De boca en boca y #Satirita
Mar de fondo en la causa de la Emergencia Climática de Comodoro. Las críticas al exfiscal Iturrioz y la amenaza del Gobierno de denunciar a los fiscales Cabral y Crettón. El concejal que se fue a trabajar a la Justicia no fue recibido con los brazos abiertos. Milei echó a un embajador muy ligado a Chubut. ¿Se va la primera presidenta mujer de la Cooperativa de Rawson?
El Tribunal de Enjuiciamiento que debía realizar el juicio contra empresarios y exfuncionarios municipales de Comodoro Rivadavia por un presunto fraude al municipio durante la catástrofe climática de 2017, se declaró incompetente para resolver el pedido de los fiscales para sobreseer a la mayor parte de los 13 imputados, por lo que pidió que el caso vuelva a la etapa previa de investigación.
El dato se conoció en la semana y tuvo una fuerte repercusión política porque el fiscal que investigó la causa durante varios años fue Héctor Iturrioz, hoy ministro de Seguridad y Justicia de Chubut.
El pedido de los fiscales Adrián Cabral y Marcelo Crettón (este último, jefe de los fiscales comodorenses) causó duras declaraciones del ministro Iturrioz y también una conferencia de prensa presidida por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, con advertencias de denuncias ante el Consejo de la Magistratura para los dos acusadores que decidieron pedir el sobreseimiento de todos los imputados.
El documento firmado por los jueces Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Ariel Tedesco tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, deja mucha tela para cortar. Si bien dejan entrever su sorpresa ante el pedido de los fiscales tras más de 4 años de investigación, exponen algunos de los argumentos de Cabral y Cretton para tomar semejante medida.
“Los presentantes esbozaron argumentos e interpretaciones sobre la -según dijeron- escasa consistencia jurídica y probatoria del caso que, sin embargo, el propio Ministerio Fiscal ha venido impulsando desde hace ya varios años en este proceso, caso cuya calidad ha sido certificada en todas las instancias transcurridas, por los jueces y los tribunales de diversa jerarquía que atendieron los planteos, requerimientos e impugnaciones de los intervinientes”, comienzan diciendo los jueces en el escrito.
Además, se precisa que durante la audiencia, el propio fiscal Cabral insistió con su solicitud de suspensión del juicio y s sostuvo que se trataba de una situación “bastante sui generis”, reflexionando que el planteo debió haberse tratado en una etapa previa a la del debate. Luego, explicó que la causa era llevada por otro fiscal (Iturrioz) desde el inicio de la investigación, y que durante los años que transcurrieron desde la formalización inicial de los cargos se atravesaron vicisitudes, recordando que Iturrioz fue designado ministro de Seguridad de la provincia y que a partir de entonces se le asignó a él la investigacion (en el mes de diciembre de 2023), contando ya la causa con auto de apertura a juicio.
Cabral también aseguró en la audiencia que “no hay ninguna pericia caligráfica de firmas que, supuestamente, son de los funcionarios municipales, a los fines de corroborar si esos partes fueron firmados por los funcionarios. O sea a -agregó-, desconocemos si esos partes que fueron entregados por los empresarios a los fines de llegar a cobrar esas acreencias, si fueron firmados o llenados al menos, porque ni siquiera se hace referencia a si era el contenido o la firma”.
Además, recordó que se carecía de una pericia contable para cuantificar el perjuicio económico al municipio local, y agregó que se atribuyeron mal los delitos de “Falsedad Ideológica” y “Defraudación”
Es evidente que fallaron los mecanismos de control, no hay duda de eso, más que nada en el contexto en que se dio toda esta situación, dejó entrever el fiscal Cabral, pero “también hay como una imputación antojadiza a algunas personas y a otras no. Se hace referencia a un empleado de una de las empresas -un tal Garrido- que también firmaba como los funcionarios municipales estos partes, y no hay imputación respecto a esa persona. Hay presunciones de que Astiz es amigo de (Carlos) Linares (entonces intendente de Comodoro Rivadavia), y por eso lo favoreció en los hechos, pero acá no hay ninguna imputación en contra del intendente en ese momento, ninguna imputación al funcionario en cuanto a la posibilidad de la figura del cohecho”, planteó Cabral.
En ese contexto, el fiscal Cabral concluyo que sería un “dispendio jurisdiccional innecesario” llevar adelante el juicio, pues a su modo de ver no se podría acreditar la autoría y la materialidad con relación a los delitos por los cuales fueron acusados los ex funcionarios municipales.
Cabral, en cambio, dijo que sí podría entrar en juego alguna figura culposa, pero subrayó que como esa variante imputativa no había sido ensayada por Iturrioz, la posibilidad de responsabilizar por ella a los encausados se había desvanecido.
Cabral insistió en que le parecía “incomprensible” por qué el fiscal Iturrioz había dejado de imputar a otras personas que estaban dentro del mismo organigrama y enfatizó que debía reconocerse “la mala tarea del Ministerio Publico en el particular”, anunciando luego que retiraría la acusación de los imputados.
Para los jueces Nicosia, Cosmaro y Tedesco, “los antecedentes reseñados revelan anomalías inéditas. No menos puede decirse de la actuación del Ministerio Público Fiscal, que a horas de comenzar uno de los juicios de mayor relevancia y complejidad que se tenga registro en nuestro medio, concurre a requerir que todo se detenga, pues cinco años después se percata de que en realidad no hay pruebas ni razones jurídico dogmáticas de peso que posibiliten el enjuiciamiento.”
Lo que se dice, un papelón todo. Alguien en la Justicia de Chubut no hizo bien su trabajo y alguien debería determinar con celeridad quién fue.
Futaleufú a la Corte
La procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Mercedes Monti, firmó la semana pasada un dictamen que es nada más que un trámite en el reclamo que Chubut le hace al Gobierno nacional por el control de la represa de Futaleufú, cuyo contrato vence en 205.
La procuradora dictaminó que en su opinión es la Corte Suprema la que debe expedirse por el reclamo que está haciendo la Provincia sobre la potestad de ese recurso natural.
Chubut reclama que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales 15.336 y 24.065 que integran el Marco Regulatorio Eléctrico, y se las deje sin efecto, en cuanto vulneran en forma manifiestamente ilegal y arbitraria –a su entender- el derecho al dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales existentes en su, lo que incluye sus cursos de agua.
Además, pide que se reconozca que la Provincia del Chubut es la única legitimada para disponer la concesión, prórroga, nuevas licitaciones o explotación en los términos que estime conveniente, de la Central Hidroeléctrica Futaleufú al vencimiento del contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional e Hidroeléctrica Futaleufú S.A., que controla el Grupo Aluar.
Asimismo, peticiona que se ordene una medida cautelar innovativa a fin de que el demandado (el Estado Nacional) se abstenga de prorrogar las concesiones sobre la Central Hidroeléctrica Futaleufú de manera unilateral e inconsulta, sin la participación, intervención y coordinación de la Provincia del Chubut.
El reclamo quedó ahora en manos de una Corte Suprema llena de internas e interrogantes, y justo cuando el presidente Milei elevó dos pliegos para que asuman como cortesanos el polémico juez Ariel Lijo y el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Manuel García Mansilla.
Mi amigo Buffa
No cayó del todo bien en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia que el flamante juez Enrique Baronetto –asumido en diciembre de 2023- haya designado como su secretario al exconcejal de Juntos por el Cambio Tomás Buffa, en reemplazo de Raúl Tótaro.
Es que más que una discusión sobre la capacidad del exedil para el trabajo, en el acuerdo que lo eligió, Baronetto dejó claro que conoce a Buffa hace más de 19 años, ya que cursaron juntos en la Universidad Nacional de Córdoba. “Me consta que reviste las condiciones esenciales personales como técnicas, siendo abogado recibido matriculado en Chubut hace más de 12 años”, escribió el nuevo juez.
Yagregó que se trata de “un profesional totalmente consustanciado con la materia de este tribunal, con una rica experiencia como abogado litigante, conocedor de los avatares de la profesión, lo que lo llevó a ejercer varias defensas penales en la órbita provincial y federal, ser titular de poderes de compañías de seguros (La Segunda y San Cristobal), de empresas de compañía prepagas como Avalian (ex ACA Salud) o Tarjeta Naranja entre otras”.
Buffa también fue abogado de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia “ejerciendo múltiples funciones administrativas como judiciales, liderando grupos de trabajo a cargo de los recursos jerárquicos impuestos en materia de Derecho del Consumidor. Representó al municipio en más de 3.500 procesos judiciales y asumió la dirección de las oficinas provinciales del Ente Nacional de Comunicación desempeñándose luego en el Concejo de Comodoro”.
Muchos creen que el puesto debió ser para Laura Nardelli, hoy prosecretaria administrativa. Pero aunque Baronetto reconoció que “en los meses que llevo en este Tribunal se desempeña con conocimiento y solvencia técnica, acompañada de una marcada contracción al cargo”, aclaró que “el Dr. Buffa cuenta con mi confianza, lo prefiero y considero reunidos los recaudos para su designación”.
Los otros dos jueces del TOF, Ana María D’Alessio y Mario Reynaldi lo aceptaron pero hasta por ahí nomás: “Acompañamos su decisión, sin dejar de señalar por nuestra parte la idoneidad y contracción al cargo del personal del Tribunal”. En buen romance, había personal de carrera para designar.
Echó al embajador
Pocos días antes de emprender el viaje a Estados Unidos y Europa, el presidente Javier Milei removió al embajador argentino en Dinamarca, país que iba a visitar pero finalmente el sábado se anunció que se suspendía.
El diplomático en cuestión llevaba 8 años en el cargo y era respetado en el mundo diplomática por su extensa y criteriosa carrera. Sin embargo, Milei -sin demasiadas explicaciones, al menos no convincentes- lo borró de un plumazo.
El embajador en cuestión tiene un punto e contacto con Chubut: es Conrado Solari Yrigoyen, uno de los tres hijos del reconocido abogado, periodista y dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen, que se encuentra alejado de la vida política hace muchos años.
En el mundo diplomático no se explicaban los motivos que pudo haber tenido para echar al embajador de Argentina en un país europeo, y alguno se niegan a aceptar el rumor que los lazos con el radicalismo podrían haber incidido.
El embajador Solari es el segundo hijo de Don Hipólito, su hermano menor se llama Patricio y el mayor, homónimo de su padre, falleció en febrero pasado en la ciudad de Puerto Madryn, en donde residía y tenía una extensa carrera como productor ganadero.
Escándalo en la Cooperativa
La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson no deja de sorprender a todos. Propios y ajenos. Lo que genera que cada vez haya más personas alejándose de la conducción y despegándose de ella, inclusive hasta el principal operador político que llevó a este grupo a ganar las elecciones a fuerza de promesas de no aumentos de tarifas y críticas al por entonces Consejo de Administración.
Desde que ganaron las elecciones y asumieron “pasaron cosas”, como la veloz renuncia del presidente Heladio Gómez, asumiendo en su lugar quien se desempeñaba como secretaria, Cynthia Sanz.
Esto ocurrió en enero pasado y ahora otra vez se queda la entidad sin máxima autoridad porque volvió a renunciar quien ocupa la presidencia.
Si bien públicamente nunca se conoció la voz de Sanz, quien nunca brindó una entrevista ni dialogó con la prensa, días atrás no sólo habló, sino que hubo gritos y llanto, lo que desembocó en la renuncia a la Presidencia.
Seguirá en el cargo hasta fin de mes y luego se verá qué pasará con la entidad porque desde la Intendencia barajan un nuevo esquema como es una empresa “mixta”.
Siempre en primera fila
La extensa sesión de la Legislatura del jueves pasado duró diez horas, dejó algunas perlitas que sorprendieron a muchos y otros se estarán enterando cuando lean estas líneas.
Como si no hubiera temas a discutir, en un tramo de la sesión y a propuesta del diputado Daniel Hollman, ingresó para su análisis la postulación de Héctor Daniel Silva en el cargo de Defensor de los Derechos de Adultos Mayores. Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidirá la suerte del siempre listo a ser funcional al poder de turno. No hay dudas de que vocación para ser funcionario le sobra.
Silva todavía es el presidente del PROVECH (aquel partido creado durante el dasnevismo para darle más volumen parlamentario al entonces gobernador), fue subsecretario en el Ministerio de Familia durante la gestión dasnevista y ahora, si consigue los votos de los diputados, formará parte de la gestión actual, teniendo su oficina en la propia Legislatura.
Los más sorprendidos fueron los jubilados y retirados que esperaban poder presentar propuestas de candidatos para cubrir ese cargo, ya que los va a representar, pero no fueron consultados ni avisados y hubo algunas propuestas de parte de centros de jubilados de distintas ciudades de la provincia.
En los considerandos del proyecto presentado por Hollman se aclara que Silva “reúne los requisitos formales y de idoneidad para ocupar el cargo vacante”.
La designación será a partir del 1º de abril, por lo que se estima que en la próxima sesión se conocerá quién será el próximo funcionario cuya gestión tiene un período de 4 años.
SATIRITA, por Descartes
El Tribunal de Enjuiciamiento que debía realizar el juicio contra empresarios y exfuncionarios municipales de Comodoro Rivadavia por un presunto fraude al municipio durante la catástrofe climática de 2017, se declaró incompetente para resolver el pedido de los fiscales para sobreseer a la mayor parte de los 13 imputados, por lo que pidió que el caso vuelva a la etapa previa de investigación.
El dato se conoció en la semana y tuvo una fuerte repercusión política porque el fiscal que investigó la causa durante varios años fue Héctor Iturrioz, hoy ministro de Seguridad y Justicia de Chubut.
El pedido de los fiscales Adrián Cabral y Marcelo Crettón (este último, jefe de los fiscales comodorenses) causó duras declaraciones del ministro Iturrioz y también una conferencia de prensa presidida por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, con advertencias de denuncias ante el Consejo de la Magistratura para los dos acusadores que decidieron pedir el sobreseimiento de todos los imputados.
El documento firmado por los jueces Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Ariel Tedesco tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, deja mucha tela para cortar. Si bien dejan entrever su sorpresa ante el pedido de los fiscales tras más de 4 años de investigación, exponen algunos de los argumentos de Cabral y Cretton para tomar semejante medida.
“Los presentantes esbozaron argumentos e interpretaciones sobre la -según dijeron- escasa consistencia jurídica y probatoria del caso que, sin embargo, el propio Ministerio Fiscal ha venido impulsando desde hace ya varios años en este proceso, caso cuya calidad ha sido certificada en todas las instancias transcurridas, por los jueces y los tribunales de diversa jerarquía que atendieron los planteos, requerimientos e impugnaciones de los intervinientes”, comienzan diciendo los jueces en el escrito.
Además, se precisa que durante la audiencia, el propio fiscal Cabral insistió con su solicitud de suspensión del juicio y s sostuvo que se trataba de una situación “bastante sui generis”, reflexionando que el planteo debió haberse tratado en una etapa previa a la del debate. Luego, explicó que la causa era llevada por otro fiscal (Iturrioz) desde el inicio de la investigación, y que durante los años que transcurrieron desde la formalización inicial de los cargos se atravesaron vicisitudes, recordando que Iturrioz fue designado ministro de Seguridad de la provincia y que a partir de entonces se le asignó a él la investigacion (en el mes de diciembre de 2023), contando ya la causa con auto de apertura a juicio.
Cabral también aseguró en la audiencia que “no hay ninguna pericia caligráfica de firmas que, supuestamente, son de los funcionarios municipales, a los fines de corroborar si esos partes fueron firmados por los funcionarios. O sea a -agregó-, desconocemos si esos partes que fueron entregados por los empresarios a los fines de llegar a cobrar esas acreencias, si fueron firmados o llenados al menos, porque ni siquiera se hace referencia a si era el contenido o la firma”.
Además, recordó que se carecía de una pericia contable para cuantificar el perjuicio económico al municipio local, y agregó que se atribuyeron mal los delitos de “Falsedad Ideológica” y “Defraudación”
Es evidente que fallaron los mecanismos de control, no hay duda de eso, más que nada en el contexto en que se dio toda esta situación, dejó entrever el fiscal Cabral, pero “también hay como una imputación antojadiza a algunas personas y a otras no. Se hace referencia a un empleado de una de las empresas -un tal Garrido- que también firmaba como los funcionarios municipales estos partes, y no hay imputación respecto a esa persona. Hay presunciones de que Astiz es amigo de (Carlos) Linares (entonces intendente de Comodoro Rivadavia), y por eso lo favoreció en los hechos, pero acá no hay ninguna imputación en contra del intendente en ese momento, ninguna imputación al funcionario en cuanto a la posibilidad de la figura del cohecho”, planteó Cabral.
En ese contexto, el fiscal Cabral concluyo que sería un “dispendio jurisdiccional innecesario” llevar adelante el juicio, pues a su modo de ver no se podría acreditar la autoría y la materialidad con relación a los delitos por los cuales fueron acusados los ex funcionarios municipales.
Cabral, en cambio, dijo que sí podría entrar en juego alguna figura culposa, pero subrayó que como esa variante imputativa no había sido ensayada por Iturrioz, la posibilidad de responsabilizar por ella a los encausados se había desvanecido.
Cabral insistió en que le parecía “incomprensible” por qué el fiscal Iturrioz había dejado de imputar a otras personas que estaban dentro del mismo organigrama y enfatizó que debía reconocerse “la mala tarea del Ministerio Publico en el particular”, anunciando luego que retiraría la acusación de los imputados.
Para los jueces Nicosia, Cosmaro y Tedesco, “los antecedentes reseñados revelan anomalías inéditas. No menos puede decirse de la actuación del Ministerio Público Fiscal, que a horas de comenzar uno de los juicios de mayor relevancia y complejidad que se tenga registro en nuestro medio, concurre a requerir que todo se detenga, pues cinco años después se percata de que en realidad no hay pruebas ni razones jurídico dogmáticas de peso que posibiliten el enjuiciamiento.”
Lo que se dice, un papelón todo. Alguien en la Justicia de Chubut no hizo bien su trabajo y alguien debería determinar con celeridad quién fue.
Futaleufú a la Corte
La procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Mercedes Monti, firmó la semana pasada un dictamen que es nada más que un trámite en el reclamo que Chubut le hace al Gobierno nacional por el control de la represa de Futaleufú, cuyo contrato vence en 205.
La procuradora dictaminó que en su opinión es la Corte Suprema la que debe expedirse por el reclamo que está haciendo la Provincia sobre la potestad de ese recurso natural.
Chubut reclama que se declare la inconstitucionalidad de las leyes nacionales 15.336 y 24.065 que integran el Marco Regulatorio Eléctrico, y se las deje sin efecto, en cuanto vulneran en forma manifiestamente ilegal y arbitraria –a su entender- el derecho al dominio originario de la provincia sobre sus recursos naturales existentes en su, lo que incluye sus cursos de agua.
Además, pide que se reconozca que la Provincia del Chubut es la única legitimada para disponer la concesión, prórroga, nuevas licitaciones o explotación en los términos que estime conveniente, de la Central Hidroeléctrica Futaleufú al vencimiento del contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional e Hidroeléctrica Futaleufú S.A., que controla el Grupo Aluar.
Asimismo, peticiona que se ordene una medida cautelar innovativa a fin de que el demandado (el Estado Nacional) se abstenga de prorrogar las concesiones sobre la Central Hidroeléctrica Futaleufú de manera unilateral e inconsulta, sin la participación, intervención y coordinación de la Provincia del Chubut.
El reclamo quedó ahora en manos de una Corte Suprema llena de internas e interrogantes, y justo cuando el presidente Milei elevó dos pliegos para que asuman como cortesanos el polémico juez Ariel Lijo y el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Manuel García Mansilla.
Mi amigo Buffa
No cayó del todo bien en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia que el flamante juez Enrique Baronetto –asumido en diciembre de 2023- haya designado como su secretario al exconcejal de Juntos por el Cambio Tomás Buffa, en reemplazo de Raúl Tótaro.
Es que más que una discusión sobre la capacidad del exedil para el trabajo, en el acuerdo que lo eligió, Baronetto dejó claro que conoce a Buffa hace más de 19 años, ya que cursaron juntos en la Universidad Nacional de Córdoba. “Me consta que reviste las condiciones esenciales personales como técnicas, siendo abogado recibido matriculado en Chubut hace más de 12 años”, escribió el nuevo juez.
Yagregó que se trata de “un profesional totalmente consustanciado con la materia de este tribunal, con una rica experiencia como abogado litigante, conocedor de los avatares de la profesión, lo que lo llevó a ejercer varias defensas penales en la órbita provincial y federal, ser titular de poderes de compañías de seguros (La Segunda y San Cristobal), de empresas de compañía prepagas como Avalian (ex ACA Salud) o Tarjeta Naranja entre otras”.
Buffa también fue abogado de la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia “ejerciendo múltiples funciones administrativas como judiciales, liderando grupos de trabajo a cargo de los recursos jerárquicos impuestos en materia de Derecho del Consumidor. Representó al municipio en más de 3.500 procesos judiciales y asumió la dirección de las oficinas provinciales del Ente Nacional de Comunicación desempeñándose luego en el Concejo de Comodoro”.
Muchos creen que el puesto debió ser para Laura Nardelli, hoy prosecretaria administrativa. Pero aunque Baronetto reconoció que “en los meses que llevo en este Tribunal se desempeña con conocimiento y solvencia técnica, acompañada de una marcada contracción al cargo”, aclaró que “el Dr. Buffa cuenta con mi confianza, lo prefiero y considero reunidos los recaudos para su designación”.
Los otros dos jueces del TOF, Ana María D’Alessio y Mario Reynaldi lo aceptaron pero hasta por ahí nomás: “Acompañamos su decisión, sin dejar de señalar por nuestra parte la idoneidad y contracción al cargo del personal del Tribunal”. En buen romance, había personal de carrera para designar.
Echó al embajador
Pocos días antes de emprender el viaje a Estados Unidos y Europa, el presidente Javier Milei removió al embajador argentino en Dinamarca, país que iba a visitar pero finalmente el sábado se anunció que se suspendía.
El diplomático en cuestión llevaba 8 años en el cargo y era respetado en el mundo diplomática por su extensa y criteriosa carrera. Sin embargo, Milei -sin demasiadas explicaciones, al menos no convincentes- lo borró de un plumazo.
El embajador en cuestión tiene un punto e contacto con Chubut: es Conrado Solari Yrigoyen, uno de los tres hijos del reconocido abogado, periodista y dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen, que se encuentra alejado de la vida política hace muchos años.
En el mundo diplomático no se explicaban los motivos que pudo haber tenido para echar al embajador de Argentina en un país europeo, y alguno se niegan a aceptar el rumor que los lazos con el radicalismo podrían haber incidido.
El embajador Solari es el segundo hijo de Don Hipólito, su hermano menor se llama Patricio y el mayor, homónimo de su padre, falleció en febrero pasado en la ciudad de Puerto Madryn, en donde residía y tenía una extensa carrera como productor ganadero.
Escándalo en la Cooperativa
La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson no deja de sorprender a todos. Propios y ajenos. Lo que genera que cada vez haya más personas alejándose de la conducción y despegándose de ella, inclusive hasta el principal operador político que llevó a este grupo a ganar las elecciones a fuerza de promesas de no aumentos de tarifas y críticas al por entonces Consejo de Administración.
Desde que ganaron las elecciones y asumieron “pasaron cosas”, como la veloz renuncia del presidente Heladio Gómez, asumiendo en su lugar quien se desempeñaba como secretaria, Cynthia Sanz.
Esto ocurrió en enero pasado y ahora otra vez se queda la entidad sin máxima autoridad porque volvió a renunciar quien ocupa la presidencia.
Si bien públicamente nunca se conoció la voz de Sanz, quien nunca brindó una entrevista ni dialogó con la prensa, días atrás no sólo habló, sino que hubo gritos y llanto, lo que desembocó en la renuncia a la Presidencia.
Seguirá en el cargo hasta fin de mes y luego se verá qué pasará con la entidad porque desde la Intendencia barajan un nuevo esquema como es una empresa “mixta”.
Siempre en primera fila
La extensa sesión de la Legislatura del jueves pasado duró diez horas, dejó algunas perlitas que sorprendieron a muchos y otros se estarán enterando cuando lean estas líneas.
Como si no hubiera temas a discutir, en un tramo de la sesión y a propuesta del diputado Daniel Hollman, ingresó para su análisis la postulación de Héctor Daniel Silva en el cargo de Defensor de los Derechos de Adultos Mayores. Ahora, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidirá la suerte del siempre listo a ser funcional al poder de turno. No hay dudas de que vocación para ser funcionario le sobra.
Silva todavía es el presidente del PROVECH (aquel partido creado durante el dasnevismo para darle más volumen parlamentario al entonces gobernador), fue subsecretario en el Ministerio de Familia durante la gestión dasnevista y ahora, si consigue los votos de los diputados, formará parte de la gestión actual, teniendo su oficina en la propia Legislatura.
Los más sorprendidos fueron los jubilados y retirados que esperaban poder presentar propuestas de candidatos para cubrir ese cargo, ya que los va a representar, pero no fueron consultados ni avisados y hubo algunas propuestas de parte de centros de jubilados de distintas ciudades de la provincia.
En los considerandos del proyecto presentado por Hollman se aclara que Silva “reúne los requisitos formales y de idoneidad para ocupar el cargo vacante”.
La designación será a partir del 1º de abril, por lo que se estima que en la próxima sesión se conocerá quién será el próximo funcionario cuya gestión tiene un período de 4 años.
SATIRITA, por Descartes