Editorial / Una condena con sabor a poco y la necesidad de exponerse

“No estoy de acuerdo con la consigna de que los jueces hablen a través de sus sentencias. Creo que pueden dar opiniones y no es prejuzgar; se debe utilizar un lenguaje accesible a todos, no sólo a los actores judiciales”.

El párrafo no es de una víctima de un delito ni de un periodista tirabombas ni de una vecina indignada de cualquier ciudad de Chubut: la dijo el exfiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, a fines de febrero al exponer ante Legislatura para defender su pliego.

En buen romance, en una sociedad moderna, exigente e informada, los jueces no pueden creer que escribir sentencias es todo su trabajo. Tampoco se pueden negar a traducir el mundo jurídico al común de los ciudadanos. Pensándolo bien, si es por poder, pueden. Pero será mejor que tengan el cuero duro para las consecuencias.

En la semana que pasó, la jueza de Puerto Madryn Stella Eizmendi decidió una pena de 3 años y 8 meses para el empresario hotelero Walter March, condenado por el choque en que fallecieron cuatro integrantes de una familia de Caleta Olivia en la Ruta 3, incluidas dos nenas de 8 y 10 años. Además se ordenó su arresto domiciliario. El fiscal Alex Williams había solicitado 6 años de prisión.

Como era de esperar, las familias de las víctimas repudiaron fuerte el fallo de Eizmendi. Y Estefanía León, la mamá de las nenas, divulgó en las redes un conmovedor descargo en el cual acusó a la jueza: “Te queda grande el cargo”.

Como su rol es distinto el fiscal Williams fue más cauto pero igual de categórico. “Esa valoración no refleja lo que sucedió. Tuvimos una reunión con la familia antes de la sentencia; hay cosas que son difíciles de entender y peor explicarlo”, dijo sobre la sentencia.

No se trata aquí de lapidar a March. Cometió una imprudencia en un lugar peligroso de una ruta complicada y sin terminar. Pudo no haber sucedido nada entre tantas imprudencias diarias que se cometen en esa vía, pero le tocó generar una tragedia que jamás tendrá remedio. Se sometió a la Justicia y pasó lo que pasó.

Tampoco se trata de elegir a la jueza Eizmendi como un blanco fácil. Si ascendió en tamaña magistratura, por algo será.

Las críticas veladas de la Fiscalía son lógicas y comunes cuando un fallo no conforma, por sólido que sea. No se puede retrucar cada decisión de cada caso.

Pero este expediente es excepcional: murieron cuatro personas. Nadie pide perpetua ni pena de muerte –y quien lo pida estará equivocado-, pero el sentido común indica que aún con la calificación jurídica elegida, la pena y el peso de los agravantes fueron escasos.

He aquí justamente el punto sensible: ¿qué discutimos ahora? “Nos parece” que hay una falla en la decisión. Y es que no queda otra que apelar al “sentido común” porque no hay material jurídico sobre la cual discernir. Y no hay ese material porque la jueza Eizmendi difundió un fallo pero no se sintió obligada a divulgar ni mucho menos explicar sus fundamentos. Todo queda entonces al arbitrio de la interpretación, particularmente atado a la emoción en este juicio oral.

La familia volvió a sus hogares con la explicación posible del Ministerio Público Fiscal, que nunca le servirá para disolver un dolor inenarrable. La acusación estatal ya no podrá hacer nada porque no puede apelar. Y al resto de los chubutenses les quedará el sabor de lo insuficiente o, peor aún, de lo injusto.

Por blindada que tenga la conciencia, puede que la jueza perciba las críticas como erradas y eso le cause una molestia personal, la sensación de que le “pegan” gratis o tantas reacciones similares.

No sería equilibrado perder de vista que a la misma Eizmendi no le tembló la mano para condenar femicidas, sextorsionadores y abusadores en Puerto Madryn. Por eso lo racional es creer que tuvo fundamentos importantes para su condena a March.

Especulaciones, creencias, inferencias. Es todo lo que tenemos cuando ignoramos los argumentos. En ocasiones se necesita que todos los operadores del Poder Judicial entiendan la necesidad de las explicaciones de sus decisiones más trascendentes, en esas donde se juega la libertad y los bienes de las personas. No es una conferencia de prensa por cada sentencia: es exponerse cuando la cosa es caliente y requiere auspiciar la calma cuando priman las reacciones. Así también se gana respeto.

Por ásperos que sean, los debates informados alimentan la educación cívica de los vecinos, mejoran la percepción sobre lo que sucede en tribunales y hacen crecer a las comunidades. Cuando tal cosa no sucede, prosperan las acusaciones infundadas, las sospechas, las ignorancias y las agresiones, especialmente en redes sociales.

Es mejor creer que en Tribunales prefieren la primera opción.