La Asociación de Magistrados trató de mentirosa a una jueza de Madryn

La Asociación de Magistrados y Funcionarios trató de mentirosa a una jueza penal de Puerto Madryn que denunció a la entidad por presuntas irregularidades en sus convocatorias y en sus asambleas, y generó una inspección ante la Inspectoría General de Justicia. “Es una inexplicable acumulación de groseras falsedades”, disparó la Asociación.

En su presentación, María Inés Bartels aseguró que si bien figura como participante de una Asamblea Extraordinaria y como votante a favor de las denuncias contra el Superior Tribunal de Justicia, no estuvo ni tampoco votó.

En su contestación, el abogado de la AMFJ, Alfredo Pérez Galimberti, aclaró que la denuncia de Bartels se concretó el 16 de julio de 2025. Pero para esa fecha ya había renunciado como socia. Lo prueban la captura de pantalla del chat de WhatsApp y su escrito de dimisión del 15 de julio, un día antes de su reclamo.

Hasta había pedido formalmente que ya no le descontaran la cuota mensual. Ya no tenía derecho a quejarse por el funcionamiento interno.

Bartels había cuestionado la Asamblea Extraordinaria del 11 de junio por falta de publicidad, defectos en el acta y especialmente porque la denuncia penal contra los ministros del STJ fue producto de un acuerdo clandestino.

Lo escribió: “El mayor problema señor inspector general es que al parecer no hay nada: ni un acta de la asamblea labrada y firmada en debida forma, ni una correcta publicidad de la convocatoria. Pareciera ser la decisión de unos pocos miembros de la Comisión Directiva de la Asociación a espaldas del resto de los asociados, entre los que me incluyo, ya que jamás tome conocimiento de la convocatoria a dicha asamblea, ni de los puntos del orden del día y menos aún di mi voto favorable a la radicación de la denuncia”.

Galimberti respondió: “Es absolutamente falso”. Argumentó que la Asamblea y su acta se concretaron en tiempo en tiempo y forma. “Lo más grosero es que Bartels participó de la Asamblea y votó afirmativamente por la denuncia penal contra todos los integrantes del STJ y por el juicio político del Dr. Raidan”.

Mientras fue socia, la jueza madrynense estaba en el grupo de WhatsApp que notifica a los miembros de todo lo que ocurre en la AMFJCH, y participaba activamente. Su mail está en la lista de distribución de información y convocatorias.

También estuvo en la reunión de Comisión Directiva ampliada del 3 de junio, que decidió llamar a esa Asamblea. Además del chat, el llamado se publicó en Instagram, Facebook y X, en la página web de la Asociación y se comunicó por mail a los asociados.

La Secretaría dejó constancia del nombre de la jueza en el acta y varios testigos la vieron en el Zoom. Cada persona que se unía debía probar su identidad. Todo lo certificó un escribano público.

Pérez Galimberti advirtió sobre “la gravedad de sus manifestaciones en contra de la verdad histórica de los hechos, más aún proviniendo de una jueza penal. Deberá la IGJ resolver que medidas adoptará frente a la falsedad de una denuncia que derivó en la primera inspección que ha tenido la AMFJCH en toda su historia”.

Bartels jamás se había quejado antes. “Es una decisión deliberada de perjudicar a la AMFJCH. Desconocemos la razón por la que luego de participar de una Asamblea a la que concurrieron un número de asociados que supera ampliamente la participación de otras reuniones y haber votado en forma coincidente con la decisión adoptada por la mayoría, Bartels pueda ahora hacer una presentación carente de asidero (…) Relata hechos falsos y falta a la verdad”.

Bartels además reclamó que en el acta no figuran las manifestaciones de todos los socios. Le contestaron que no es habitual transcribir cada dicho. Pero si un socio pide una mención especial, puede hacerlo y se deja constancia. La magustrada no pidió la palabra. Otros sí.

Tampoco es cierto que el acta firmada no exista. En la inspección del 17 de julio la IGJ verificó que la documentación está disponible, rubricada por el entonces presidente Claudio Petris y la secretaria Marcela Pérez Bogado.

Aquella decisión de denunciar al STJ fue por mayoría: hubo socios que no estuvieron de acuerdo. “Si la denunciante quiere comprobar cuál fue la naturaleza de su voto debió pedir su nominación y que conste en acta y no cuestionar la convocatoria o el acta”. La decisión no fue un acuerdo clandestino “sino la voluntad expresada por el órgano de más entidad de la Asociación”.

“Se advierte una inexplicable disconformidad de la denunciante con las decisiones de la Asamblea y de ella misma (…) No se entiende por qué motivos Bartels, luego de haber votado por las denuncias, alega no haber estado y dice estar en contra”.

Paradójicamente, en sus comentarios en el chat de Madryn la jueza “tenía una posición muy crítica hacia el STJ y estaba muy atenta a cada comunicado que emitía la AMFJCH. Siempre con actitud colaborativa y celebratoria”.

“No son menores las consideraciones morales y éticas que deberían hacerse sobre el accionar de la Dra. Bartels. Estamos ante una Jueza penal que lisa y llanamente falta a la verdad sobre aspectos esenciales de sus propias acciones y, en base a ello, realiza una denuncia contra su (ex) propia asociación. La autocontradicción es tan burda que es difícil no adjudicarle alguna intencionalidad que no pueda ser confesada y/o sospechar que esta asociada se limitó a firmar y presentar una denuncia que no escribió y, pareciera, ni siquiera leyó”.