Presunta estafa con casas del IPV: se abrió la investigación contra Vanesa Fita
En el juicio que inició este miércoles en Comodoro Rivadavia, se abrió la investigación por el delito de estafa en calidad de autora contra Vanesa Fita, por la irregularidad en la entrega viviendas.
El fiscal Martín Cárcamo, confirmó la apertura de la investigación penal preparatoria en el caso de estafa por la entrega de viviendas del IPV como también el plazo de seis meses para avanzar con la investigación del caso, reuniendo la información restante y demás elementos probatorios que permitan formular una acusación pública.
Indicó que la calificación legal que autorizó el juez fue la escogida por el Ministerio Público Fiscal, siendo la prevista en el artículo 172 del Código Penal, que contempla el delito de estafa en calidad de autora para Vanesa Fita y en calidad de partícipes necesarios para las personas apellidadas Mansilla, Curán, Paez y Molina. “Lo valioso, en definitiva, aunque sea provisorio, es que la calificación legal ha sido comprensiva de los 594 casos que ha detectado el Ministerio Público Fiscal y que estos casos concurren de manera real. Esto tiene, básicamente, impacto en la escala penal, eventualmente, frente a la declaración de responsabilidad posterior que se pueda dar respecto de estas personas”.
Sostuvo que inicialmente, un único delito de estafa prevé una pena de entre 1 y 6 años de prisión. “En éste caso, como estamos hablando de 594 casos y por las reglas del concurso, eventualmente, supera ampliamente el tope legal del artículo 55, que está previsto en 50 años. De manera tal que la escala penal, en éste caso, será de 1 a 50 años de prisión”, indicó Cárcamo.
Y agregó: “Hay muchísima información que hay que procesar hasta el momento y en lo que ha sido la investigación. Tengan en cuenta que hemos obtenido información de entidades bancarias y de la AFIP a partir del levantamiento del secreto fiscal. Tenemos secuestrado aproximadamente unos ocho equipos de telefonía celular y hemos secuestrado gran cantidad también de documentación”.
El fiscal sostuvo que se requirió información del Instituto Provincial de la Vivienda e insistió en el volumen de información que se ha procesado.
“A criterio del Ministerio Público Fiscal entiende que el aporte que han realizado estas otras coimputadas en calidad de partícipes es un aporte necesario. Es decir, sin el aporte de estas personas la maniobra tal y como la ha planteado el MPF no se podría haber llevado adelante. No obstante será por supuesto materia de investigación y de acreditación con el grado de certeza que se requiere para formular una acusación. Es eventualmente de esperar que en todo caso, si la evidencia no sostiene este grado de participación, el Ministerio Público Fiscal por el principio de objetividad le va a requerir algún pronunciamiento liberatorio para todas ellas o para alguna de ellas”, puntualizó.
El fiscal aseguró que no queda “ningún tipo de dudas” respecto a la plena responsabilidad en la imputación por parte de Vanesa Fita en carácter de autora y también eventualmente de organizadora de toda ésta maniobra defraudatoria. “El modo en el que se lleva adelante esta estafa consiste justamente en esa influencia mentida y en esta calidad simulada”, dijo.
Remarcó además que “la influencia mentida tiene que ver justamente con estas vinculaciones eventualmente políticas que podría tener la coautora no solamente con quien tiene un vínculo biológico, es decir, con su hermano, sino también con algunos otros funcionarios. Pero hasta el momento la investigación ha determinado que efectivamente estamos frente a un supuesto de influencia mentida, es decir, no se ha verificado la participación o la colaboración de ningún funcionario público municipal ni provincial”, finalizó.
El fiscal Martín Cárcamo, confirmó la apertura de la investigación penal preparatoria en el caso de estafa por la entrega de viviendas del IPV como también el plazo de seis meses para avanzar con la investigación del caso, reuniendo la información restante y demás elementos probatorios que permitan formular una acusación pública.
Indicó que la calificación legal que autorizó el juez fue la escogida por el Ministerio Público Fiscal, siendo la prevista en el artículo 172 del Código Penal, que contempla el delito de estafa en calidad de autora para Vanesa Fita y en calidad de partícipes necesarios para las personas apellidadas Mansilla, Curán, Paez y Molina. “Lo valioso, en definitiva, aunque sea provisorio, es que la calificación legal ha sido comprensiva de los 594 casos que ha detectado el Ministerio Público Fiscal y que estos casos concurren de manera real. Esto tiene, básicamente, impacto en la escala penal, eventualmente, frente a la declaración de responsabilidad posterior que se pueda dar respecto de estas personas”.
Sostuvo que inicialmente, un único delito de estafa prevé una pena de entre 1 y 6 años de prisión. “En éste caso, como estamos hablando de 594 casos y por las reglas del concurso, eventualmente, supera ampliamente el tope legal del artículo 55, que está previsto en 50 años. De manera tal que la escala penal, en éste caso, será de 1 a 50 años de prisión”, indicó Cárcamo.
Y agregó: “Hay muchísima información que hay que procesar hasta el momento y en lo que ha sido la investigación. Tengan en cuenta que hemos obtenido información de entidades bancarias y de la AFIP a partir del levantamiento del secreto fiscal. Tenemos secuestrado aproximadamente unos ocho equipos de telefonía celular y hemos secuestrado gran cantidad también de documentación”.
El fiscal sostuvo que se requirió información del Instituto Provincial de la Vivienda e insistió en el volumen de información que se ha procesado.
“A criterio del Ministerio Público Fiscal entiende que el aporte que han realizado estas otras coimputadas en calidad de partícipes es un aporte necesario. Es decir, sin el aporte de estas personas la maniobra tal y como la ha planteado el MPF no se podría haber llevado adelante. No obstante será por supuesto materia de investigación y de acreditación con el grado de certeza que se requiere para formular una acusación. Es eventualmente de esperar que en todo caso, si la evidencia no sostiene este grado de participación, el Ministerio Público Fiscal por el principio de objetividad le va a requerir algún pronunciamiento liberatorio para todas ellas o para alguna de ellas”, puntualizó.
El fiscal aseguró que no queda “ningún tipo de dudas” respecto a la plena responsabilidad en la imputación por parte de Vanesa Fita en carácter de autora y también eventualmente de organizadora de toda ésta maniobra defraudatoria. “El modo en el que se lleva adelante esta estafa consiste justamente en esa influencia mentida y en esta calidad simulada”, dijo.
Remarcó además que “la influencia mentida tiene que ver justamente con estas vinculaciones eventualmente políticas que podría tener la coautora no solamente con quien tiene un vínculo biológico, es decir, con su hermano, sino también con algunos otros funcionarios. Pero hasta el momento la investigación ha determinado que efectivamente estamos frente a un supuesto de influencia mentida, es decir, no se ha verificado la participación o la colaboración de ningún funcionario público municipal ni provincial”, finalizó.