La misteriosa empresa que se quedó con un permiso de pesca a cambio de nada
Se llama Mar Perlado S.A. y tiene sede en Buenos Aires en la misma oficina en donde funcionan cuatro empresas propiedad del ingeniero naval Luis Javier Picco, ex asesor del INIDEP y dueño de barcos en Puerto Rawson. Los vínculos con Gabriel Aguilar, el exsecretario de Pesca.
El caso de los doce permisos de pesca creados en la nueva Ley de Pesca votada en diciembre de 2022, que durante 2023 fueron entregados de manera poco menos que escandalosa, sigue escalando a medida que la actual gestión de la Secretaría de Pesca, ahora en manos de Andrés Arbeletche, parece intentar avanzar en un blanqueo de esas asignaciones que hasta hace poco el propio funcionario -y también el gobernador Nacho Torres- calificaban como “espurias”.
Los permisos bajo sospecha fueron entregados a través de resoluciones firmadas por el secretario de Pesca de la gestión anterior, Gabriel Aguilar. Las asignaciones se hicieron de manera directa, sin costo alguno y, por si fuera poco, sin que ni siquiera se publicaran los detalles de esas resoluciones en el Boletín Oficial de Chubut. Por ese motivo, la actual administración provincial los atacó por "espurios". Sin embargo, elGobierno provincial viene gestando un acuerdo con esas empresas para que paguen un millón de dólares cada una por los permisos (aunque en el mercado valen no menos de 3 millones de dólares), a cambio de no denunciar la entrega "espuria". Según se anticipó, esos dólares irían a un fondo público para comprar equipamiento sanitario y realizar obras en escuelas.
Sin embargo, hace pocos días, el Superior Tribunal de Chubut emitió un fallo que alertó a todos los involucrados en estas maniobras: le dio la razón a la firma Agropez S.A., una pesquera vinculada al Grupo Conarpesa que no fue beneficiada con ningún permiso de los creados por la nueva ley, que el año pasado presentó un recurso de amparo para que la Secretaría de Pesca de Chubut le informe a quiénes y de qué manera se entregaron todos los permisos creados.
Esta decisión de la Corte provincial es clave porque podría echar luz sobre la forma presuntamente irregular con la que fueron entregados esos permisos. Sin embargo, hasta ahora ningún fiscal se interesó por el tema.
Los permisos del escándalo
De los doce permisos entregados con la nueva ley, cinco correspondieron a los viejos VACOPA, unos permisos precarios creados en 2006 que debían haber dejado de existir en 2012 tras una resolución de la Secretaría de Pesca, pero que sin embargo siguieron siendo usufructuados durante diez años más sin que nadie hiciera nada al respecto. Es decir, los VACOPA no sólo no se revirtieron sino que se convirtieron de un plumazo en permisos legales de Flota Amarilla y sus dueños no debieron pagar un centavo por los mismos.
Además, los VACOPA fueron cambiando de manos en estos años y la mayoría quedó bajo control de un grupo de empresarios de Puerto Rawson, cuyas caras visibles son Gustavo González y Raúl “Tato” Cereseto.
Pero en la nueva ley votada a finales de 2022, literalmente entre gallos y medianoche, se crearon otros siete permisos: un sexto VACOPA, que se creó y convirtió en la misma ley (junto a los otros cinco existentes) en permiso de Flota Amarilla; más tres nuevos permisos de Flota Artesanal; y otros tres de Flota Amarilla.
Perla negra
Uno de los permisos “artesanales” asignados a cambio de nada por el exsecretario Aguilar recayó en manos de una empresa denominada Mar Perlado S.A., que lejos de tener aspecto de “artesanal” tiene domicilio en la transitada Avenida Julio A. Roca de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como Diagonal Sur.
Según publicó la semana pasada el sitio especializado Portal de Pesca, en junio de 2023, momentos antes que se entreguen los permisos en cuestión, Mar Perlado S.A. realizó una asamblea designando a José Ignacio Carrizo como titular y presidente, y a Pablo Marcelo Ricardo Guiance como suplente. También en junio de 2023, la firma dio de alta en la AFIP la actividad de “pesca de organismos marinos. Venta al por mayor de pescado” y agregó como domicilio fiscal a una oficina ubicada en la calle Ramos Mejía 380 de Comodoro Rivadavia.
Para que se entienda, la movida fue realizada para adecuar a la empresa, que se había creado con otros fines, y así hacerse de un permiso de "pesca artesanal”.
Mar Perlado fue iniciada en 2017 por Carrizo, un técnico en producción agropecuaria originario de Bragado, y el empresario brasileño Michel Recalde, y su primer domicilio legal fue Suipacha 72 de CABA. Pero con los últimos cambios, Carrizo cambió de socio y constituyó domicilio legal en la Avenida Julio A. Roca 751, piso 6, también en CABA.
Un periodista de Jornada se acercó en los últimos días a esa dirección para intentar conocer en detalle el plan pesquero de Mar Perlado. Sin embargo, en esa dirección no hay rastros de Mar Perlado: la portera del edificio dijo conocer a Carrizo (y a un hermano al que denominó “El Nacho”), pero aclaró que no solían ir seguido y que tampoco sabía qué era “Mar Perlado”.
En el 6° piso del edificio en donde está el domicilio legal de Mar Perlado funcionan cuatro empresas: JPA, Sade, Makro y La Trinidad, cuyos logos se ven apenas se abre la puerta del ascensor. Por qué la empresa de Carrizo y Guiance tiene domicilio ahí es una duda que parece resolverse rápidamente: el dueño de las cuatro empresas es el ingeniero naval Luis Javier Picco, un viejo conocedor del negocio pesquero de Rawson. Y un dato más: Guiance, socio en Mar Perlado, también figura como socio de Picco en la consultora que lleva su nombre, Luis Javier Picco & Asociados, que también tiene su sede en el mismo edificio de Diagonal Sur.
El ingeniero Picco hace negocios en Chubut desde hace muchos años, cuando comenzó a operar a través de dos sociedades: Don Dámaso SRL y Los Malos SRL, que en 2006 cedió a la familia Nogales, otros viejos conocidos del mundo de la pesca en Rawson.
Lo que en el sector de la pesca aseguran por lo bajo es que el permiso de Mar Perlado S.A. tendría como beneficiario a Picco, que actualmente opera en Puerto Rawson con cuatro barcos a través de su empresa Makro.
Hay más puntos en común entre todas estas empresas: en el domicilio fiscal de Mar Perlado en Comodoro Rivadavia (un edificio de la calle Ramos Mejía 380 de la ciudad petrolera) tiene sede otra empresa, Bertosa S.A., también vinculada a la pesca y cuyo dueño no es otro que Luis Javier Picco.
Polirrubro
Este ingeniero naval también fue hasta hace pocos años directivo de la empresa ferroviaria Ferrovías y mientras tanto no dejó de operar activamente en el negocio pesquero de Chubut. Inclusive, muchos recuerdan un encuentro en 2016 con el entonces gobernador Mario Das Neves, al que le presentó un faraónico proyecto denominado “Rawport” en el que se iban a invertir 3 millones de dólares y cuyo objetivo era “proveer de langostino con trazabilidad”, según dijo Picco, además de un dique seco, una planta de hielo, un centro de abastecimiento de combustible y hasta un hotel.
Dos años después, en 2018, Picco volvió a presentar el mismo proyecto al entonces gobernador Mariano Arcioni. Esta vez anunció una inversión de 4 millones de dólares en un terreno lindero a la planta de Conarpesa, frente a Puerto Rawson. A pesar de las promesas y anuncios, el megaproyecto nunca avanzó
Pero Picco no se quedó tranquilo. Al tiempo que seguía actuando en el lucrativo negocio de la pesca consiguió con sus contactos políticos ser designado como asesor en el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el organismo público que se encarga de la prospección pesquera para hacer un uso racional del recurso.
En el INIDEP, Picco se encargó hasta el año pasado del asesoramiento en la compra de barcos para hacer las prospecciones, varios de los cuales fueron adquiridos en los últimos años en cientos de millones de dólares al astillero Armon de la ciudad de Vigo. Los empresarios de astilleros nacionales, la mayoría ubicados en Mar del Plata, lo señalaron más de una vez por trabajar para un organismo público argentino y, a la vez, hacer buenos oficios comerciales para el astillero vigués.
Una de las últimas visitas de Picco al astillero Armon en Vigo la hizo en octubre de 2022 -dos meses antes de que se aprobara la nueva Ley de Pesca-, en compañía de una delegación oficial chubutense, entre los que estaban el entonces gobernador Mariano Arcioni y su secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, el mismo que le otorgó un permiso de pesca de manera directa y sin costo alguno a una empresa que, curiosamente, comparte oficina con las empresas de Picco.
El caso de los doce permisos de pesca creados en la nueva Ley de Pesca votada en diciembre de 2022, que durante 2023 fueron entregados de manera poco menos que escandalosa, sigue escalando a medida que la actual gestión de la Secretaría de Pesca, ahora en manos de Andrés Arbeletche, parece intentar avanzar en un blanqueo de esas asignaciones que hasta hace poco el propio funcionario -y también el gobernador Nacho Torres- calificaban como “espurias”.
Los permisos bajo sospecha fueron entregados a través de resoluciones firmadas por el secretario de Pesca de la gestión anterior, Gabriel Aguilar. Las asignaciones se hicieron de manera directa, sin costo alguno y, por si fuera poco, sin que ni siquiera se publicaran los detalles de esas resoluciones en el Boletín Oficial de Chubut. Por ese motivo, la actual administración provincial los atacó por "espurios". Sin embargo, elGobierno provincial viene gestando un acuerdo con esas empresas para que paguen un millón de dólares cada una por los permisos (aunque en el mercado valen no menos de 3 millones de dólares), a cambio de no denunciar la entrega "espuria". Según se anticipó, esos dólares irían a un fondo público para comprar equipamiento sanitario y realizar obras en escuelas.
Sin embargo, hace pocos días, el Superior Tribunal de Chubut emitió un fallo que alertó a todos los involucrados en estas maniobras: le dio la razón a la firma Agropez S.A., una pesquera vinculada al Grupo Conarpesa que no fue beneficiada con ningún permiso de los creados por la nueva ley, que el año pasado presentó un recurso de amparo para que la Secretaría de Pesca de Chubut le informe a quiénes y de qué manera se entregaron todos los permisos creados.
Esta decisión de la Corte provincial es clave porque podría echar luz sobre la forma presuntamente irregular con la que fueron entregados esos permisos. Sin embargo, hasta ahora ningún fiscal se interesó por el tema.
Los permisos del escándalo
De los doce permisos entregados con la nueva ley, cinco correspondieron a los viejos VACOPA, unos permisos precarios creados en 2006 que debían haber dejado de existir en 2012 tras una resolución de la Secretaría de Pesca, pero que sin embargo siguieron siendo usufructuados durante diez años más sin que nadie hiciera nada al respecto. Es decir, los VACOPA no sólo no se revirtieron sino que se convirtieron de un plumazo en permisos legales de Flota Amarilla y sus dueños no debieron pagar un centavo por los mismos.
Además, los VACOPA fueron cambiando de manos en estos años y la mayoría quedó bajo control de un grupo de empresarios de Puerto Rawson, cuyas caras visibles son Gustavo González y Raúl “Tato” Cereseto.
Pero en la nueva ley votada a finales de 2022, literalmente entre gallos y medianoche, se crearon otros siete permisos: un sexto VACOPA, que se creó y convirtió en la misma ley (junto a los otros cinco existentes) en permiso de Flota Amarilla; más tres nuevos permisos de Flota Artesanal; y otros tres de Flota Amarilla.
Perla negra
Uno de los permisos “artesanales” asignados a cambio de nada por el exsecretario Aguilar recayó en manos de una empresa denominada Mar Perlado S.A., que lejos de tener aspecto de “artesanal” tiene domicilio en la transitada Avenida Julio A. Roca de la Ciudad de Buenos Aires, más conocida como Diagonal Sur.
Según publicó la semana pasada el sitio especializado Portal de Pesca, en junio de 2023, momentos antes que se entreguen los permisos en cuestión, Mar Perlado S.A. realizó una asamblea designando a José Ignacio Carrizo como titular y presidente, y a Pablo Marcelo Ricardo Guiance como suplente. También en junio de 2023, la firma dio de alta en la AFIP la actividad de “pesca de organismos marinos. Venta al por mayor de pescado” y agregó como domicilio fiscal a una oficina ubicada en la calle Ramos Mejía 380 de Comodoro Rivadavia.
Para que se entienda, la movida fue realizada para adecuar a la empresa, que se había creado con otros fines, y así hacerse de un permiso de "pesca artesanal”.
Mar Perlado fue iniciada en 2017 por Carrizo, un técnico en producción agropecuaria originario de Bragado, y el empresario brasileño Michel Recalde, y su primer domicilio legal fue Suipacha 72 de CABA. Pero con los últimos cambios, Carrizo cambió de socio y constituyó domicilio legal en la Avenida Julio A. Roca 751, piso 6, también en CABA.
Un periodista de Jornada se acercó en los últimos días a esa dirección para intentar conocer en detalle el plan pesquero de Mar Perlado. Sin embargo, en esa dirección no hay rastros de Mar Perlado: la portera del edificio dijo conocer a Carrizo (y a un hermano al que denominó “El Nacho”), pero aclaró que no solían ir seguido y que tampoco sabía qué era “Mar Perlado”.
En el 6° piso del edificio en donde está el domicilio legal de Mar Perlado funcionan cuatro empresas: JPA, Sade, Makro y La Trinidad, cuyos logos se ven apenas se abre la puerta del ascensor. Por qué la empresa de Carrizo y Guiance tiene domicilio ahí es una duda que parece resolverse rápidamente: el dueño de las cuatro empresas es el ingeniero naval Luis Javier Picco, un viejo conocedor del negocio pesquero de Rawson. Y un dato más: Guiance, socio en Mar Perlado, también figura como socio de Picco en la consultora que lleva su nombre, Luis Javier Picco & Asociados, que también tiene su sede en el mismo edificio de Diagonal Sur.
El ingeniero Picco hace negocios en Chubut desde hace muchos años, cuando comenzó a operar a través de dos sociedades: Don Dámaso SRL y Los Malos SRL, que en 2006 cedió a la familia Nogales, otros viejos conocidos del mundo de la pesca en Rawson.
Lo que en el sector de la pesca aseguran por lo bajo es que el permiso de Mar Perlado S.A. tendría como beneficiario a Picco, que actualmente opera en Puerto Rawson con cuatro barcos a través de su empresa Makro.
Hay más puntos en común entre todas estas empresas: en el domicilio fiscal de Mar Perlado en Comodoro Rivadavia (un edificio de la calle Ramos Mejía 380 de la ciudad petrolera) tiene sede otra empresa, Bertosa S.A., también vinculada a la pesca y cuyo dueño no es otro que Luis Javier Picco.
Polirrubro
Este ingeniero naval también fue hasta hace pocos años directivo de la empresa ferroviaria Ferrovías y mientras tanto no dejó de operar activamente en el negocio pesquero de Chubut. Inclusive, muchos recuerdan un encuentro en 2016 con el entonces gobernador Mario Das Neves, al que le presentó un faraónico proyecto denominado “Rawport” en el que se iban a invertir 3 millones de dólares y cuyo objetivo era “proveer de langostino con trazabilidad”, según dijo Picco, además de un dique seco, una planta de hielo, un centro de abastecimiento de combustible y hasta un hotel.
Dos años después, en 2018, Picco volvió a presentar el mismo proyecto al entonces gobernador Mariano Arcioni. Esta vez anunció una inversión de 4 millones de dólares en un terreno lindero a la planta de Conarpesa, frente a Puerto Rawson. A pesar de las promesas y anuncios, el megaproyecto nunca avanzó
Pero Picco no se quedó tranquilo. Al tiempo que seguía actuando en el lucrativo negocio de la pesca consiguió con sus contactos políticos ser designado como asesor en el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el organismo público que se encarga de la prospección pesquera para hacer un uso racional del recurso.
En el INIDEP, Picco se encargó hasta el año pasado del asesoramiento en la compra de barcos para hacer las prospecciones, varios de los cuales fueron adquiridos en los últimos años en cientos de millones de dólares al astillero Armon de la ciudad de Vigo. Los empresarios de astilleros nacionales, la mayoría ubicados en Mar del Plata, lo señalaron más de una vez por trabajar para un organismo público argentino y, a la vez, hacer buenos oficios comerciales para el astillero vigués.
Una de las últimas visitas de Picco al astillero Armon en Vigo la hizo en octubre de 2022 -dos meses antes de que se aprobara la nueva Ley de Pesca-, en compañía de una delegación oficial chubutense, entre los que estaban el entonces gobernador Mariano Arcioni y su secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, el mismo que le otorgó un permiso de pesca de manera directa y sin costo alguno a una empresa que, curiosamente, comparte oficina con las empresas de Picco.