de Playa Pardelas
Pescadores artesanales, clubes de pesca y organismos de Derechos Humanos le piden a la Defensora del Pueblo que inste al Estado provincial a arbitrar los medios que permitan recuperar el espacio público que cerró ilegalmente el propietario de Estancia Ferro.
Los clubes de pesca de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, junto a la Asociación de Pescadores Artesanales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con el patrocinio del Dr. Daniel Gómez Lozano, le pidieron por nota a la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, que procure los mecanismos que permitan eliminar las fallas sistemáticas de la Administración Pública que permitieron el cierre de la playa pública de Punta Pardelas.
Raúl Yorio, Martín Espiasse, Emanuel Delgado y Silvia Pecci, expresaron que el expediente que se inició en la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de mayo permitió comprobar que el camino de acceso a Punta Pardelas es una ruta provincial incorporada a la red vial por Decreto 08/1983, que el camino fue cerrado por los responsables de la firma “ESTANCIA FERRO S.A.” sin autorización del Estado Provincial, y que no existe acto administrativo del Ministerio de Turismo que avale ni condene el cierre del camino.
Los firmantes de la nota sostienen que la participación del Ministerio de Turismo en esta investigación fue esquiva y dilatoria, con clara intención de tolerancia a la ilegitimidad del cierre del camino hasta llegando incluso a falsear la verdad en relación a la naturaleza jurídica del acceso o proponer al Ministerio de Ambiente la traza de uno nuevo, por un campo vecino, cuando el Plan de Manejo de Península Valdés lo prohíbe expresamente.
Destacan que la Administración de Vialidad Provincial tuvo una actitud diferente en relación a la reapertura del camino, pero su iniciativa fue impedida por el accionar por los responsables del establecimiento, que obstaculizaron su trabajo e ingreso cerrando con tranquera y candado e incluso practicando zanjas y colocando vallas con elementos punzantes en las huellas de acceso”.
Los representantes de las instituciones que reclaman la reapertura de Pardelas sostienen que “el expediente demuestra que el Estado Provincial, sufre de inacción frente a iniciativas de particulares rayanas en el delito como es el cierre de caminos y la obstrucción al funcionamiento de Vialidad.
Subrayan que “es insostenible que el poder republicano ceda potestad sobre el camino público y tolere su interrupción violenta, generando una lógica desconfianza social”, dejando en evidencia la existencia de “una falla sistemática y general de la Administración Pública”.
Por ese motivo, y atendiendo a las obligaciones constitucionales que se le confiere a la Defensoría del Pueblo, se le solicita a la titular del organismo, Claudia Bard, que procure los mecanismos que permitan eliminar estas fallas sistemáticas y cumpla con las disposiciones legales que prohíbe a los particulares “realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que de algún modo dañe, obstruya o desvíe en forma directa o indirecta un camino de acceso a aguas marítimas, fluviales, lacustres y riberas”.
La misma ley establece que “las obras, construcciones o instalaciones efectuadas en violación a la norma serán destruidas por la autoridad, por cuenta del contraventor, en cualquier tiempo, si luego de la intimación formulada no restituye las cosas a su estado anterior, en el plazo que se le indique, el que no podrá exceder de treinta días, todo sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderle”.
Los clubes de pesca de Rawson, Trelew y Puerto Madryn, junto a la Asociación de Pescadores Artesanales y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con el patrocinio del Dr. Daniel Gómez Lozano, le pidieron por nota a la Defensora del Pueblo, Claudia Bard, que procure los mecanismos que permitan eliminar las fallas sistemáticas de la Administración Pública que permitieron el cierre de la playa pública de Punta Pardelas.
Raúl Yorio, Martín Espiasse, Emanuel Delgado y Silvia Pecci, expresaron que el expediente que se inició en la Defensoría del Pueblo el pasado 22 de mayo permitió comprobar que el camino de acceso a Punta Pardelas es una ruta provincial incorporada a la red vial por Decreto 08/1983, que el camino fue cerrado por los responsables de la firma “ESTANCIA FERRO S.A.” sin autorización del Estado Provincial, y que no existe acto administrativo del Ministerio de Turismo que avale ni condene el cierre del camino.
Los firmantes de la nota sostienen que la participación del Ministerio de Turismo en esta investigación fue esquiva y dilatoria, con clara intención de tolerancia a la ilegitimidad del cierre del camino hasta llegando incluso a falsear la verdad en relación a la naturaleza jurídica del acceso o proponer al Ministerio de Ambiente la traza de uno nuevo, por un campo vecino, cuando el Plan de Manejo de Península Valdés lo prohíbe expresamente.
Destacan que la Administración de Vialidad Provincial tuvo una actitud diferente en relación a la reapertura del camino, pero su iniciativa fue impedida por el accionar por los responsables del establecimiento, que obstaculizaron su trabajo e ingreso cerrando con tranquera y candado e incluso practicando zanjas y colocando vallas con elementos punzantes en las huellas de acceso”.
Los representantes de las instituciones que reclaman la reapertura de Pardelas sostienen que “el expediente demuestra que el Estado Provincial, sufre de inacción frente a iniciativas de particulares rayanas en el delito como es el cierre de caminos y la obstrucción al funcionamiento de Vialidad.
Subrayan que “es insostenible que el poder republicano ceda potestad sobre el camino público y tolere su interrupción violenta, generando una lógica desconfianza social”, dejando en evidencia la existencia de “una falla sistemática y general de la Administración Pública”.
Por ese motivo, y atendiendo a las obligaciones constitucionales que se le confiere a la Defensoría del Pueblo, se le solicita a la titular del organismo, Claudia Bard, que procure los mecanismos que permitan eliminar estas fallas sistemáticas y cumpla con las disposiciones legales que prohíbe a los particulares “realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que de algún modo dañe, obstruya o desvíe en forma directa o indirecta un camino de acceso a aguas marítimas, fluviales, lacustres y riberas”.
La misma ley establece que “las obras, construcciones o instalaciones efectuadas en violación a la norma serán destruidas por la autoridad, por cuenta del contraventor, en cualquier tiempo, si luego de la intimación formulada no restituye las cosas a su estado anterior, en el plazo que se le indique, el que no podrá exceder de treinta días, todo sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderle”.