Ficha limpia de la pesca: éramos pocos y apareció un cuentista
Por Esteban Gallo
La legislatura chubutense aprobó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, conocida como “Ficha Limpia de la Pesca”.
La norma impide acceder o mantener permisos, cuotas o autorizaciones a personas con condenas firmes por delitos dolosos o fraude fiscal contra la provincia. También prevé la caducidad automática de permisos ante quiebra o faltas graves y exige justificar períodos de inactividad de las embarcaciones.
Nada de otro mundo. Una ley que promueve el cumplimiento de obligaciones establecidas no debería generar ninguna susceptibilidad.
En la sesión se produjo el debut de un nuevo bloque integrado por los diputados Sergio González y Mariela Tamame, quienes criticaron al gobierno por considerar que el proyecto resulta estigmatizante y persecutorio para el sector pesquero. Al mismo tiempo, cuestionaron al oficialismo por no tener en cuenta las modificaciones propuestas por los empresarios de la flota amarilla de Rawson.
Para explicar el supuesto daño que le provoca la ley, González apeló a la construcción y relato de un cuentito de cuarta categoría tomando como base el caso Red Chamber. La intervención fue un embole total, más propio de una sobremesa que de un debate sesudo sobre política pesquera.
Por si algún distraído no lo sabe, Sergio González es hermano de Gustavo González, presidente de la CAFACH y tiene a su nombre un permiso de pesca. Por lo tanto, habló como diputado, pero también como empresario de la flota amarilla, cosa que curiosamente nadie le endilgó en la sesión.
No es la única parte del cuentito que se olvidó de contar.
A su fábula también le faltó el episodio de los VACOPA, los barcos experimentales que fueron creados en 2022 para estudiar la factibilidad de especies no tradicionales (anchoítas, palometas, saborines) y que, luego, se transformaron en permisos para capturar langostinos que terminaron en manos de los popes de la flota de la que él forma parte.
Al cuentito de González le faltó también le faltó el capítulo de los otros 7 permisos de pesca otorgados por el gobierno de Mariano Arcioni que después el actual gobierno convalidó con el pago de una compensación exigua y en cómodas cuotas, que favoreció a los sospechosos de siempre.
Finalmente, al cuentista se le pasó por alto la denuncia realizada por el titular de la Agencia de Recaudación de Chubut, Pablo Asnaghi, quien reveló que la Flota Amarilla de Rawson mantiene con el Estado provincial una deuda de 1.200 millones de pesos en concepto de canon pesquero.
Este dato no es menor, porque pone en evidencia que tenemos empresarios que amasan fortunas, pero no cumplen con sus obligaciones básicas.
De estos temas tampoco habla la oposición en la Legislatura.
Los diputados Abril, Coliñir y País tienen razón cuando cuestionan al gobierno provincial por el desprolijo manejo del caso Red Chamber, pero nunca hablan de los privilegios de los que gozan los popes de la Flota Amarilla.
Hablan de los supuestos desaguisados de la pesca, pero nunca ponen el ojo en la CAFACH.
Qué extraordinaria habilidad selectiva que tienen. Reclaman transparencia, pero siempre se las ingenian para no rozar a las empresas de González y Cereseto, que gambetean al fisco mientras suman permisos como quien colecciona estampillas.
Para el gobierno la situación tampoco es fácil de abordar. El diputado González no salió de un repollo. No llegó a la legislatura por sus dotes de orador, sino como consecuencia de una relación y de un acuerdo político.
Ahora, desde el camarote de su nuevo bloque les tira pescados podridos a sus ex compañeros de bancada, mientras se la da de cuentista.
Pero sus cuentos son como redes rotas. Tira el anzuelo de un relato, pero nadie pica.
Por Esteban Gallo
La legislatura chubutense aprobó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable, conocida como “Ficha Limpia de la Pesca”.
La norma impide acceder o mantener permisos, cuotas o autorizaciones a personas con condenas firmes por delitos dolosos o fraude fiscal contra la provincia. También prevé la caducidad automática de permisos ante quiebra o faltas graves y exige justificar períodos de inactividad de las embarcaciones.
Nada de otro mundo. Una ley que promueve el cumplimiento de obligaciones establecidas no debería generar ninguna susceptibilidad.
En la sesión se produjo el debut de un nuevo bloque integrado por los diputados Sergio González y Mariela Tamame, quienes criticaron al gobierno por considerar que el proyecto resulta estigmatizante y persecutorio para el sector pesquero. Al mismo tiempo, cuestionaron al oficialismo por no tener en cuenta las modificaciones propuestas por los empresarios de la flota amarilla de Rawson.
Para explicar el supuesto daño que le provoca la ley, González apeló a la construcción y relato de un cuentito de cuarta categoría tomando como base el caso Red Chamber. La intervención fue un embole total, más propio de una sobremesa que de un debate sesudo sobre política pesquera.
Por si algún distraído no lo sabe, Sergio González es hermano de Gustavo González, presidente de la CAFACH y tiene a su nombre un permiso de pesca. Por lo tanto, habló como diputado, pero también como empresario de la flota amarilla, cosa que curiosamente nadie le endilgó en la sesión.
No es la única parte del cuentito que se olvidó de contar.
A su fábula también le faltó el episodio de los VACOPA, los barcos experimentales que fueron creados en 2022 para estudiar la factibilidad de especies no tradicionales (anchoítas, palometas, saborines) y que, luego, se transformaron en permisos para capturar langostinos que terminaron en manos de los popes de la flota de la que él forma parte.
Al cuentito de González le faltó también le faltó el capítulo de los otros 7 permisos de pesca otorgados por el gobierno de Mariano Arcioni que después el actual gobierno convalidó con el pago de una compensación exigua y en cómodas cuotas, que favoreció a los sospechosos de siempre.
Finalmente, al cuentista se le pasó por alto la denuncia realizada por el titular de la Agencia de Recaudación de Chubut, Pablo Asnaghi, quien reveló que la Flota Amarilla de Rawson mantiene con el Estado provincial una deuda de 1.200 millones de pesos en concepto de canon pesquero.
Este dato no es menor, porque pone en evidencia que tenemos empresarios que amasan fortunas, pero no cumplen con sus obligaciones básicas.
De estos temas tampoco habla la oposición en la Legislatura.
Los diputados Abril, Coliñir y País tienen razón cuando cuestionan al gobierno provincial por el desprolijo manejo del caso Red Chamber, pero nunca hablan de los privilegios de los que gozan los popes de la Flota Amarilla.
Hablan de los supuestos desaguisados de la pesca, pero nunca ponen el ojo en la CAFACH.
Qué extraordinaria habilidad selectiva que tienen. Reclaman transparencia, pero siempre se las ingenian para no rozar a las empresas de González y Cereseto, que gambetean al fisco mientras suman permisos como quien colecciona estampillas.
Para el gobierno la situación tampoco es fácil de abordar. El diputado González no salió de un repollo. No llegó a la legislatura por sus dotes de orador, sino como consecuencia de una relación y de un acuerdo político.
Ahora, desde el camarote de su nuevo bloque les tira pescados podridos a sus ex compañeros de bancada, mientras se la da de cuentista.
Pero sus cuentos son como redes rotas. Tira el anzuelo de un relato, pero nadie pica.