Por orden del gobernador Nacho Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Adrián Cabral y Marcelo Crettón por su mal desempeño en sus funciones en la causa.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Rafael Lucchelli.
El sobreseimiento de exfuncionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.
Por orden del gobernador Nacho Torres, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, radicó la denuncia en Puerto Madryn contra los fiscales que tienen a su cargo la causa sobre la Emergencia Climática de 2017, que afectó a Comodoro Rivadavia. En relación con este tema, Torres afirmó “no voy a permitir acciones de estas características”.
Iturrioz formalizó la denuncia contra los fiscales Adrián Cabral y Marcelo Crettón por su mal desempeño en sus funciones en la causa.
La presentación judicial se elevó al presidente del Consejo de la Magistratura, Rafael Lucchelli.
El sobreseimiento de exfuncionarios involucrados en la causa por la Emergencia climática que azotó a Comodoro durante el 2017 ya había sido planteado por la Defensa y -en las dos oportunidades- la Justicia lo rechazó. Esas decisiones judiciales fueron confirmadas en la Cámara en la instancia de apelación.
Se estima que estas situaciones generaron un perjuicio económico cercana a un millón de dólares –en términos del 2017- y que involucra a 13 personas, funcionarios públicos y empresarios particulares.
El Gobierno provincial subrayó que se trata de una causa judicial trascendente para determinar las sanciones o la impunidad para los responsables de haber lucrado con la comunidad de Comodoro con el manejo espurio de los fondos públicos en uno de los momentos más complejos que atravesó la ciudad.