“Luz y Fuerza no participó en la confección del proyecto de la Empresa de Energía”

El secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, se refirió al proyecto de ley de la Empresa de Energía Chubut (EPECh), que el Gobierno provincial envió la semana pasada a la Legislatura y que sin muchas discusiones sería aprobado en la sesión de este jueves 24 de abril.

El líder gremial aclaró que la organización gremial no tuvo que ver con la redacción de este proyecto enviado por el gobernador Nacho Torres, y marcó las diferencias sustanciales con un proyecto anterior que nunca fue tratado por los diputados provinciales durante la anterior gestión provincial.

¿Tiene una opinión formada respecto del proyecto de ley para la creación de la Empresa Provincial de Energía?

En principio, me parece importante aclarar que nosotros como Sindicato no hemos participado en la confección del proyecto enviado a la Legislatura para ser tratada en el recinto, aparentemente el 24 de abril. No obstante, hemos hecho una primera lectura y tiene una gran similitud con el proyecto presentado a la Legislatura en el período de gobierno anterior. Así como señalo su parecido, advertimos las diferencias u omisiones, para ser más preciso, respecto de aquel.

¿En qué radicaría esa diferencia?

Por ejemplo, omitir a la soberanía energética y apelar a la gobernanza de la eficiencia energética como eje ideológico rector del proyecto. Es, a priori, un simple detalle de redacción, pero supone una diferencia sustancial en tanto declaración de principios políticos respecto a la gestión y al rol que la energía eléctrica ocupa en el modelo de desarrollo de un territorio, una provincia o una Nación.

Primero, la gobernanza de la eficiencia energética debería ser el resultado de la soberanía energética, desde donde se ordenarían los elementos sistémicos del sector energético para lograr la eficiencia, tanto en la oferta como en la demanda eléctrica en el marco de una política de desarrollo territorial. Liberar la gobernanza de la eficiencia energética a las fuerzas del mercado, por fuera de la idea de ordenadora de soberanía energética, implica la apertura del sistema eléctrico en todos sus elementos a diversos factores de podes extraterritoriales, que en función de sus capacidades relativas ordenarán el sistema en función de sus propios intereses y lejos de los intereses del pueblo de Chubut.

Hace varios años, desde nuestra organización sindical comenzamos a plantear la necesidad que la soberanía energética se convirtiese en una política de Estado. Si eso se contempla y se expresa concretamente en una ley, se proyecta una decisión muy fuerte porque establece una política energética que ordena mucho más que la manera que se reorganiza la prestación de un servicio público esencial como la energía eléctrica. El Estado chubutense, y me refiero al mismo con la mirada republicana de comprender qué rol o responsabilidad debe asumir cada poder que lo conforma, está en el momento crítico en el que puede establecer una posición soberana con respecto a un recurso que posee en abundancia y que tiene un enorme valor estratégico. Si lo hace en el marco del consenso político que permita formular una política de Estado para, por lo menos, los próximos cincuenta años, habremos capitalizado la experiencia como sociedad respecto de la gestión de sus capacidades.

¿Y si no lo hace?

Será funcional al establecimiento de un ciclo de extractivismo de sus recursos naturales renovables. Un neocolonialismo fundado sobre el “extractivismo verde”. Un Potosí de recursos renovables. La ley que se sancione debería ser potente y clara en ese sentido respecto que su fundamento esencial es la soberanía energética.

¿En qué basa entonces la importancia de que la empresa y el mercado eléctrico a crearse se hagan a partir del concepto de soberanía energética?

En el marco de la geopolítica actual, las cadenas de valor globales representan una fuente de poder político y de transferencia de riqueza muy importante. La energía eléctrica es uno de los grandes elementos de disputa a nivel mundial y, a su vez, los intereses que se la disputan, disputan a través de la gobernanza y dominio de las cadenas de valor, en término de apropiación de recursos naturales, desarrollos tecnológicos, flujos de capital y, en definitiva, flujo de ingresos y riquezas entre territorios y naciones.

La soberanía energética como eje ordenador pone un orden de prioridades para el establecimiento de una gobernanza de la eficiencia energética. Primero la Provincia en función de su demanda y oferta de energía, la cual se desarrolla y debe aportar a un proyecto nacional como un elemento estratégico, ordenando en el interior de sus dinámicas productivas a las capacidades tecnológicas, académicas, industriales locales y nacionales. Todo al servicio del desarrollo de la sociedad y no de los, muchas veces anónimos, intereses económicos.

En definitiva, si el fundamento es la soberanía energética comenzaremos claramente a corregir una anomalía histórica en la concepción de gestión de nuestros recursos naturales. Debemos darle prioridad al desarrollo de nuestro territorio. Necesitamos infraestructura a cada región del territorio. El ejemplo del petróleo es el espejo donde mirarnos. Después de casi 118 años le hemos dado al desarrollo de otros enormes recursos energéticos. Hoy, las empresas se marchan y sólo van a dejar enormes pasivos ambientales sin haber creado alternativas productivas ni fortalecido la infraestructura para el desarrollo. Presumimos de nuestras capacidades para la generación de energía eléctrica, pero tenemos al 85% del territorio de nuestra provincia desconectada del sistema nacional generando con motores a gasoil. No podemos repetir ese proceso.

¿Es una decisión crucial entonces?

Definitivamente. Como señalé antes, es un momento crítico que determinará el futuro de varias generaciones. Pensemos que luego de esto, e inmediatamente, deberán tratarse dos temas que confluyen con lo que se decida respecto de esta ley: se terminarán los abusivos beneficios que han tenido las empresas de generación eólica al caducar la ley de promoción de las mismas, y se vence la concesión de la represa hidroeléctrica Futaleufú, como así también el contrato de provisión de energía eléctrica de esa represa a la empresa Aluar. Son temas de una importancia enorme, que se agigantan teniendo en cuenta la realidad de la explotación petrolera en la cuenca del golfo San Jorge y la política de entrega de soberanía del Gobierno nacional.

Si la ley se sanciona omitiendo su sostén fundante en la soberanía energética, será una señal clara de lo que vendrá.