El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, cuestionó la Ley Ómnibus ya que impacta en aspectos centrales en el Régimen Federal de Pesca. “Las retenciones son una cuestión alarmante de un 15% que nos deja afuera de poder trabajar con merluza; con valor agregado y con pelado devenado. Nos trastoca todo y nos condena a exportar bloque de cola para que se haga el proceso en otros países porque los números no dan. Esperemos que el gobierno nacional entienda la situación y reduzca las retenciones frente a productos que ya tienen valor agregado. Contrariamente a generar trabajo se lo castiga con más retenciones”.
“El proyecto –dijo Arbeletche- es quitarle facultades al Consejo Federal de Pesca y hace muy poco democrática a la toma de decisiones en relación a la materia pesquera. Hay otras cuestiones como trabajar con tripulación extranjera o que se pueda descargar en nuestros puertos y que los permisos sean otorgados solamente por el Secretario de Pesca de la Nación y no por el Consejo Federal. Hay una serie de cosas con las que no estamos de acuerdo”.
En cuanto a los cambios que se evalúan de cara al Proyecto de Ley de Pesca expresó su optimismo para la discusión. “Se tiene que discutir entre los distintos sectores. No hay que ser alarmista y no hay margen para que no se pueda revertir. La discusión debe ir por esos carriles”.
En otro orden, la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca rechaza la legislación. “La Ley Ómnibus impone la necesidad de tener una visión crítica sobre cómo esta medida podría afectar la economía nacional y la soberanía al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”.
Según el comunicado de prensa, “esta medida afectará negativamente a la industria pesquera nacional con una innegable pérdida de empleos para trabajadores argentinos, dado que la apertura llevará inexorablemente a la reducción de puestos de trabajo en el sector” por “la propuesta de derogar el Artículo 40 del actual Régimen Federal de Pesca, que establece la obligatoriedad de empleo a bordo de mano de obra argentina (capitanes, maquinistas y marinería)”.
“Idéntico resultado se evidenciará para el personal de tierra (estibadores y obreros del pescado), como resultante de permitir que los desembarcos se realicen fuera del territorio argentino”.
También inquieta la sostenibilidad de los recursos: “Al permitir la captura de recursos sin el requerimiento de desembarcar en puertos argentinos, se perderá el control efectivo sobre la cantidad y tipo de capturas, lo que llevaría a la sobreexplotación y la disminución de la sostenibilidad de las especies”.
El gremio que conduce Jorge Frías puso énfasis en las consecuencias de autorizar la pesca ilegal. “Al permitir la descarga de productos pesqueros en puertos extranjeros facilitaría mayor evasión fiscal, la pesca ilegal, y desregularía el control de las cuotas de capturas establecidas (CITC)”.
En cuanto a la transnacionalización de los recursos, la Asociación indicó que “ la asignación de cuotas de captura mediante licitaciones públicas internacionales con el solo criterio de asignación basado en el mayor postor, implica una evidente transnacionalización de los recursos pesqueros nacionales, resultando en una medida asimilable a la apertura indiscriminada de la milla 200 para los flotas pesqueras de otros países o incluso empresas de capitales de otros países que hace años operan en el país y en otros países del mundo a la vez, lo que les permitiría también que ingresen todas sus flotas al caladero argentino”.
En conclusión, la Ley Ómnibus “podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica”.#

El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, cuestionó la Ley Ómnibus ya que impacta en aspectos centrales en el Régimen Federal de Pesca. “Las retenciones son una cuestión alarmante de un 15% que nos deja afuera de poder trabajar con merluza; con valor agregado y con pelado devenado. Nos trastoca todo y nos condena a exportar bloque de cola para que se haga el proceso en otros países porque los números no dan. Esperemos que el gobierno nacional entienda la situación y reduzca las retenciones frente a productos que ya tienen valor agregado. Contrariamente a generar trabajo se lo castiga con más retenciones”.
“El proyecto –dijo Arbeletche- es quitarle facultades al Consejo Federal de Pesca y hace muy poco democrática a la toma de decisiones en relación a la materia pesquera. Hay otras cuestiones como trabajar con tripulación extranjera o que se pueda descargar en nuestros puertos y que los permisos sean otorgados solamente por el Secretario de Pesca de la Nación y no por el Consejo Federal. Hay una serie de cosas con las que no estamos de acuerdo”.
En cuanto a los cambios que se evalúan de cara al Proyecto de Ley de Pesca expresó su optimismo para la discusión. “Se tiene que discutir entre los distintos sectores. No hay que ser alarmista y no hay margen para que no se pueda revertir. La discusión debe ir por esos carriles”.
En otro orden, la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca rechaza la legislación. “La Ley Ómnibus impone la necesidad de tener una visión crítica sobre cómo esta medida podría afectar la economía nacional y la soberanía al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”.
Según el comunicado de prensa, “esta medida afectará negativamente a la industria pesquera nacional con una innegable pérdida de empleos para trabajadores argentinos, dado que la apertura llevará inexorablemente a la reducción de puestos de trabajo en el sector” por “la propuesta de derogar el Artículo 40 del actual Régimen Federal de Pesca, que establece la obligatoriedad de empleo a bordo de mano de obra argentina (capitanes, maquinistas y marinería)”.
“Idéntico resultado se evidenciará para el personal de tierra (estibadores y obreros del pescado), como resultante de permitir que los desembarcos se realicen fuera del territorio argentino”.
También inquieta la sostenibilidad de los recursos: “Al permitir la captura de recursos sin el requerimiento de desembarcar en puertos argentinos, se perderá el control efectivo sobre la cantidad y tipo de capturas, lo que llevaría a la sobreexplotación y la disminución de la sostenibilidad de las especies”.
El gremio que conduce Jorge Frías puso énfasis en las consecuencias de autorizar la pesca ilegal. “Al permitir la descarga de productos pesqueros en puertos extranjeros facilitaría mayor evasión fiscal, la pesca ilegal, y desregularía el control de las cuotas de capturas establecidas (CITC)”.
En cuanto a la transnacionalización de los recursos, la Asociación indicó que “ la asignación de cuotas de captura mediante licitaciones públicas internacionales con el solo criterio de asignación basado en el mayor postor, implica una evidente transnacionalización de los recursos pesqueros nacionales, resultando en una medida asimilable a la apertura indiscriminada de la milla 200 para los flotas pesqueras de otros países o incluso empresas de capitales de otros países que hace años operan en el país y en otros países del mundo a la vez, lo que les permitiría también que ingresen todas sus flotas al caladero argentino”.
En conclusión, la Ley Ómnibus “podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica”.#