La investigan como participe necesaria de una estafa de $ 430 mil
Según lo detallado por Fiscalía, la mujer habría colaborado con otras dos sospechosas en un chantaje en perjuicio de un hombre al que extorsionaron con fotos y videos íntimos.
Este lunes se realizó en Sarmiento una audiencia de apertura de investigación, en el marco de una causa judicial en la que se imputa a una mujer de 22 años como presunta partícipe necesaria del delito de chantaje. Se trata de diversos hechos en los que le estafaron a la víctima más de 400 mil pesos.
El acto judicial fue presidido por el juez Ariel Quiroga. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la Fiscal Rita Barrionuevo. La sospechosa y su asesor legal, el abogado particular Néstor Adrián Coronel, participaron de la audiencia mediante conexión telemática desde la Oficina Judicial de Trelew. En tanto, la imputada, informó que actualmente se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Madryn.
A su turno, la Fiscal Rita Barrionuevo requirió la formalización de la investigación penal preparatoria de juicio contra la acusada, por ser considerada presunta partícipe necesaria del delito de chantaje.
Respecto a las otras dos mujeres involucradas en el caso, las mimas no se presentaron a la audiencia desarrollada, por lo que la representante de Fiscalía solicitó la programación de un nuevo acto judicial a los mismos fines y efectos, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública.
El caso
De acuerdo a lo expuesto por la Fiscal Barrionuevo en el acto judicial, los hechos denunciados ocurrieron entre junio del 2021 y enero del 2022. En ese período, el damnificado se contactó a través de Facebook con una usuaria identificada como “Aldana Gutiérrez”. Luego de intercambiar varios mensajes, continuaron su comunicación por Whatsapp en donde también intercambiaron fotos y videos íntimos.
En ese marco, el 20 de agosto de 2021 el denunciante recibió una llamada de WhatsApp. Cuando respondió, una persona se identificó como “Danilo Sepúlveda” y le manifestó que era el abogado de la familia de la mujer con la que había intercambiado mensajes íntimos.
A ello, el presunto abogado agregó que los padres de “Aldana Gutiérrez” habían descubierto la situación y exigían una suma de 130.000 pesos para “arreglar” lo sucedido. En caso contrario, presentarían una denuncia en su contra. Asimismo, el “letrado” le indicó que, por tratarse de una menor de edad, la causa penal terminaría con una pena de prisión.
Para evitar una denuncia en su contra, la víctima accedió a la exigencia y transfirió el dinero al número de cuenta que le dictó el supuesto abogado.
En este marco, la representante de Fiscalía sostuvo que el número de CBU al que fue enviado el dinero pertenece a la cuenta bancaria de la imputada en la causa. Para la investigadora, ella colaboró con el autor de la extorsión, facilitando el número de su cuenta bancaria para recibir el dinero.
“El Fiscal Báez”
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez. En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación, el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, estableció que el número de CBU donde se recibieron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de una de las mujeres investigadas que no compareció en la audiencia.
Por otra parte, la Fiscal Barrionuevo, informó que el 20 de septiembre de 2021, la víctima recibió un nuevo mensaje de WhatsApp donde una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina, la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria. Para ello, le dio un número de un CBU que pertenece a otra de las mujeres denunciadas como colaboradora de la maniobra de chantaje. En esa oportunidad, el damnificado realizó cuatro envíos de dinero.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, la imputada junto a las otras dos jóvenes sospechadas, colaboraron con el autor de la extorsión, aportando sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las transferencias realizadas por la víctima.
En consecuencia, peticionó al magistrado que se la investigue bajo la calificación legal provisoria de partícipe necesaria del delito de chantaje.
Por otra parte, requirió un plazo de seis meses para concluir las tareas de investigación. También detalló las evidencias de cargo con las que cuentan para formular la imputación.
A su turno, el abogado Adrián Coronel no formuló oposiciones a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal.
Este lunes se realizó en Sarmiento una audiencia de apertura de investigación, en el marco de una causa judicial en la que se imputa a una mujer de 22 años como presunta partícipe necesaria del delito de chantaje. Se trata de diversos hechos en los que le estafaron a la víctima más de 400 mil pesos.
El acto judicial fue presidido por el juez Ariel Quiroga. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la Fiscal Rita Barrionuevo. La sospechosa y su asesor legal, el abogado particular Néstor Adrián Coronel, participaron de la audiencia mediante conexión telemática desde la Oficina Judicial de Trelew. En tanto, la imputada, informó que actualmente se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Madryn.
A su turno, la Fiscal Rita Barrionuevo requirió la formalización de la investigación penal preparatoria de juicio contra la acusada, por ser considerada presunta partícipe necesaria del delito de chantaje.
Respecto a las otras dos mujeres involucradas en el caso, las mimas no se presentaron a la audiencia desarrollada, por lo que la representante de Fiscalía solicitó la programación de un nuevo acto judicial a los mismos fines y efectos, bajo apercibimiento de ser conducidas por la fuerza pública.
El caso
De acuerdo a lo expuesto por la Fiscal Barrionuevo en el acto judicial, los hechos denunciados ocurrieron entre junio del 2021 y enero del 2022. En ese período, el damnificado se contactó a través de Facebook con una usuaria identificada como “Aldana Gutiérrez”. Luego de intercambiar varios mensajes, continuaron su comunicación por Whatsapp en donde también intercambiaron fotos y videos íntimos.
En ese marco, el 20 de agosto de 2021 el denunciante recibió una llamada de WhatsApp. Cuando respondió, una persona se identificó como “Danilo Sepúlveda” y le manifestó que era el abogado de la familia de la mujer con la que había intercambiado mensajes íntimos.
A ello, el presunto abogado agregó que los padres de “Aldana Gutiérrez” habían descubierto la situación y exigían una suma de 130.000 pesos para “arreglar” lo sucedido. En caso contrario, presentarían una denuncia en su contra. Asimismo, el “letrado” le indicó que, por tratarse de una menor de edad, la causa penal terminaría con una pena de prisión.
Para evitar una denuncia en su contra, la víctima accedió a la exigencia y transfirió el dinero al número de cuenta que le dictó el supuesto abogado.
En este marco, la representante de Fiscalía sostuvo que el número de CBU al que fue enviado el dinero pertenece a la cuenta bancaria de la imputada en la causa. Para la investigadora, ella colaboró con el autor de la extorsión, facilitando el número de su cuenta bancaria para recibir el dinero.
“El Fiscal Báez”
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez. En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación, el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, estableció que el número de CBU donde se recibieron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de una de las mujeres investigadas que no compareció en la audiencia.
Por otra parte, la Fiscal Barrionuevo, informó que el 20 de septiembre de 2021, la víctima recibió un nuevo mensaje de WhatsApp donde una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina, la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria. Para ello, le dio un número de un CBU que pertenece a otra de las mujeres denunciadas como colaboradora de la maniobra de chantaje. En esa oportunidad, el damnificado realizó cuatro envíos de dinero.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, la imputada junto a las otras dos jóvenes sospechadas, colaboraron con el autor de la extorsión, aportando sus cuentas bancarias para recibir el dinero de las transferencias realizadas por la víctima.
En consecuencia, peticionó al magistrado que se la investigue bajo la calificación legal provisoria de partícipe necesaria del delito de chantaje.
Por otra parte, requirió un plazo de seis meses para concluir las tareas de investigación. También detalló las evidencias de cargo con las que cuentan para formular la imputación.
A su turno, el abogado Adrián Coronel no formuló oposiciones a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal.