Caso Carpintero: aguas turbias en la pesca de Chubut
Por Esteban Gallo
Luego de que el dirigente de ATE José Severiche narrara por los micrófonos de Mañana G los detalles de su denuncia judicial contra Gonzalo Carpintero, la polémica que sacude al mundillo de la pesca local alcanzó una magnitud de proporciones escandalosas.
De la noche a la mañana, el caso llegó a los medios nacionales y se convirtió en un banquete mediático. No es para menos. Confluyen, un ex funcionario ahora vinculado a poderosos empresarios pesqueros, un gobierno provincial que los enfrenta, intendentes que piden explicaciones y una sociedad que espera que la Justicia esclarezca los hechos y fije responsabilidades.
La denuncia es de una gravedad institucional mayúscula. Atentar contra el comienzo del ciclo lectivo es afectar el derecho a la educación de miles de estudiantes de esta provincia, convertidos en prisioneros de una supuesta maniobra deleznable y desestabilizadora.
La gran mayoría de los intendentes de Chubut, de todos los signos políticos, firmaron un documento fulminante en el que expresan la necesidad de que la investigación judicial avance con firmeza para determinar “qué intereses económicos o sectoriales podrían estar detrás de semejante atropello institucional”.
Sin eufemismos, los jefes comunales advirtieron que no se puede permitir que “un puñado de empresarios que se enriquecieron usufructuando recursos que pertenecen a todos los chubutenses intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes”.
Mientras el Ministerio Público Fiscal investiga, hay datos incontrastables y hechos irrefutables.
Gonzalo Carpintero Patterson (alto funcionario del ex gobernador Das Neves y condenado por gravísimas causas de corrupción contra la Administración Pública), es la mano derecha de Gustavo González y “Tato” Ceresetto, el binomio que maneja el destino de la Flota Amarilla de Rawson.
Aunque los popes del langostino zapateen, que sus nombres aparezcan mencionados en los medios locales y nacionales tiene total sentido. Carpintero, Ceresetto y González están entrelazados por los roles que ocupan en sus empresas y en la CAFACH, lo que dificulta trazar una línea que los separe.
Ni los fiscales, ni Severiche, ni los medios informativos tienen la culpa de que el allanamiento en donde se le incautó el teléfono celular al acusado se haya realizado en la planta pesquera “Hemos Triunfado S.A”, ubicada en Chiquichano al 1500 de Trelew, que casualmente pertenece a Ceresetto.
Otro dato irrefutable, aunque camine por otro andarivel, fue revelado la semana pasada por el titular de la Agencia de Recaudación de Chubut, Pablo Asnaghi, quien afirmó que la flota amarilla de Puerto Rawson le adeuda a la provincia del Chubut, en concepto de canon pesquero, la friolera de 1200 millones de pesos.
El propio funcionario reveló que mientras el negocio reporta a los empresarios ganancias por 300 mil millones, a la provincia le quedan apenas 4 mil.
No hace falta tener una calculadora sofisticada para darse cuenta de las cuantiosas ganancias logradas por los empresarios líderes de la Flota Amarilla de Rawson en los últimos años. Con el consentimiento de los gobernantes de turno, se quedaron con la mayoría de los permisos de pesca que andaban boyando por ahí, incluidos los famosos VACOPA, aquellos barquitos experimentales de pesca alternativa que luego se transformaron en permisos de pesca de langostino para buques con capacidad de 1.800 cajones de capacidad de bodega.
Nadie, salvo JORNADA, se ha ocupado seriamente de ese caso vergonzoso que terminó beneficiando a los mismos personajes que hoy salen en los diarios.
La ecuación es la peor posible. De un lado, un Estado pobre que administra las migajas que le dejan. En las antípodas, capitalistas ricos, que viven en mansiones, viajan por el mundo, manejan autos importados y se compran aviones.
También escriben libros, brindan conferencias, producen documentales y dan cátedra sobre transparencia y responsabilidad empresarias, mientras incumplen con la obligación más básica: pagarle al Estado lo que les corresponde, para que el Estado vuelque ese dinero en salud, educación y seguridad para que los chubutenses vivan mejor.
La ejemplaridad no se declama: se demuestra. Y cuando el agua baja turbia, no hay relato ni fachada que la aclare.
Por Esteban Gallo
Luego de que el dirigente de ATE José Severiche narrara por los micrófonos de Mañana G los detalles de su denuncia judicial contra Gonzalo Carpintero, la polémica que sacude al mundillo de la pesca local alcanzó una magnitud de proporciones escandalosas.
De la noche a la mañana, el caso llegó a los medios nacionales y se convirtió en un banquete mediático. No es para menos. Confluyen, un ex funcionario ahora vinculado a poderosos empresarios pesqueros, un gobierno provincial que los enfrenta, intendentes que piden explicaciones y una sociedad que espera que la Justicia esclarezca los hechos y fije responsabilidades.
La denuncia es de una gravedad institucional mayúscula. Atentar contra el comienzo del ciclo lectivo es afectar el derecho a la educación de miles de estudiantes de esta provincia, convertidos en prisioneros de una supuesta maniobra deleznable y desestabilizadora.
La gran mayoría de los intendentes de Chubut, de todos los signos políticos, firmaron un documento fulminante en el que expresan la necesidad de que la investigación judicial avance con firmeza para determinar “qué intereses económicos o sectoriales podrían estar detrás de semejante atropello institucional”.
Sin eufemismos, los jefes comunales advirtieron que no se puede permitir que “un puñado de empresarios que se enriquecieron usufructuando recursos que pertenecen a todos los chubutenses intenten propiciar el no inicio de clases tomando como rehenes a los estudiantes”.
Mientras el Ministerio Público Fiscal investiga, hay datos incontrastables y hechos irrefutables.
Gonzalo Carpintero Patterson (alto funcionario del ex gobernador Das Neves y condenado por gravísimas causas de corrupción contra la Administración Pública), es la mano derecha de Gustavo González y “Tato” Ceresetto, el binomio que maneja el destino de la Flota Amarilla de Rawson.
Aunque los popes del langostino zapateen, que sus nombres aparezcan mencionados en los medios locales y nacionales tiene total sentido. Carpintero, Ceresetto y González están entrelazados por los roles que ocupan en sus empresas y en la CAFACH, lo que dificulta trazar una línea que los separe.
Ni los fiscales, ni Severiche, ni los medios informativos tienen la culpa de que el allanamiento en donde se le incautó el teléfono celular al acusado se haya realizado en la planta pesquera “Hemos Triunfado S.A”, ubicada en Chiquichano al 1500 de Trelew, que casualmente pertenece a Ceresetto.
Otro dato irrefutable, aunque camine por otro andarivel, fue revelado la semana pasada por el titular de la Agencia de Recaudación de Chubut, Pablo Asnaghi, quien afirmó que la flota amarilla de Puerto Rawson le adeuda a la provincia del Chubut, en concepto de canon pesquero, la friolera de 1200 millones de pesos.
El propio funcionario reveló que mientras el negocio reporta a los empresarios ganancias por 300 mil millones, a la provincia le quedan apenas 4 mil.
No hace falta tener una calculadora sofisticada para darse cuenta de las cuantiosas ganancias logradas por los empresarios líderes de la Flota Amarilla de Rawson en los últimos años. Con el consentimiento de los gobernantes de turno, se quedaron con la mayoría de los permisos de pesca que andaban boyando por ahí, incluidos los famosos VACOPA, aquellos barquitos experimentales de pesca alternativa que luego se transformaron en permisos de pesca de langostino para buques con capacidad de 1.800 cajones de capacidad de bodega.
Nadie, salvo JORNADA, se ha ocupado seriamente de ese caso vergonzoso que terminó beneficiando a los mismos personajes que hoy salen en los diarios.
La ecuación es la peor posible. De un lado, un Estado pobre que administra las migajas que le dejan. En las antípodas, capitalistas ricos, que viven en mansiones, viajan por el mundo, manejan autos importados y se compran aviones.
También escriben libros, brindan conferencias, producen documentales y dan cátedra sobre transparencia y responsabilidad empresarias, mientras incumplen con la obligación más básica: pagarle al Estado lo que les corresponde, para que el Estado vuelque ese dinero en salud, educación y seguridad para que los chubutenses vivan mejor.
La ejemplaridad no se declama: se demuestra. Y cuando el agua baja turbia, no hay relato ni fachada que la aclare.