12 millones y un abogado contra las cuerdas
Por Esteban Gallo
El escándalo que estalló en Chubut por la viralización de un video donde se observa a la madre de “El Chavo” Ferreyra entregando al abogado Martín Castro 12 millones de pesos para lograr una condena de un año para su hijo, ha tenido derivaciones y novedades impactantes.
La semana pasada, el abogado que aparece en la filmación, desligó del caso a la Dra. Julieta Gamarra, asegurando enfáticamente que “nunca le ofrecí, ni me pidió, ni le entregué dinero alguno, ni en ésta, ni en ninguna causa”.
Otra frase saliente utilizada por Castro refiere a la situación del Procurador General Jorge Miquelarena y su sobrino Rodrigo, también mencionados en el polémico video. “"Todos sabemos que es una operación para perjudicar a los Miquelarena" expresó el letrado, que habló con la prensa, aunque no permitió que le hicieran preguntas.
Todavía más reveladoras fueron las declaraciones formuladas por la madre de Ferreyra al programa “Mañana G” que se emite por Jornada Radio.
“El video es real” dijo la mujer y agregó que Castro le aseguró que había arreglado con Gamarra, que, a cambio de los 12 millones, su hijo recibiría una condena de un año, en vez de cuatro.
También le dijo que no era necesario firmar un recibo, que se quedara tranquila “porque Julieta iba a cumplir".
Hace una semana atrás, un día después de que el video se viralizara por todos lados, la fiscal Gamarra se presentó ante la Justicia para vindicarse, y tras negar categóricamente haber recibido algún dinero, pidió que el abogado Castro y la madre de Ferreyra vayan a la Justicia a contar la verdad.
Después de las declaraciones públicas de los dos protagonistas del video, Gamarra debe sentirse más tranquila.
Castro la desliga olímpicamente del caso y la madre de Ferreyra se limita a relatar las conversaciones mantenidas con el abogado. No hay nada que vincule a Gamarra con los 12 millones, con un supuesto arreglo extrajudicial ni nada que se le parezca. Y no hay motivos para dudar que eso mismo dejarán asentado ante el Fiscal Omar Rodríguez cuando sean llamados a declarar.
En cambio, Castro quedó contra las cuerdas. El abogado quedó envuelto en medio de un caso obsceno, que pone en tela de juicio su honestidad profesional.
Castro ahora desvincula del escándalo a la fiscal, pero en el video dice otra cosa y nadie le puso un revolver en la cabeza para que lo hiciera. Tampoco titubea a la hora de recoger el dinero ni cuando le asegura a la madre de Ferreyra que se quede tranquila porque está todo arreglado.
De mínima, estaríamos en presencia de un estafador que habría engañado a una mujer con un acuerdo inexistente para cobrar más plata. Es una regla de la ética profesional actuar con buena fe y lealtad a sus clientes. El Colegio de Abogados de Trelew no puede mirar para otro lado, porque estas conductas, si se comprueban, desprestigian a la profesión y dinamitan la confianza social en el sistema de Justicia.
La condición del Dr. Castro como empleado de la fiscalía de Estado no es un dato baladí.
La Fiscalía de Estado es el organismo constitucional que defiende el patrimonio de la provincia y protege los intereses públicos. Lo menos que se le debe exigir a los empleados y funcionarios que la integran es que sean honestos, íntegros, transparentes y ejemplares, en cualquiera de los campos en los que se desempeñan.
Según informó a este medio el Fiscal de Estado Andrés Meizner, se inició un sumario para investigar la conducta del Dr. Castro.
La medida resulta tibia, exigua e insuficiente ante la magnitud de la conducta investigada.
Castro aparece escrachado en un video que ya vio todo el mundo, metiendo 12 millones de pesos en una bolsa, acusado de estafar a la madre de un imputado, involucrando a una fiscal de la provincia, y la respuesta de sus superiores es la instrucción de un sumario, que es el equivalente a mirar para otro lado.
¿No sería más apropiado removerlo preventivamente de su función hasta que el caso quede definitivamente esclarecido?
Esa sería una acción ejemplificadora, una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos investigados, en resguardo del interés público y la confianza institucional.
Y, además, un mensaje poderoso, hacia adentro y hacia afuera, de que la transparencia no solo se declama, sino que también se ejerce.
Por Esteban Gallo
El escándalo que estalló en Chubut por la viralización de un video donde se observa a la madre de “El Chavo” Ferreyra entregando al abogado Martín Castro 12 millones de pesos para lograr una condena de un año para su hijo, ha tenido derivaciones y novedades impactantes.
La semana pasada, el abogado que aparece en la filmación, desligó del caso a la Dra. Julieta Gamarra, asegurando enfáticamente que “nunca le ofrecí, ni me pidió, ni le entregué dinero alguno, ni en ésta, ni en ninguna causa”.
Otra frase saliente utilizada por Castro refiere a la situación del Procurador General Jorge Miquelarena y su sobrino Rodrigo, también mencionados en el polémico video. “"Todos sabemos que es una operación para perjudicar a los Miquelarena" expresó el letrado, que habló con la prensa, aunque no permitió que le hicieran preguntas.
Todavía más reveladoras fueron las declaraciones formuladas por la madre de Ferreyra al programa “Mañana G” que se emite por Jornada Radio.
“El video es real” dijo la mujer y agregó que Castro le aseguró que había arreglado con Gamarra, que, a cambio de los 12 millones, su hijo recibiría una condena de un año, en vez de cuatro.
También le dijo que no era necesario firmar un recibo, que se quedara tranquila “porque Julieta iba a cumplir".
Hace una semana atrás, un día después de que el video se viralizara por todos lados, la fiscal Gamarra se presentó ante la Justicia para vindicarse, y tras negar categóricamente haber recibido algún dinero, pidió que el abogado Castro y la madre de Ferreyra vayan a la Justicia a contar la verdad.
Después de las declaraciones públicas de los dos protagonistas del video, Gamarra debe sentirse más tranquila.
Castro la desliga olímpicamente del caso y la madre de Ferreyra se limita a relatar las conversaciones mantenidas con el abogado. No hay nada que vincule a Gamarra con los 12 millones, con un supuesto arreglo extrajudicial ni nada que se le parezca. Y no hay motivos para dudar que eso mismo dejarán asentado ante el Fiscal Omar Rodríguez cuando sean llamados a declarar.
En cambio, Castro quedó contra las cuerdas. El abogado quedó envuelto en medio de un caso obsceno, que pone en tela de juicio su honestidad profesional.
Castro ahora desvincula del escándalo a la fiscal, pero en el video dice otra cosa y nadie le puso un revolver en la cabeza para que lo hiciera. Tampoco titubea a la hora de recoger el dinero ni cuando le asegura a la madre de Ferreyra que se quede tranquila porque está todo arreglado.
De mínima, estaríamos en presencia de un estafador que habría engañado a una mujer con un acuerdo inexistente para cobrar más plata. Es una regla de la ética profesional actuar con buena fe y lealtad a sus clientes. El Colegio de Abogados de Trelew no puede mirar para otro lado, porque estas conductas, si se comprueban, desprestigian a la profesión y dinamitan la confianza social en el sistema de Justicia.
La condición del Dr. Castro como empleado de la fiscalía de Estado no es un dato baladí.
La Fiscalía de Estado es el organismo constitucional que defiende el patrimonio de la provincia y protege los intereses públicos. Lo menos que se le debe exigir a los empleados y funcionarios que la integran es que sean honestos, íntegros, transparentes y ejemplares, en cualquiera de los campos en los que se desempeñan.
Según informó a este medio el Fiscal de Estado Andrés Meizner, se inició un sumario para investigar la conducta del Dr. Castro.
La medida resulta tibia, exigua e insuficiente ante la magnitud de la conducta investigada.
Castro aparece escrachado en un video que ya vio todo el mundo, metiendo 12 millones de pesos en una bolsa, acusado de estafar a la madre de un imputado, involucrando a una fiscal de la provincia, y la respuesta de sus superiores es la instrucción de un sumario, que es el equivalente a mirar para otro lado.
¿No sería más apropiado removerlo preventivamente de su función hasta que el caso quede definitivamente esclarecido?
Esa sería una acción ejemplificadora, una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos investigados, en resguardo del interés público y la confianza institucional.
Y, además, un mensaje poderoso, hacia adentro y hacia afuera, de que la transparencia no solo se declama, sino que también se ejerce.